Moción de censura general

En el sondeo dado a conocer el pasado domingo en El Periódico de Cataluña se apunta por primera vez desde el 20-N la potencial pérdida de la mayoría absoluta por parte del PP. A pesar de que el PP desciende de manera significativa, continúa siendo, con diferencia, el primer partido en la preferencia ciudadana, ya que el PSOE permanece estancado en el muy pobre resultado que obtuvo en las últimas generales. El sondeo arroja aumentos significativos para IU y UPyD, un pequeño descenso en el voto nacionalista catalán y estabilidad en el voto nacionalista vasco.

Ganan, pues, quienes no gobiernan ni tienen posibilidad de gobernar y pierden quienes gobiernan o han gobernado en el pasado inmediato. El resultado del sondeo expresa una suerte de moción de censura general por parte de la ciudadanía hacia todo el sistema político. Viene a expresar en cifras lo que el Defensor del Pueblo andaluz le dijo a los parlamentarios de nuestra comunidad hace unos días. Los ciudadanos están hasta el gorro de todos.

No nos encontramos, pues, ante una una moción de censura constructiva, como la que prevén la Constitución y los Estatutos de Autonomía, sino ante una moción de censura destructiva, en la que no se prefigura ninguna alternativa. La desconfianza ante cualquier opción de Gobierno es enorme.

Desde la recuperación de la democracia con la transición nunca nos hemos encontrado en una situación como esta. Nunca hemos asistido a una ausencia de prestigio de la acción del Estado, en todos los escalones de nuestra fórmula de gobierno, estatal, autonómico y municipal, semejante a la que estamos viviendo. Ausencia de prestigio que se extiende incluso a las instituciones no legitimadas democráticamente de manera directa como la Jefatura del Estado, el Tribunal Constitucional, el Poder Judicial, el Banco de España o la Iglesia. Nadie escapa a esta crisis de credibilidad.

La crisis de credibilidad política e institucional es de naturaleza más dañina que la crisis económica. Si una sociedad es capaz de generar en su seno una respuesta ante una situación de crisis económica y legitimarla democráticamente, de la crisis se sale e incluso con mayor fortaleza que la que se tenía antes de sufrirla. Esto ha ocurrido de manera reiterada en los más diversos países en las circunstancias más distintas. También en el nuestro. Siempre que el sistema político del país opera razonablemente con legitimidad democrática, se acaba encontrando la salida. Cuando no es así, la magnitud de la catástrofe puede ser extraordinaria.

Y en esas estamos. En las elecciones generales del 20-N del año pasado y en las autonómicas y municipales del mes de mayo, los ciudadanos españoles emitieron un voto de censura al PSOE y dieron un gran voto de confianza al PP bajo la dirección de Mariano Rajoy. El depósito de confianza ciudadana del PP en esta legislatura únicamente es comparable al que recibió el PSOE bajo la dirección de Felipe González en las elecciones generales de 1982 y en las municipales y autonómicas de 1983. En la historia de la democracia española han sido, con gran diferencia, los dos mayores momentos de acumulación de poder .

El problema es que no han transcurrido más que siete meses desde el 20-N y de la votación ciudadana queda la censura al PSOE pero ha desaparecido la confianza en el PP. Los ciudadanos siguen estando de acuerdo con lo que el actual presidente del Gobierno dijo sobre el presidente del Gobierno anterior, pero están en un desacuerdo casi completo con lo que el actual presidente les ha venido proponiendo.

El voto de confianza del 20-N se está transformando a una velocidad extraordinaria en una moción de censura. Sobre esto es sobre lo que tiene que reflexionar el PP. El Gobierno no tiene un problema con la oposición del PSOE. Lo tiene consigo mismo y, sobre todo, con la sociedad española que está empezando a retirarle la confianza con tanta velocidad que es más que probable que la pérdida sea irrecuperable.