Los acreedores de Barreras aceptan perdonar el 80% de la deuda al astillero

Siguiendo el ejemplo de Vulcano, la mayoría de los acreedores del astillero Hijos de J. Barreras (medianas y pequeñas empresas del sector del metal) admitieron ayer que aceptarán una quita sobre el 80% de la deuda y el pago del 20% en cuatro años. La mejora de este último acuerdo sobre la primera propuesta —de aceptar una quita del 95% y pagar el resto en un plazo de 15 años— es considerable, aunque no deja de ser un golpe enorme para las cuentas de las empresas auxiliares. En números redondos, aceptarían no cobrar 60 millones facturados al constructor naval durante los años de bonanza.

 Cárlos Pérez Bouzada, el abogado de la plataforma que agupa a los acreedores, matizó que el apoyo está “condicionado” a que la Xunta, los trabajadores y el Ayuntamiento de Vigo den también su respaldo.

Y aquí llega la letra pequeña. Sobre la Xunta, el portavoz de la plataforma recordó que Barreras espera un respaldo financiero. A los trabajadores se les exige un plan de reducción de plantilla y sueldos (Barreras tenía al inicio de la crisis un centenar de personas en nómina). En cuanto al Ayuntamiento de Vigo, Bouzada reconoce que una de las patas del citado proyecto incluye la recalificación de unos terrenos de varios miles de metros cuadrados que actualmente no está utilizando el astillero y que tienen uso industrial. En su día, el Ayuntamiento y los propios trabajadores descartaron esta posibilidad tachándola de “pelotazo”.

Para que Barreras vuelva a construir barcos hace falta un mayor compromiso de los accionistas: más capital. La Xunta, a través de la Consellería de Economía, lo ha deslizado en varias ocasiones contraponiendo así un posible respaldo. El plan aprobado ayer avanza que habrá dos nuevos inversores, sin más precisiones, que según distintas fuentes podrían ser extranjeros. En cuanto a los clientes, se estima una carga de trabajo a medio plazo de tres unidades por año. “Puede poner tres como 23, eso no significa nada”, analiza un sindicalista que no se cree el documento. Tampoco los acreedores quieren poner la mano en el fuego sobre la solución trazada por los propietarios. En declaraciones a Europa Press, Bouzada destacó que su decisión es “es en parte un acto de fe, creyendo que lo que se dice en verdad en el plan se va a acometer a pesar de que no se está especificando carga de trabajo clara y definitiva”. No hay, en sus palabras, “documentación que permita creerse a pies juntillas lo que se dice en el plan de viabilidad”.

Si todo marcha según lo previsto, el próximo mes de julio se celebrará una junta de acreedores para aprobar el convenio. Con los plazos apurados, en otoño el constructor podría salir del concurso y comenzar a contratar barcos.