Los populares destacan el fraude como el gran debate de campaña

Desde que el caso del fraude en los expedientes de regulación de empleo (ERE) adquirió vuelo en febrero del pasado año, han sido muy pocos los días en los que el Ejecutivo andaluz no ha tenido que responder sobre este turbio asunto, que se ha convertido en el mayor caso de corrupción de los 30 años de gobierno socialista. Ese mes, el exdirector general de Empleo y principal imputado en el caso, Francisco Javier Guerrero, reconoció en una declaración policial la existencia de “un fondo de reptiles” para pagar a empresas y trabajadores en crisis.

El caso de los ERE forma parte fundamental de la campaña electoral del Partido Popular, liderado por Javier Arenas. Los otros pilares son el paro, que ahora es del 31%, 13 puntos más que al inicio de la legislatura, y los 30 años de gobernantes socialistas. El caso de los ERE le ha dado el argumento a Arenas para repetir el estribillo que tan buen rédito le dio al PP de José María Aznar para desbancar al PSOE en 1996: “Paro, despilfarro, corrupción”.

Los populares intentan que el caso salpique de lleno a José Antonio Griñán porque, cuando este era consejero de Economía y Hacienda en el Gobierno presidido por Manuel Chaves, la Intervención General de la Junta, dependiente de esa consejería, advirtió en varias ocasiones de que se había prescindido de manera “total y absoluta” del procedimiento administrativo. El PP lo intenta, pero la juez del caso, Mercedes Alaya, también. La instructora lo repite una y otra vez en sus autos. Su línea de investigación sigue dos vías: por un lado, la de los intrusos que cobraron de forma indebida dinero público sin trabajar en las empresas a las que se ayudó; y por otro, el procedimiento administrativo seguido para concederlas. Según la Junta, el dinero defraudado por los intrusos podría ascender a unos nueve millones de euros de los 647 millones con los que se dotó esa partida presupuestaria desde 2001 hasta 2009. En este asunto, el camino seguido por la Junta ha sido el único posible: el de abrir una investigación interna y denunciar en el juzgado los datos de sus pesquisas. Alrededor de 200.000 folios de la Administración han ido a parar al Juzgado número 6 de Sevilla. Aun así, la juez se ha quejado en varias ocasiones de que el Ejecutivo autónomo no colabora con la investigación.

El caso de los ERE ya marcó la campaña de las elecciones municipales de mayo y también la de las generales del 20-N. En la primera, Alaya citó a declarar como imputado al candidato de IU en Sevilla, y en la segunda dictó un auto en el que pedía información a la Junta de las operaciones de endeudamiento de más de 1,2 millones autorizadas por “el titular de la Consejería de Economía”, es decir, Griñán. Ahora ha vuelto a ser protagonista electoral al tomar declaración a Guerrero en los dos últimos días y al citar al chófer de este cinco días antes del 25-M, la fecha de los comicios. El conductor dijo que se gastó 900.000 euros en “cocaína, fiestas y copas” con su jefe.

El PP, bajo el manto de investigaciones periodísticas, tiene guardada más munición.