Un tribunal obliga a un hombre a dejar de vivir con sus padres

Forma parte de la bautizada Generación Ni-Ni: ni estudia ni trabaja. Pero, a partir de ahora, tendrá que dejar de vivir de sus padres. Un joven malagueño de 26 años, cuyas iniciales responden a J. M. J. A., deberá abandonar la casa de sus progenitores después de que la Audiencia Provincial de Málaga haya ratificado la sentencia dictada por un juez el año pasado que liberaba a los padres, a los que agredió física y verbalmente, de la obligación de mantener al chico.

Como argumentos, el tribunal asegura que no se puede obligar a los progenitores a mantener a un hijo cuando ya es mayor de edad y éste muestra “desidia y falta de aplicación en sus estudios” y es que el chico, matriculado en Derecho desde 2007, solo había aprobado tres asignaturas del primer curso. En respuesta, el joven argumentaba que su retraso académico se debía a que, algún año, sus padres no pudieron hacer frente al pago de la matrícula universitaria.

A pesar de que el joven no trabaja, en la sentencia se resalta que el chico posee conocimientos y habilidades en un sector tan especializado como la inversión en bolsa que le ha reportado beneficios en diferentes operaciones bursátiles.

Deterioro familiar

En la sentencia se recuerda que la agresión a sus padres, acreditada durante un interrogatorio a su madre y a su hermano, ha propiciado “un absoluto deterioro de las relaciones familiares”. “Es inexistente cualquier afecto entre ellos [padres e hijo] y la convivencia se desarrolla en un clima de tensión y de conflictividad impropio de cualquier relación parental”, se detalla en la resolución.

Según el texto, el juez deniega también la pensión de 400 euros hasta la finalización de los estudios universitarios que había solicitado el chico como alternativa. Sin embargo, confirma el pago de 200 euros mensuales durante dos años que serán transferidos a la cuenta bancaria que el chico designe. Asimismo, en el auto se recuerda que, durante este tiempo, los padres han ido pagando los 235 euros de la letra del coche que le compraron al joven.

El chico, según la sentencia de 2011, tenía un plazo de un mes para abandonar el domicilio familiar. Al no estar de acuerdo con la resolución, pidió a la Audiencia de Málaga que la revocara y le permitiera seguir viviendo con sus padres.