La Junta forma a policías como mediadores para desatascar los juzgados

El consejero andaluz de Justicia, Emilio de Llera, desea impulsar la mediación a cargo de policías, funcionarios municipales y jueces de paz como una forma de “pacificar la vida ciudadana” y para desatascar los juzgados.

En una entrevista, De Llera explicó que los juicios de faltas son en su mayoría “producto de una mala gestión del conflicto”, por lo que, si intervienen en ellos, “personas con cierta formación en mediación, como policías o funcionarios municipales, podrían resolverlos sin derivarlos al juez de instrucción".

La Junta ya ha empezado a dar formación en ese sentido a policías locales porque “el momento de mediar” es cuando ellos intervienen, nada más producirse el conflicto, de forma que, si entonces se consigue el acuerdo entre las partes, “no tendrían ni que hacer atestado, sino solo dar cuenta de la conformidad” y no haría falta llegar a juicio.

El consejero ha explicado que “una resolución judicial es una decisión impuesta a las partes, y a la que pierde no le satisface nada”, lo que contribuye a la mala imagen de la Justicia. La ventaja de la mediación es que la solución “la crean, la generan y la aceptan las dos partes, por lo que es más satisfactoria”. “A ello se suma que es más rápida, porque no exige el proceso garantista que se necesita para llegar a una sentencia” y la consecuencia es que “da celeridad y disminuye la litigiosidad” que atasca los tribunales, según el consejero.

De Llera también informó de que su Consejería prepara una regulación legal de los Puntos de Encuentro Familiar (PEF) para que estén atendidos por “personal adecuado” y para que solo lleguen a ellos los asuntos “realmente conflictivos”.

Los PEF no están regulados en la actualidad por ninguna norma andaluza o estatal. El objetivo de la regulación es “establecer las condiciones mínimas que deben reunir, que estén atendidos por personal adecuado y cumplan las funciones que realmente piden los ciudadanos”, afirmó De Llera.

Los PEF están pensados como un lugar de encuentro de los hijos y sus padres en situaciones especiales como divorcios o ruptura de la convivencia familiar. En Andalucía existen diez: uno por provincia junto a los de Algeciras y Marbella (Málaga).

De Llera, que hasta su nombramiento en mayo pasado era fiscal coordinador de la Audiencia de Sevilla, ha dicho que otro de sus objetivos es ofrecer en Andalucía una Justicia “lo más eficaz posible”.

A diferencia de la Sanidad o la Educación, que pueden ser prestadas por el sector privado, en la Justicia “solo existe la pública y el ciudadano no tiene alternativas, esa es la única garantía de sus derechos fundamentales y libertades”.

De Llera reconoció que los jueces se quejan, “y con razón”, de la carga de trabajo que tienen, pero igual están los fiscales, funcionarios, secretarios y los abogados.

Uno de los cambios que ha introducido en la Consejería es la denominación de la Dirección General de la Oficina Judicial, que ahora abarca también a la Oficina Fiscal “para garantizar la efectividad de la comunicación entre los órganos judiciales”.

De Llera desea llegar a una "gestión moderna de los tribunales", que rompa con el anterior esquema de asignación de los funcionarios a los órganos ya que uno de los problemas del retraso "es que los funcionarios están demasiado compartimentados".