Las fotografías del satélite elevan a más de 15.000 las casas ilegales de Orihuela

Pocos meses después de llegar al poder en junio de 2011, el nuevo Gobierno de Orihuela, un tripartito formado por Los Verdes, el PSPV y el Centro Liberal Renovador, cifró en 8.000 las viviendas ilegales que sembraban su territorio municipal. La cantidad se fue a 12.000 la primavera pasada y, rendida a la evidencia de la comprobación aérea mediante el uso de las fotografías realizadas desde un satélite, la concejal socialista de Planificación y Proyectos, Antonia Moreno, ha elevado ahora la cifra más allá de las 15.000.

Aunque la empresa de cartografía contratada por el Consistorio para ejecutar las ortofotografías del término municipal oriolano —de 365,44 kilómetros cuadrados, el cuarto más grande de España— para escrutarlo “palmo a palmo” antes de proceder a la revisión de su Plan General apenas ha entregado un tercio del trabajo (450 imágenes), la edil asegura que la realidad superará “en miles de nuevas irregularidades la cifra que teníamos calculada a partir de la documentación existente en el Ayuntamiento”.

“Tanto es así que la parte del planeamiento que hay colgada en la web municipal ha recibido advertencias de particulares señalando que en solares supuestamente libres hay edificaciones desde hace años” de las que no hay constancia catastral.

Moreno hurgó en el asunto con un amplio abanico de pruebas fotográficas aéreas que comparaban el mismo suelo en 2005 y la actualidad. Las imágenes demuestran cómo en una misma parcela rústica se ha construido un chalé, un almacén y hasta un circuito de karting o la realidad de que en una parcela que en el catastro figura como “suelo sin edificar” se han levantado cuatro torres de ocho alturas que suman más de 100 viviendas.

El Ayuntamiento de Orihuela espera  recaudar cuatro millones de euros al regular el  IBI de estas viviendas

El resultado del trabajo fotográfico contratado por el Ayuntamiento servirá para completar un informe que será trasladado a la fiscalía, según reveló la concejal de Planificación. Moreno confirmó que en 25 años de sucesivos Gobiernos del PP, en la ciudad nunca se ha completado un solo expediente de infracción urbanística hasta su finalización, es decir, la demolición de la vivienda ilegal. Este proceder ha conllevado que muchas de esas infracciones hayan prescrito, al haber transcurrido más de cuatro años desde que se detectaron.

Además, la edil resaltó que en unos casos se cobraba la multa por la infracción, pero en otros, no, y acusó al PP de haber utilizado el urbanismo en Orihuela para expandir el clientelismo político. “¿A qué nos hemos dedicado? ¿Por qué no ha habido una sola orden de demolición en 25 años? ¿Por qué nuca ha pasado nada?”, se preguntó.

La otra vertiente del trabajo es que el Ayuntamiento podrá exigir cuando complete el censo de viviendas ilegales el pago del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de los últimos cuatro años a todos los infractores. Un primer cálculo advierte de que la cifra podría superar los cuatro millones, dinero que el Consistorio ha dejado de ingresar. “Hay casas, por ejemplo, en Orihuela Costa que deberían pagar más de 800 euros de IBI y no lo hacen simplemente porque no están localizadas”, lo que llevó a Moreno a afirmar que “ciudadanos que viven en primera línea de playa no pagan nada y se aprovechan de los servicios que están financiando quienes sí pagan sus impuestos”.

Por eso, en cuanto se concluya el trabajo, el Gobierno local prevé instalar una oficina en el centro de la localidad para que los propietarios afectados por alguna de las tipologías de infracción urbanística regularicen voluntariamente la situación de sus viviendas. Este plan forma parte de una especie de ley de punto final al urbanismo salvaje que ha infectado Orihuela. El proceso está pactado con el Consell, que actualmente está inmerso en el proceso de modificación y reordenación de todo el corpus legislativo urbanístico valenciano.

El protocolo de actuación consensuado con la Consejería de Territorio para incorporar estas miles de casas al futuro Plan General incluye la aplicación de la tolerancia cero con los nuevos infractores. Moreno advirtió de que entre los cambios previstos por la Administración figura alargar hasta los 15 años el periodo de prescripción de las ilegalidades, lo que la llevó incluso a rogar a los propietarios de suelo rústico en Orihuela que desistan de seguir edificando sin licencia, so pena de verse abocados a la restauración de la legalidad. Esto implica, además de una sanción de entre 600 y 3.000 euros, la demolición del inmueble.

Pero este problema no es privativo de Orihuela. En 2006, el Consell decidió intervenir la gestión urbanística del Ayuntamiento de Catral, en cuyo término municipal dijo haber detectado 1.200 viviendas ilegales en suelo no urbanizable. Si bien aquella fue una decisión política contra un municipio con alcalde socialista apenas una semana después de que el entonces secretario general del PSPV, Ignasi Pla, presentara una moción de censura en las Cortes contra el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, puso al descubierto la realidad de una comarca en la que la Asociación Europea de Consumidores y Usuarios (AECU) de Urbanismo cifra en entre un 5% y un 15% las casas ilegales que pueblan los 27 municipios de La Vega Baja, según dijo su presidente, Honorio Fernández. La mayoría se han levantado en suelo no urbanizable sin cumplir la ley, pero otras se ubican en pleno casco urbano. Moreno confirmó que una gran parte de las infracciones están en Orihuela Costa.

Otra de las consecuencias que producirá el hallazgo es que se retrasará la conclusión del nuevo Plan General, en trámite desde hace años, que prevé ampliar en 1,5 millones de metros el suelo urbanizable del municipio.