Desaparece el contrato amañado que implica a cuatro cargos de Hernández

Cuatro cargos de la Dirección Xeral de Infraestructuras de la Xunta, dependiente de la consellería que dirige Agustín Hernández, están imputados en el caso Campeón por supuesto tráfico de influencias en la tramitación irregular de contratos en favor de las empresas de la trama de Jorge Dorribo. Los investigadores grabaron una llamada de un funcionario de este departamento a Carlos Monjero, mano derecha de Dorribo y responsable de la firma de estudios técnicos Proitec, en la que el trabajador de la Xunta daba instrucciones al empresario para amañar la adjudicación del proyecto de mejora de la carretera que une Cerdedo y Campolameiro (PO-230). “Es en relación a un tema que tengo por escrito de la directora [supuestamente Ethel Vázquez], de un proyecto que tenéis que realizar vosotros en el ayuntamiento de Campolameiro”, se podía oír en la grabación. Cuando los agentes acudieron a las oficinas de la Xunta a pedir el expediente, fueron informados por la directora de Infraestruturas, Ethel Vázquez Mourelle, también imputada en la causa, de que no existía.

Para desgracia de los cuatro cargos de Infraestruturas implicados en el caso, las gestiones para amañar aquel contrato dejaron más rastro aparte de la conversación teléfonica interceptada por los investigadores. En el registro de la sede de Proitec, los agentes de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria se hicieron con la prueba de que el encargo a dedo del proyecto de la PO-230 a una empresa de la trama no eran imaginaciones suyas. Allí encontraron un documento con membrete de la Xunta en el que el entonces subdirector general de Estradas, el también imputado Luis Miguel Muñoz Bretos, con el visto bueno de su superior, Ethel Vázquez, solicitaba ofertas para la obra a Proitec y a otras dos firmas que, como le habían insinuado desde la Xunta a Monjero en el pinchazo telefónico, tenían relación también con la trama y, por tanto, presentarían propuestas lo suficientemente malas para ser descartadas.

Aquel documento oficial que no aparece en la Xunta ponía sobre el papel las instrucciones telefónicas realizadas por el funcionario de Infraestructuras a Carlos Monjero. “Vosotros en su caso seríais los adjudicatarios”, le explicó el empleado público la colaborador de Dorribo sobre el contrato para el proyecto de la carretera de Cerdedo a Campolameiro. “Deberíais proponer otras dos empresas más de confianza para preparar la documentación”, añadió.

Ante el hallazgo en la oficina de Proitec del documento de la Xunta que probaba la existencia del expediente, los agentes optaron por darle a los responsables de Infraestruturas del Gobierno gallego otra oportunidad para explicar la desaparición. Telefonearon a Infraestruturas y fueron atendidos por el entonces subdirector general de Estradas, Mateo Maigler, también imputado. Este les ratificó a los investigadores que el expediente que reclamaban no existía y que la llamada del funcionario a Monjero que había destapado las pesquisas era solo “un tanteo para solicitar presupuestos”. Los argumentos de Maigler al otro lado del teléfono eran dirigidos, relatan los agentes, por la voz de una mujer que resultó ser su jefa, Ethel Vázquez Mourelle. El cuarto imputado de este departamento es Antonio López Blanco, entonces subdirector general de Planificación e Programación de Infraestruturas, que firmó una certificación en la que niega que se iniciara la tramitación del expediente de la carretera entre Cerdedo y Campolameiro.

La Xunta niega que exista el proyecto, pero la policía lo halló en Proitec

Los investigadores han encontrado otro indicio de la relación de la directora general de Infraestruturas y la trama de Dorribo. En las oficinas de Proitec, localizaron también unas hojas con el nombre de Ethel Vázquez Mourelle y una dirección de A Coruña que resultó ser el domicilio de su hermana. La directora de Infraestruturas de la Xunta no supo explicar este hallazgo ante la juez durante su declaración como imputada y negó cualquier relación de amistad con Carlos Monjero o su familia.

En aquella comparecencia, la magistrada Estela San José le preguntó a Ethel Vázquez por otro de los contratos de la Xunta que, según los investigadores, fue adjudicado irregularmente a una UTE de la que formaba parte Proitec. Se trata del proyecto de acceso al nuevo hospital de Pontevedra, el de Monte Carrasco. Proitec y sus socios se hicieron con el encargo gracias a que el resto de ofertas fueron desestimadas por baja temeraria, ya que proponían ejecutar las obras por 1.000 euros menos. Vázquez defendió ante la juez la adjudicación pese a la exigua diferencia de presupuesto.

Los responsables de Proitec recibieron la noticia de la adjudicación del acceso al nuevo hospital de Pontevedra de boca del exdiputado del PP Pablo Cobián, que medió para que la trama de Dorribo recibiera subvenciones y obras a cambio de supuestos pagos y que está imputado por tráfico de influencias y cohecho. “¡Qué guay!”, exclamaron.