La justicia abre la puerta a legalizar el edificio Fenosa amenazado de derribo

Por quinta vez, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) apremia al Ayuntamiento de A Coruña a cumplir antes del 30 de septiembre la sentencia en firme que anula la licencia del céntrico edificio Conde de Fenosa. Y por tercera vez, los jueces amenazan con imponer cuantiosas multas coercitivas, hasta 500 euros, por no ejecutar ese fallo que obliga a demoler en parte esta edificación de tres bloques con un centenar de viviendas, oficinas y bajos comerciales. La obra fue consecuencia de la licencia concedida por el entonces alcalde, el socialista Francisco Vázquez, que en 1997 autorizó a la inmobiliaria Fadesa a transformar la antigua sede de Fenosa.

Hay una novedad importante en este litigio judicial iniciado hace 15 años: el tribunal gallego abre la puerta a que el actual gobierno de Carlos Negreira (PP) resuelva el problema demostrando que es imposible materialmente cumplir esa sentencia. Y explicita los pasos a dar para llegar a esa solución. Hasta ahora, recuerdan los jueces, el Ayuntamiento nunca llegó a acreditar razones suficientes para declarar la imposibilidad de demoler parte del edificio.

El TSXG apremia a cumplir la sentencia antes de octubre

En un auto de marzo pasado, el TSXG ya exponía que el Ayuntamiento “aún podía agotar la posibilidad de conseguir la declaración de inejecutabilidad” del fallo, que declara ilegal las obras por las que se rehabilitó, transformó y amplió la antigua sede de Fenosa para convertirla en un inmueble residencial. El gobierno local recuerda ese auto de marzo y que está tramitando la ejecución de la sentencia en sus alegaciones ante el alto tribunal, para responder a la nueva iniciativa de los denunciantes, el arquitecto Valentín Souto y su cónyuge. Harta de esperar por la ejecución de una sentencia que tanto esfuerzo, dinero y tiempo les costó conseguir, la pareja reclamó de los magistrados que establecieran medidas y plazos al ayuntamiento para reponer la legalidad, es decir, devolver el edificio a su estado anterior a la licencia de obras declarada ilegal. Y fue lo que los jueces hicieron el pasado día 24, con una nueva resolución en la que ponen plazos para los trámites para la legalización del inmueble.

El alto tribunal recuerda que para este fin es imprescindible que Martinsa-Fadesa presente un proyecto técnico que recoja “las obras ejecutadas y las que son necesarias para ajustarse a la legalidad vigente”, es decir al plan urbanístico de A Coruña en vigor, el de 1998, y no el de 1985, a cuyo amparo fue otorgada la licencia anulada. El ayuntamiento también deberá presentar “otros documentos sobre el estudio de impacto e integración en la estética urbana” y decidir si concede “una nueva y completa licencia de legalización que podría considerar esta sala ajustada a derecho, con la consiguiente demolición de lo que resultara”.

El Ayuntamiento alega que ya está “en fase de elaboración” ese proyecto técnico que pidió a la inmobiliaria, y “en fase de estudio” un dictamen encargado “sobre la viabilidad técnica de la demolición de las obras de rehabilitación”, sin que suponga “la demolición total” del edificio. Ambos informes fueron encargados al arquitecto Carlos Trabazo Molíns. Este último, que puede cobrar del ayuntamiento hasta 100.000 euros por este contrato de servicios, fue jefe de proyectos y luego gerente de la oficina técnica de Fadesa entre 2004 y 2008 —cuando la inmobiliaria compró la sede de Fenosa y logró licencia para transformarla—, criticó ayer el denunciante, Valentín Souto. En su opinión, es imposible además legalizar la ampliación en 2.473 metros cuadrados que hizo Fadesa con respecto al edificio original.

Sin embargo, el alto tribunal, que declara al director de la área municipal de Urbanismo, César Otero Grille, responsable de ejecutar la sentencia, da de plazo hasta el 15 de septiembre para culminar, con la concesión o no de una nueva licencia, los trámites para legalizar el inmueble. La resolución definitiva deberá hacerse antes del 30 de septiembre. De lo contrario, Otero será multado con hasta 500 euros. Y cuarta e importante decisión del tribunal: si el ayuntamiento decide otorgar una nueva licencia, deberá abrir “un incidente para resolver lo que proceda sobre la inejecutabilidad del fallo”. Es decir, si puede o no ejecutar la sentencia. En caso de no cumplir los plazos o decidir no otorgar esa licencia, el tribunal advierte que derivará “en la orden de demolición”.