El maestro de Castellón acusado de abusos sexuales se disculpa

El maestro acusado de nueve delitos de abusos sexuales a alumnas menores de edad pidió este jueves, en la cuarta jornada del juicio en la Audiencia Provincial de Castellón, “disculpas sinceras” por hacer fotografías sin autorización, aunque ha expresado su convicción de que no ha hecho “nada malo”. La fiscalía y la acusación particular solicitan para este maestro del Colegio Vicente Artero 35 años de prisión por nueve delitos continuados de abusos sexuales y por un delito de corrupción de menores, ya que aseguran que realizó tocamientos a niñas y fotografió algunos de estos actos. La defensa solicitó la libre absolución de procesado, al igual que la Generalitat, que esta personada como responsable civil subsidiaria.

En la última sesión del juicio declararon un psiquiatra y las psicólogas que realizaron los informes tanto del procesado como de las niñas que supuestamente sufrieron los tocamientos. El psiquiatra explicó que el procesado presenta “características psicológicas disfuncionales”, como “inmadurez afectiva, narcisismo o problemas de identificación sexual” y que mantuvo una actitud “arrogante, suspicaz y poco colaboradora” cuando fue interrogado después de su detención.

Las psicólogas que atendieron a las niñas tras la detención del procesado afirmaron que las menores “no tenían una vivencia negativa” de los tocamientos, porque “entendían que eran muestras afectivas” y las secuelas, serían, en cualquier caso, leves, y de aparecer lo harían “a largo plazo”.

“Dejación total”

En sus conclusiones finales, la fiscal y la acusación particular explicaron que las fotografías que muestran los tocamientos se tomaron con “una intención clara” y tienen “contenido sexual”. Asimismo, acusó a la Consejería de Educación de una “dejación total de funciones”, ya que no inició el expediente hasta después de la detención del profesor pese a que tenía “antecedentes sobre los hechos”.

La defensa del profesor aseguró que los actos cometidos por su representado son “reprobables” y “serían, en cualquier caso, merecedores de una sanción administrativa, pero no llegan al grado de gravedad para ser considerados delito”. La abogada de la Generalitat afirmó que la actitud de la consejería “fue correcta y se activaron los mecanismos necesarios”, e insistió en que las menores “no sufrieron daños ni secuelas”.