Menos escaños… ¿Menor representatividad?

La propuesta de la Presidenta de la Comunidad de Madrid de reducir a la mitad el número de escaños de la Asamblea de dicha Comunidad, que pasaría a tener 65 escaños (en vez de los 129 que tiene hoy) ha despertado un curioso debate, que ha contribuido a ocultar otras medidas de recortes aprobadas y que afectan a ámbitos acaso menos llamativos, pero probablemente de mayor calado. Y esto es así quizá por la simpatía que la medida despierta en una ciudadanía que siente que los partidos y la clase política son, desde 2008, el tercer problema que tiene España, de acuerdo con los barómetros que hace públicos mensualmente el CIS. Los españoles verían con buenos ojos una reducción del número de parlamentarios cuyo trabajo y actividades cotidianos suelen ser, generalmente, desconocidos para la mayor parte de la población. Y esos sentimientos no parecen ser distintos entre los ciudadanos de la Comunidad Valenciana.

Si las Corts Valencianes vieran reducido a la mitad su número de escaños (de los 99 actuales a 50) probablemente un alto número de ciudadanos aplaudiera la medida, como una iniciativa de ahorro de gasto público aceptable e, incluso, positiva, ya que la partida presupuestaria dedicada a abonar los sueldos de 99 diputados y diputadas no se percibe plenamente justificada. Se hace necesario recordar que gran parte de los valencianos desconocen en qué ocupan, realmente, el tiempo sus representantes autonómicos. No obstante, la clase política es percibida como un grupo (acaso cabría hablar de elite) que defiende prioritariamente sus intereses y los de sus partidos, en vez de los de aquellos a los que dicen representar. En contra de esa reducción del número de escaños se aducen razones que tienen que ver con la representatividad y el pluralismo, que apuntarían a la adecuada presencia de plurales fuerzas en la Cámara autonómica, así como la importancia de atender adecuadamente a las distintas necesidades y demandas que la gestión de los asuntos públicos demanda.

No hay una regla de oro para establecer el tamaño (número de escaños) de un parlamento. Los expertos han considerado que un tamaño “adecuado” para un parlamento vendría a ser el de la raíz cúbica del número de electores a los que representa. Así, el Congreso de los Diputados tendría un número de escaños “adecuado”, en tanto alcanza casi esa ratio. Los parlamentos autonómicos son, como las asambleas regionales de otros países, bastante mayores que lo que esa regla implicaría, si bien se registran ratios muy diferentes. Desde los 7.334 electores por escaño del Parlamento de La Rioja, hasta los 58.648 en Andalucía. Con los 99 escaños que tienen hoy las Corts Valencianes, la ratio es de 35.855 electores por escaño. Y no parece que los ciudadanos de La Rioja se sientan por ello mucho mejor representados que los de la Comunidad Valenciana o que los de Andalucía.

El PP lograría 28 de los 50 escaños; el PSPV, 16; Compromís, cuatro; y Esquerra Unida, dos

La representación es un fenómeno complejo que tiene, como hace años apuntara Hannah Pitkin, plurales dimensiones: la formal (reglas y procedimientos para la elección de los representantes); la descriptiva (en función de la medida en la que las características de los representantes reproducen las de los representados, de forma que éstos se identifiquen con aquéllos); la sustantiva (en atención a las políticas que quienes ocupan los escaños defienden y acuerdan o discuten); y la simbólica (por la representatividad que la institución y sus ocupantes son capaces de generar). Que una institución representativa sea capaz de reproducir el pluralismo social puede ser, probablemente, importante para los ciudadanos que la eligen. Las Corts Valencianes albergan hoy a cuatro grupos políticos distintos, que comparten de forma desigual, en función de las preferencias de los electores, sus escaños. Es cierto que el sistema electoral puede tamizar esas preferencias, si bien los sistemas electorales autonómicos suelen ser considerablemente proporcionales, más que lo que lo es el utilizado para la elección del Congreso de los Diputados (debido, especialmente, al elevado número de escaños que se eligen en cada circunscripción en las elecciones autonómicas).

Si se aplicaran los resultados cosechados por cada formación en las elecciones de mayo de 2011 a unas Corts de 50 escaños los resultados no serían, proporcionalmente, muy diferentes (eligiéndose 12 escaños en Castellón –en vez de los 24 actuales--, 20 en Valencia –en lugar de los 40 que hoy tiene atribuidos—, y 18 en Alicante –frente a los 35 que hoy la representan--): el PP lograría 28 de los 50 escaños, el 56,0%, (frente al 55,6% que hoy tiene); el PSPV conseguiría 16, el 32,0% (frente al 33,3% de hoy); la coalición Bloc-Iniciativa Verds-Compromís alcanzaría cuatro, el 8,0% de los 50 escaños (en vez del 6,1% que tiene ahora); y EUPV quedaría con dos, un 4,0% (en lugar del 5,1% del que goza en la actualidad). Las diferencias con la composición actual de la Cámara, en términos porcentuales, no serían significativas (más allá de que esta última formación quedaría sin representación en Castellón).

Es cierto que todavía hay un buen número de entidades públicas que las comunidades autónomas han reproducido en su propio diseño institucional (en el ejercicio del autogobierno que la Constitución les garantiza), y que acaso podrían suprimirse o fusionarse con las de otras comunidades autónomas, sin grave menoscabo ni quebranto para la buena prestación de servicios para los ciudadanos. Los parlamentos y los parlamentarios desarrollan un gran número de funciones, actividades e iniciativas que no siempre son conocidas por los ciudadanos. Suelen ser, por ello, el blanco fácil de sus críticas y reproches apresurados en tiempos de crisis y apreturas económicas. Acaso sería edificante que los parlamentarios y parlamentarias dieran a conocer y explicaran mejor a sus electores por qué son necesarios y qué justifica su número. Mientras no acierten a hacerlo, las propuestas de reducir su número seguirán gozando, probablemente, de una rápida anuencia –acaso aplauso– entre unos ciudadanos que siguen desconfiando de su clase política profesionalizada.

Pablo Oñate es catedrático de Ciencia Política y de la Administración de la Universitat de València.