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La causa de la cooperación suma ya 19 imputados

Dos están pendientes de localizar con una requisitoria ordinaria

La causa abierta en el Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia por la trama de las ayudas a fundaciones y ONG de la antigua Consejería de Solidaridad, cuyo titular era el actual portavoz del PP en las Cortes, Rafael Blasco, suma ya 19 imputados, según ha informado hoy el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV). Dos de los imputados están pendientes de localizar con una requisitoria. La magistrada llegó a dictar órdenes de búsqueda y captura contra estos dos miembros de fundaciones para localizarlos y comunicarles su situación procesal, pero las dejó sin efecto. Sí existe una requisitoria ordinaria de localización.

Del total de 19 imputados, el único encarcelado y sin fianza es, de momento, el empresario Augusto César Tauroni, vinculado a la Fundación Hemisferio, considerada en el epicentro de la trama. Mientras, 14 sospechosos están en libertad provisional con obligación de comparecencia periódica, retirada de pasaporte y prohibición de abandonar el país; dos están en libertad sin medida cautelar alguna; y dos pendientes de ser localizados.

En la causa se investiga a cuatro funcionarios o altos cargos públicos en el momento de su detención o declaración ante la juez: el director general Cooperación, Josep María Felip; el subsecretario de Sanidad, Alexandre Catalá, que antes ocupó este mismo cargo en Solidaridad; Marc Llinares, destinado en Hacienda y anteriormente a las órdenes de Felip en Cooperación; y la exjefa de este servicio, María Dolores Escandell, que ha sido la última detenida en este procedimiento. El resto son empresarios y miembros de las fundaciones que recibieron ayudas.

De momento, según el TSJCV no puede estimarse la cuantía del supuesto fraude en la gestión de ayudas a la cooperación. Sin embargo, la cifra "es, provisionalmente, muy inferior" a los siete y nueve millones de euros, que son las cifras que se han bajarado. El PSPV, que cursó la primera denuncia, apuntaba a los nueve millones de euros.