El PP da un paso atrás y se ofrece a negociar el nuevo reparto de escaños

El tumultuoso cruce de acusaciones y reproches desatado por la intención de Alberto Núñez Feijóo de cambiar la ley electoral en beneficio de las provincias donde su partido recoge históricamente más votos ha provocado que ayer el PP escenificase un paso atrás. Su diputada Marta Rodríguez Arias compareció ante la prensa, y aunque el motivo de la convocatoria era criticar la propuesta socialista de reforma del Estatuto en 2010, acabó abriendo la puerta a una negociación sobre el quid de la cuestión: acordar con Bloque y PSdeG una fórmula que, aun rebajando el número de escaños, mantenga la actual representatividad por circunscripciones.

El plan que los populares entregaron a los partidos de la oposición implica reducir el número de asientos en O Hórreo de 75 a 61. Pero el núcleo de la proposición, la razón de que Lugo y Ourense acaben sobrerrepresentadas, reside en el mecanismo de asignación de escaños. En la actualidad, la norma recoge que cada provincia recibe, automáticamente, diez diputados. Los 35 restantes se reparten de acuerdo a un coeficiente derivado de dividir población y votantes. Con la operación del PP, la base de diez escaños provinciales permanecería intacta, pero los variables bajarían a 21. Aplicado a los resultados de las últimas elecciones autonómicas, las de 2009, la ventaja de Feijóo pasaría de uno a tres escaños.

Ayer, Rodríguez Arias se aferró al argumentario popular de que, incluso con la ley reformada según pretende el PP, “el bipartito habría ganado en 2005 y Feijóo en 2009”. La diferencia respecto a declaraciones anteriores de miembros de su partido reside en el pero que añadió a la secuencia. “Pero por supuesto que estamos dispuestos a estudiar las fórmulas que los distintos grupos estimen oportunas y a hablar sobre la representatividad”, aseguró, “estamos abiertos a modificar nuestra propuesta siempre que se mantenga la reducción de escaños y la reducción de salarios”. A este significativo movimiento de los populares contribuyó, tal vez, la contundente negativa de socialistas y nacionalistas a entrar siquiera a discutir una propuesta que han calificado de “pucherazo”, “amaño” o “golpe de Estado electoral”.

“Estudiaremos las fórmulas que los grupos estimen oportunas”, aduce

No fue esta la única novedad aportada por Rodríguez Arias al debate sobre la Cámara. También deslizó el calendario manejado por el PP, al que le bastarían sus 38 diputados para sacar adelante las modificaciones de la ley electoral. “Todavía no hemos registrado la propuesta”, respondió a preguntas de los periodistas, “porque intentaremos iniciar un rueda de contactos durante septiembre; de momento, solo hay una proposición sobre la mesa, la nuestra”. La diputada de la derecha estimó que un mes será suficiente tiempo para discutir. A partir de ahí, la entrada en el Parlamento, con o sin apoyo. “Nuestra voluntad es que se apruebe por unanimidad”, afirmó. Eso sí, avisó, los populares quieren un Hórreo con 61 sillones ya en la próxima legislatura. Con los plazos que ayer desveló Rodríguez Arias, las elecciones no podrán ser antes de finales de noviembre. El presidente de la Xunta, que posee la facultad de disolver el Parlamento y llamar a las urnas, debe hacerlo con, por lo menos, 54 días de antelación. Por lo tanto, con los plazos manejados, Feijóo apenas podría anticipar los comicios tres meses sobre su fecha límite, a primeros de marzo de 2013.

La diputada también recordó que, para su partido, la reducción de escaños resulta irrenunciable. “Rebajar el coste es importante”, argumentó, antes de invocar las presuntas preferencias “de la sociedad”: “Pero la sociedad lo que está reclamando, el run-run de la calle, es reducir el número de políticos, reducir el número de diputados”. A partir de esta particular interpretación del latido social fue que Rodríguez Arias “reveló” un documento registrado por el PSdeG en el Parlamento el 27 de septiembre de 2010 y que, según ella, demuestra que los socialistas “aspiran a hacer aumentar el número de diputados”. “Se trata de una muestra más de los intereses oscuros de los socialistas”, adujo, “y queremos una explicación”. En realidad, los papeles eran una proposición de ley para reformar el Estatuto de Autonomía defendida por Pachi Vázquez. Y en ella incluían la ampliación de las posibilidades del arco parlamentario, del eje 60-75 diputados actual a otro entre 60 y 85.