Cultura defiende la cesión “legal” a parientes de cargos del PP de un área rupestre

La Consellería de Cultura subrogó la gestión del parque arqueológico de Campo Lameiro a una empresa administrada por familiares de cargos del PP local “porque así lo permite el marco legal vigente”, según la explicación que el titular de este departamento, Jesús Vázquez, ofreció ayer en la Cámara. Alegó que la cesión, realizada sin concurso y que solo salió a la luz cuando lo publicó este periódico, era la “mejor opción posible” para garantizar los puestos de trabajo y evitar que la instalación permaneciese “varios meses” cerrada.

En respuesta a una pregunta socialista, Vázquez esgrimió que fue la adjudicataria original, Ingenia Qed, quien ofreció la posibilidad de que se crease una empresa ad hoc para llevar las riendas de la infraestructura, toda vez que había entrado en concurso de acreedores. El conselleiro se refirió a la nueva encargada de la explotación —Espiral Xestión Cultural, creada en enero de este año con un capital de 3.000 euros— como “empresa constituida por los trabajadores”. Obvió que las dos personas que figuran como administradores solidarios de la firma son Jorge Sayáns, hijo del alcalde de Campo Lameiro, y Jorge Boullosa, hermano de una concejala, ambos del PP.

“Intereses partidistas”

El conselleiro no precisó cómo una compañía constituida un mes antes de hacerse cargo del parque puede acreditar la solvencia y experiencia que requiere la Ley de Contratos Públicos para que se dé este tipo de subrogación sin que medie un nuevo concurso público. Aludió sin mayor concreción, como ya habían hecho su departamento y la propia empresa, a acuerdos de colaboración con otras compañías que aportarían la solvencia exigida. Con todo, infirió que, “dado que (la cesión) se ajusta perfectamente a la legalidad”, cualquier otra valoración “prioriza intereses partidistas por encima de la correcta gestión del patrimonio”.

“Si todo es tan legal y tan transparente, ¿por qué no nos entrega la documentación que solicitamos?”, inquirió Carmen Cajide. La parlamentaria socialista exigió conocer si los servicios jurídicos del Gobierno avalaron lo que definió como “sospechosas maniobras” que, bajo su punto de vista, tenían por objeto primar los intereses particulares “de la familia del PP”. Habló de “trato de favor” incluso en el proceso de selección de Ingenia Qed, antes de que Espiral Xestión Cultural “heredase” la explotación del centro, por la que recibirá 544.500 euros hasta 2014