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La Cámara de Pontevedra rechaza que la plantilla trabaje horas gratis

Tras el conflicto subyace la amenaza de recortes por la delicada situación de las Cámaras

María Fernández

El pasado 1 de junio entraba en vigor el horario de verano, con jornada intensiva, en la Cámara de Comercio de Pontevedra. Para la institución significa cerrar por las tardes al público excepto para los cursos que tienen jornada partida. Ante la situación que viven en el organismo, amenazado por la falta de recaudación tras la supresión de la cuota obligatoria que pagaban las empresas, un grupo de trabajadores decidió hacer un esfuerzo y ofrecerse a trabajar gratis y mantener el edificio abierto. “Hemos tomado la determinación de continuar prestando nuestros servicios en el horario habitual de apertura por la tarde, de 16 a 18 horas”, informaron en una carta dirigida a Manuel Gómez Rivera, el presidente en funciones. “Es para ofrecer el mejor servicio y la mayor disponibilidad a las empresas pertenecientes a la demarcación”, insistían los cinco empleados que firmaron la misiva.

Para su sorpresa, en una carta firmada el 12 de junio, el presidente, previo informe de la Secretaría General, les instó a “cumplir con el horario pactado en convenio colectivo”. “Corresponde a esta empresa la organización del trabajo, existiendo, a pesar de la situación actual, razones suficientes y fundadas para el mantenimiento del horario que siempre se ha prestado”, argumenta la Cámara. Para el presidente, la medida tomada de forma unilateral por un grupo de trabajadores “no supone una mejora de la eficiencia, ya que el sistema de apertura por la tarde a turnos no garantiza la calidad del servicio”. Para reforzar su posición, el empresario apeló incluso al Estatuto de los Trabajadores.

Lo más curioso del asunto es que después de valorar positivamente el gesto, Gómez Rivera advierte a la plantilla de que “el incumplimiento del horario o la ocupación de las instalaciones en horario distinto podría considerarse como una desobediencia grave y frontal que podrá ser objeto de la más rigurosa sanción disciplinaria que en derecho quema”.

Para los trabajadores, que el presidente del organismo rechace una oferta semejante con el argumento de que “no mejora la eficiencia” es, a todas luces, chocante, sobre todo viniendo de un empresario. Lo que subyace es un conflicto ante la amenaza de que la Cámara recorte su plantilla apelando a una caída de la demanda de servicios.

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Sobre la firma

María Fernández
Redactora del diario EL PAÍS desde 2008. Ha trabajado en la delegación de Galicia, en Nacional y actualmente en la sección de Economía, dentro del suplemento NEGOCIOS. Ha sido durante cinco años profesora de narrativas digitales del Máster que imparte el periódico en colaboración con la UAM y tiene formación de posgrado en economía.

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