La intervención no es tan mala

El gobierno central ya está preparando los ánimos para proceder a la intervención de las comunidades autónomas que, por manirrotas, incumplan sus obligaciones financieras y no reduzcan este año su déficit al 1,5 % de su respectivo PIB, algo que en el caso valenciano obligaría a efectuar descomunales y cruentos recortes presupuestarios en la prestación de servicios e inversiones, pues no en balde lideramos —junto con Cataluña— la carrera del endeudamiento. Estos días se han divulgado los datos esenciales que nos conciernen: la Generalitat debe 4.069 millones de euros que corresponden a 578.000 facturas libradas por 10.000 proveedores desesperados y en buena parte arruinados. Asombra la paciencia e impotencia de este colectivo damnificado.

La temida intervención no es inminente y en todo caso no se produciría antes del próximo otoño debido a los trámites y plazos que requiere. Pero si la contabilidad creativa o el auxilio del Estado no lo impide mediante los hispanobonos, algunas comunidades sufrirán la mortificante intervención, una especie de pócima para rescatarlas del foso financiero al que han sido abocadas por el despilfarro y su mala cabeza. Un descrédito, en suma, de su gestión, por lo que harán lo imposible para eludir la ominosa tutela.

Como es sabido y se desprende de las cifras anotadas así como de los despilfarros conocidos, la Comunidad Valenciana es la candidata más calificada para probar, con o sin la anuencia del Consell, el jarabe de la Ley de Estabilidad Presupuestaria que ampara la extrema medida. Incluso podría ocurrir que el Gobierno estuviese ya decidido a llevarla a cabo y convertirnos en cabeza de turco para exhibir su firmeza ante los mercados y el conjunto del enjambre autonómico. ¿A quien podría extrañarle? Nos lo hemos ganado a pulso. Sería parte del precio a pagar por haber disparado tan alegremente con pólvora de rey (uf, qué metáfora) para, al decir de los mentecatos, situarnos en el mapa o chorradas de ese calibre.

Pero de consumarse la intervención, el presidente Alberto Fabra no habría de preocuparse, pues para él todo serían ventajas. Por lo pronto, se penalizaría una política, la de su predecesor, el megalómano Francisco Camps, en la que el hoy molt honorable apenas tuvo arte ni parte. Una ocasión, pues, para poner tierra de por medio y distanciarse de tan aciaga etapa. Además, la responsabilidad por las inevitables austeridades y recortes se la endosaría a los interventores, con lo que eludiría el peor de sus dolores de cabeza y podría aplicarse con más denuedo a la regeneración de su partido, el PP, anegado de imputados y corruptos de toda laya. Por cierto, y para estar a al día, también debería pedir perdón al pueblo valenciano por el saqueo sufrido.

En cuanto al reproche por no haber impedido este allanamiento de nuestro ámbito autonómico, ¿quién habría de formularlo? ¿Los nacionalistas? Olvídese. Los de izquierda se han sublimado y ahora son culés, lo blaveros fueron domesticados en los pesebres de la administración y lo que queda de unos y otros son reliquias de aquellos tiempos increíbles en los que se batallaba y hasta apalizaba a la gente por disputas acerca de la sintaxis o prosodia de la lengua del país. Sonroja la mera evocación, pero queda antigua, como la misma cuestión nacional. Ahora lo que apremia es pagar lo debido y poner la gente a trabajar. Al fin y al cabo los valencianos siempre hemos estado intervenidos. Y más que lo estaremos.