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Sostenibles, en el campo y para ricos

El proyecto de edificar en suelo rústico, un nicho para la arquitectura modular

Si dispone de una finca rural en suelo protegido de 100.000 metros cuadrados en la Comunidad de Madrid o de 50.000 si el terreno no está sujeto a protección alguna, ya cuenta con el primer requisito, el fundamental, para poder construir una vivienda sostenible.

Así lo recoge el anteproyecto de Ley de Viviendas Rurales Sostenibles, destinada a cubrir una “importante demanda” y a satisfacer el anhelo de muchos ciudadanos de “poder vivir en el campo y trabajar en la ciudad”. Unos pocos, muy pocos privilegiados, evidentemente, a tenor de la superficie de terreno de la que hay que disponer.

Los ecologistas ya han puesto el grito en el cielo y han echado, a bote pronto, el alcance que la medida podría tener en una zona protegida como el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares. Teniendo en cuenta que el 65% de las 53.000 hectáreas que ocupa, se podrían construir 3.431 viviendas de 1.000 metros cuadrados, pudiendo hacerse una o varias urbanizaciones dentro del propio parque.

Que el anteproyecto de ley está hecho para una selecta minoría pudiente, lo demuestra el hecho de que, además de contar con tamaña superficie, el propietario correrá con los gastos de “la totalidad de las obras de acondicionamiento e instalaciones así como su ulterior mantenimiento”. No obstante, el texto recoge, sin argumento alguno que lo respalde, que estas viviendas sostenibles tendrán un “impacto beneficioso para la economía de la Comunidad de Madrid”.

 Entre los requisitos para poder construir estas viviendas, además de contar con la parcela y de edificar solo el 1% de la misma y en una sola planta “sin poder modificar la rasante natural del terreno en que se ubiquen, causando el menor impacto visual posible”, figura el uso de materiales integrados en el paisaje y la ejecución de viales interiores o de acceso con mínimo impacto.

Tras la construcción de estas viviendas sostenibles, el anteproyecto recoge como obligaciones de los propietarios el de conservar el arbolado existente en sus parcelas y, en su caso, trasplantar los ejemplares que por razón de la implantación del uso residencial fuera imprescindible, cinco por cada ejemplar arrancado, así como no verter residuos ilegales o incontrolados.

Muchos no acaban de ver ese "impacto beneficioso" para la economía regional, al que se alude en el texto, aunque sí pudiera tenerlo para un sector, el de la arquitectura modular, más barato que el tradicional de ladrillo y cemento. De hecho, antes y después de las elecciones autonómicas del pasado mes de mayo, dirigentes de la Consejería de Medio Ambiente y Urbanismo, así como la propia presidenta regional, Esperanza Aguirre, se interesaron vivamente por este tipo de construcciones de la mano de Joaquín Torres, el arquitecto que ha diseñado numerosas viviendas de La Finca de Somosaguas.

 

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