La policía acordona a los indignados durante una hora en la calle Alcalá
Los indignados acordaron juntarse de nuevo cuando el índice superara los 500 puntos Los agentes dejaron irse a los asistentes después de que se negaran a identificarse
Unos 300 indignados vivieron ayer uno de los momentos más peculiares de los ya pasados desde que el 15-M y la Delegación del Gobierno iniciaran su particular rifirrafe, hace ya cinco días, cuando empezaron las actividades del aniversario del movimiento. El lunes por la noche, en una de sus ya famosas asambleas generales, los indignados consensuaron convocar una cacerolada si la prima de riesgo superaba los 500 puntos. Y ayer, la escalada de desconfianza llevó la prima a esa cifra, y unos 300 indignados cumplieron lo acordado. Se presentaron en Sol con todo tipo de utensilios para hacer ruido: cacerolas recién compradas en el chino por tres euros, woks, llaveros, latas de galletas y hasta un cencerro y un arrabel, un instrumento elaborado con huesos de cordero. El ingenio presente en la cartelería del movimiento no podía faltar a la hora de hacer ruido. Tras una media hora larga haciendo sonar sus cachivaches, los indignados empezaron a marchar.
Llevaban recorridos pocos metros de la calle Alcalá cuando la policía formó un cordón cortándoles el paso. Tras corear varios de sus lemas cacerolas en mano, el grupo dio media vuelta topándose con un segundo cordón y quedando atrapados. “Somos un sándwich”. “Nos han secuestrado”, decían los retenidos, que en general vivieron la escena con humor e ironía.
Abandonar el cordón era posible previa entrega del DNI. Y muy pocos de los presentes estaban dispuestos a aceptar ser identificados para poder salir de la ratonera. “Para salir tenemos que estar dispuestos a ser multados; estamos secuestrados y tenemos que pagar por nuestra libertad”, decía Candela, una de las jóvenes atrapadas. Los encerrados en la calle Alcalá no tardaron en transmitir su situación al mundo a través de las redes sociales, lo que provocó un efecto llamada. Pronto del otro lado del cordón se formó un tumulto gritándoles su apoyo.
La mayoría de los indignados, como era de prever, se negó a vender su salida a cambio de una más que probable multa. Decidieron permanecer sentados y agarrados de la mano. El nombre de los tres abogados de la comisión de legal de guardia circuló rápidamente de boca en boca y de brazo en brazo (muchos se pintaron en la piel sus nombres). Otros, quizá una docena, temiendo una posible carga, decidieron salir tras entregar su DNI. Finalmente, tras prolongar la situación una hora, los policías abrieron el cordón y los indignados de ambos lados fueron recibidos con aplausos y abrazos. “¡Sí se puede!”.
“Ya lo avisamos: si la prima llegaba a 500 volveríamos a las plazas”, dice un texto que los quincemayistas han colgado en su web http://madrid.tomalaplaza.net. “Y no es exactamente un desafío, es que solo desde aquí podemos actuar de manera afirmativa, libre, creativa. Porque cuando la prima de riesgo sube, también sube nuestra rabia. Y no queremos, no podemos permitir que esa rabia se convierta en guerra, que es lo que quiere el poder: convertirnos en un bando, en el enemigo, militarizar la sociedad y que la prima de riesgo mande”.
El incidente terminó sin más trascendencia, lo que deja el saldo de detenidos durante estos días en 28. Todos ellos acusados de resistencia, desobediencia y atentado contra la autoridad. Además, en los cuatro desalojos de la Puerta del Sol la policía identificó a 560 indignados en la plaza y sus aledaños fuera del horario límite de las concentraciones autorizadas, según la Jefatura Superior de Policía de Madrid. De ellos, 300 fueron identificados el fin de semana y el resto, entre el lunes y la madrugada de ayer.
La delegada del Gobierno, Cristina Cifuentes, confirmó a la cadena SER que su intención es multarlos. El artículo 23 de la Ley de Protección de Seguridad Ciudadana tipifica como “falta grave” supuestos como la negativa a disolver las manifestaciones y reuniones de tránsito público ordenada por la autoridad pertinente. La multa habitual en estos casos es de 300 euros, aunque desde la Delegación se matiza que el importe varía según el caso.
Según Eric Sanz de Bremond, uno de los abogados de la comisión de legal, ninguno de los supuestos (ilicitud penal, vestir uniformes paramilitares y alteraciones de orden público con peligro para bienes y personas) a los que se refiere dicho artículo, tipificados a su vez en la Ley de Reunión, están relacionados con la presencia de los indignados en la plaza. Cifuentes destacó la “actuación ejemplar” de la policía y se congratuló de haber hecho compatibles el derecho de manifestación de los miembros del 15-M sin alterar la vida de los vecinos y comerciantes de la zona, evitando la acampada.
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