La nueva ley de Canal 9

Les Corts valencianes han empezado ya a tramitar el nuevo Estatuto de Radiotelevisió Valenciana (RTVV). La cómoda mayoría absoluta de que dispone el PP valenciano en la Cámara permite anticipar que la ley que finalmente se apruebe se parecerá mucho al proyecto remitido desde el Consell. Lo cual sería un grave error pues el texto remitido a les Corts perpetúa la mayor parte de los problemas estructurales que han conducido a la tremenda crisis que afronta RTVV en estos momentos.

El proyecto aspira a acomodarse al nuevo marco normativo estatal, que ha ido paulatinamente aligerando los requisitos organizativos y relativos a la gestión que antaño se imponían desde el Estado a los gobiernos autonómicos sobre cómo debían ser y funcionar las televisiones autonómicas. La nueva norma pretende aprovechar ese ámbito para dar más libertad a la hora de gestionar la televisión pública valenciana.

Sin embargo, el modelo que introduce el proyecto de Estatuto para RTVV no resuelve el principal problema de Canal 9 y causa no menor de su irrelevancia en el panorama comunicativo valenciano: que la ley facilite que sea convertida en televisión de partido antes que servicio público a los ciudadanos. Antes al contrario, el nuevo marco jurídico aspira a flexibilizar las posibilidades de subcontratar programación y a abrir la puerta a una pseudo-privatización de la gestión, lo que comportará siempre y necesariamente un amplísimo margen de maniobra de los responsables políticos de turno. Así se logra retener en manos de los gestores designados por el gobierno tanto el control editorial como la capacidad para determinar a qué empresas privadas vayan los contratos, pero a costa de perpetuar el principal lastre de nuestra televisión pública.

RTVV es esencial como servicio público para ofrecer una información de proximidad y unos contenidos propios (y en valenciano) que, hoy por hoy, sólo el sector público proporciona (a la vista está que así es, basta con echar una mirada a la oferta privada). Para poder lograr ese objetivo es esencial que el Estatuto deje claro cuáles han de ser las finalidades del ente, pero con obligaciones concretas más allá de declaraciones retóricas. Y, sobre todo, organizando un servicio público donde sea imposible la adopción de decisiones estratégicas y editoriales sin un mínimo debate y consenso. Para ello habría que establecer mecanismos que obligaran a una rendición de cuentas mayor (no puede ser que ciertos contratos de RTVV no puedan ser conocidos por los diputados, como ocurre actualmente, por poner un ejemplo), dar una efectiva capacidad de moderación a la oposición y, muy especialmente, otorgar un estatuto de los profesionales que les garantizara más independencia y capacidad de resistencia en sus criterios profesionales.

El Estatuto de RTVV proyectado, en cambio, acrecienta el control de los gestores designados por el partido que manda. El PP comete un grave error al proponer una norma así, que es mala para la tele y pésima para todos los valencianos. Pero, además, es mala para el propio PP, que no debiera olvidar que, al igual que le ocurrió al PSOE en 1995, puede perder un día las elecciones y comprobar cómo todos estos mecanismos que hoy juegan en su favor quedan a disposición de una nueva mayoría que tendrá toda la libertad para decidir si los usan en su beneficio o no.

Blog de Andrés Boix