¿Nucleares del mar? Sí, gracias

La beligerancia del PP valenciano contra las desaladoras hace agua. La oposición pública de los populares durante los últimos gobiernos socialistas contra estas infraestructuras impulsadas como alternativa al derogado trasvase del Ebro contrasta cada vez con más claridad con su aceptación real, ante la evidencia del déficit hídrico estructural que sufre sobre todo el sur de la Comunidad Valenciana y que este verano ha agudizado la sequía. Con estos mimbres, las “centrales nucleares del mar” como las definió el entonces consejero de Territorio, Esteban González Pons, han salvado este verano el suministro hídrico a Alicante. Las desaladoras Alicante I y Alicante II han funcionado desde julio al 100% para paliar una avería en el trasvase Tajo-Segura (un hundimiento impide transportar agua a varias potabilizadoras de la Mancomunidad de Canales del Taibilla) y la sequía.

Sin las desaladoras “probablemente habría habido problemas de suministro; han sido una buena solución”, explicaba el lunes en este periódico el delegado del Gobierno en la Mancomunidad de Canales del Taibilla, Adolfo Gallardo, en referencia a las desaladoras de San Pedro del Pinatar I y II y a Alicante I y II. Las instalaciones han cubierto el abastecimiento de tres millones de personas en la provincia de Alicante y de Murcia y en meses donde muchos municipios disparan su población por la llegada de turistas.

Lejos quedan las contundentes declaraciones de distintos dirigentes del PP valenciano contra la desalación. La lista es larga. En agosto de 2007, por ejemplo, el entonces portavoz del PP valenciano, David Serra, aseguró en respuesta al dato de que las desaladoras abastecían ya a 320.000 alicantinos: “No queremos agua desalada ni regalada”.

Tres años más tarde, en noviembre de 2010, el entonces consejero de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, Juan Cotino, actual presidente de las Cortes Valencianas, anticipó la voluntad del Consell de solicitar al Gobierno socialista que el dinero previsto en los Presupuestos Generales del Estado lo destinara a la terminación de otras obras hídricas de modernización, reutilización y prevención de inundaciones.

“No queremos agua desalada ni regalada”, llegó a decir David Serra

Pero las palabras también se acompañaron de hechos. En marzo de 2007, el Consell bloqueó el acceso de los camiones a la desaladora de Torrevieja, proyectada como la mayor de Europa y que aunque debía esta terminada a finales de 2008 todavía no está en funcionamiento. Poco después ordenó la paralización de los trabajos en la zona por un supuesto impacto negativo en el parque de las Salinas. El conflicto terminó dirimiéndose ante el Tribunal Constitucional, que se pronunció contra la iniciativa del ejecutivo que entonces presidía Francisco Camps.

No fue hasta noviembre del año pasado, ya con el PP en el Gobierno, cuando el Consell de Alberto Fabra otorgó los últimos permisos necesarios para concluir esta desaladora, con capacidad para producir 80 hectómetros cúbicos de agua al año y en la que se han invertido 300 millones de euros.

El PP valenciano ha sido el que más ha tardado en dar su brazo a torcer, en unos años, por otra parte, sin sequía. Hasta el vecino y aliado natural de Camps, Ramón Luis Valcárcel, presidente de la Región de Murcia, se desmarcó a finales de 2007 de la unidad de criterio exhibida hasta entonces y optó por una política más pragmática ante su evidente déficit hídrico. Esta diferencia de criterios se evidenció cuando dos altos cargos del Gobierno murciano acompañaron a una delegación europea en su visita a la desaladora de Torrevieja. El Gobierno murciano, dijo uno de sus directivos, “está siempre a favor de todo aquello que sean recursos de agua para la región”.