El Congreso, ‘sitiado’ por vacaciones

Algunas calles próximas al Congreso de los Diputados recuerdan a una ciudad sitiada. Las vías que desembocan en la Cámara baja están llenas de vallas metálicas de unos dos metros de alto y de agentes de la unidad de intervención policial (UIP, los antidisturbios) que protegen la zona. Vecinos y comerciantes se quejan de los graves perjuicios que están sufriendo desde que el Congreso se convirtiera en objetivo de las protestas contra los recortes del Gobierno de Rajoy.

La policía ha llegado a poner hasta tres líneas de vallas para impedir que los asistentes a manifestaciones accedieran al Congreso. Eso fue en julio, esas protestas han quedado atrás. Al menos hasta que llegue septiembre, cuando está previsto que se reanuden las movilizaciones. Hay convocadas ya dos protestas para los días 15 y 25.

Pese a que en agosto parece que ha vuelto la tranquilidad, las vallas permanecen colocadas en los laterales de las calles. Esto obliga a que los peatones tengan que salirse de la acera y deambular por la calzada para esquivarlas. “Me parece intolerable, antiestético e inaceptable que nos tengan el barrio así. Me siento como si estuviera en un gueto. Esto me recuerda más a una dictadura que a un país democrático”, critica Andrea Mayir Otero, vecina de la calle de San Agustín desde hace 22 años. Ella es una de las afectadas que a menudo tiene que mostrar su DNI para poder acceder a su casa. “Me parece horroroso lo que vamos a tener que sufrir otra vez en septiembre. Encima con el helicóptero sobrevolando la zona toda la noche”, añade esta mujer de 65 años.

Más dificultades padecen los vecinos cuya dirección no está actualizada en su DNI. Algunos tienen que salir hasta con recibos en los que figure su actual residencia para poder acceder a sus viviendas. “Cuando se nos olvida, tenemos que dar rodeos impresionantes hasta que logramos entrar por algún filtro”, cuenta otra vecina. “¿Es lógico que nos tengan las calles así cuando ahora está todo tranquilo? ¿No se podían llevar las vallas y traerlas más adelante si fueran necesarias?”.

Jaime Rodríguez, escritor y director de la revista literaria Quimera, relata en una carta a este periódico un episodio que le tocó vivir al volver de una manifestación con su hija pequeña, cuando intentó acceder a su casa en la calle del Marqués de Cubas. Le pidieron la documentación. “El policía la revisa y hace amago de abrir la valla”, relata. “Mi hija Lena bosteza, se muere de sueño. Luego el policía nos cierra, a Lena y a mí, la barricada en la cara. Entonces me dice que tengo que tirar la pancarta. En ese momento miro a Lena: lleva una pancarta que ha hecho ella misma, con letras de colores, que dice: ‘Protestamos, los niños contraatacan’. Lena llora y me dice que no quiere tirar su pancarta. Le ha costado mucho trabajo hacerla. Le digo que no la vamos a tirar. Lena está asustada, así que cojo la pancarta, le saco el palo y lo tiro a un lado y doblo el cartón en dos. Y le grito al policía. Le digo si no es capaz de razonar un poquito. Hablan entre ellos un rato y finalmente me abren la barricada, Lena y yo con la pancarta doblada, y nos escoltan hasta la puerta de casa”.

Los comerciantes de la zona también se quejan y algunos aseguran que ha afectado a sus ventas. La floristería El Jardín, en la calle del Duque de Medinaceli, se encuentra en un semisótano y las vallas le cortan justo la entrada a su local. Su dueña, María Isabel de Taramona, dice que está teniendo problemas para que los proveedores y su propio repartidor puedan acceder a la calle. “Muchos han dejado de servirme porque tienen que dejar los camiones muy lejos”, asegura. Su vecino de acera, la taberna El Rincón de José, también lo nota. “Los clientes no entran si ven que está todo lleno de vallas”, protesta Montse, una de las trabajadoras.

Una portavoz del Ministerio del Interior afirmó ayer que el operativo en el Congreso de los Diputados se va a mantener con carácter indefinido. La razón es que consideran que todavía no ha disminuido el riesgo de que pueda haber alguna acción contra la Cámara baja, por lo que es necesario, según su criterio, el despliegue de los agentes. La citada portavoz lamenta las molestias que se causan a los vecinos de la zona, pero mantiene que la labor del Ministerio del Interior es “proteger el Congreso de cualquier intento de ataque”. “Cuando los agentes de Información y de Seguridad Ciudadana informen al ministerio que se ha reducido o eliminado el nivel de riesgo, se eliminará toda la protección adicional del Congreso. Mientras tanto no hay nada que hacer”, afirma la portavoz, que explica que los policías siguen sus propios criterios para pedir o no el carné a los residentes.

Algunos grupos políticos criticaron en julio el blindaje de la Cámara baja y pidieron que se eliminaran las vallas para evitar problemas a los vecinos y para no dar una imagen de Estado policial y represivo. A la cabeza de ellos estuvo Izquierda Unida y su portavoz Cayo Lara. La policía sostuvo entonces que no querían imágenes parecidas a las de Atenas con un Parlamento sitiado por manifestantes y con continuas cargas para evitar su asalto.