La justicia avala sin esperar al fallo penal el despido de Porro a un gerente

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Xustiza (TSXG) “mantiene en su integridad” la sentencia que desestimó en primera instancia la demanda por despido interpuesta por Pablo Alborés, primer director-gerente de la Fundación Puerto de Vigo (FPV), contra esta entidad, que presidía Corina Porro. El tribunal obvió la petición de Alborés, formulada fechas antes de reunirse para dictar la sentencia —con fecha 20 de febrero—, de suspender sus actuaciones en este procedimiento hasta que se sustancie la querella contra Porro por presunta falsedad documental que instruye en vía penal otro juzgado de Vigo.

 Esta sentencia del TSXG, que los interesados conocieron el martes, confirma los “dos juicios” ganados por Porro a Alborés en el ámbito laboral y que ella anticipó el pasado 11 de febrero al responder a las informaciones sobre la querella, por la que ha sido citada a declarar el próximo 6 de marzo.

En el juicio celebrado en septiembre en el Juzgado de lo Social número 3 de Vigo por el despido de Alborés, María Teresa Ferreño Seoane, la magistrada sustituta que lo sentenció, otorgó validez a dos pruebas documentales que fundamentan su fallo y que se mantienen en entredicho: un escrito de dimisión de Alborés que presentó Porro y el acta de la reunión del patronato de la FPV que aprobó tal dimisión y que firmó Mario Ubiaga, relevo de Alborés en la FPV, “por orden de la presidenta”, según su testimonio en el juicio.

Alborés, que firmó su contrato con la FPV el 16 de abril de 2010, sostiene que unos días después, el 28 de abril, acordó con Porro su excedencia durante un año, hasta después de las municipales de mayo. Ubiaga asegura que la junta universal del patronato que aprobó la dimisión de Alborés el 30 de abril es una invención. Ambas versiones fueron desacreditadas por la magistrada Ferreño por su extemporaneidad, ya que Alborés no reaccionó cuando le fue comunicada la aceptación de su dimisión por el patronato y Ubiaga asumió y desarrolló su empleo en la FPV sin cuestionar los hechos citados.

La magistrada entendió a su vez que el contrato de trabajo firmado por Porro y Alborés —con una cláusula de rescisión de 570.000 en caso de despido improcedente— “para alcanzar la necesaria firmeza debía someterse, al menos, al conocimiento y aprobación” del patronato, “toda vez que las cantidades a que se acaba de hacer referencia comprometen, de manera cierta y actual, el patrimonio de la fundación”.

Porro ha sido citada el próximo martes para declarar por presunta falsedad documental de la carta de dimisión y del acta del patronato, dentro de las diligencias previas que instruye un juzgado de Vigo y en las que también se ha solicitado testimonio de los patronos sobre su asistencia a la junta universal que aprobó la dimisión de Alborés.