El Supremo tumba el último recurso de la Generalitat contra Sinde por El Cabanyal

El Tribunal Supremo ha rechazado el recurso de súplica presentado en 2011 por el Ayuntamiento de Valencia y la Generalitat contra el archivo de la querella presentada a la entonces ministra de Cultura, Ángeles González Sinde por supuesta prevaricación y usurpación de atribuciones. Los populares intentaron con esta nueva acción judicial desactivar la orden de Sinde, rubricada en diciembre de 2009 y que paralizó el plan urbanístico oficial del Cabanyal.

En Septiembre de 2011, el Supremo ya inadmitió la querella porque, según dijo, los hechos denunciados por las dos administraciones valencianas "no eran eran constitutivos de delito". La Sala de lo Penal se ratifica ahora en lo que dijo entonces. 

La querella promovida por la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, promotora del plan que prolonga una avenida hasta la playa a costa del barrio, se presentó avalada por los informes de dos catedráticos, uno de ellos Santiago Muñoz Machado, catedrático de la Universidad Complutense de Madrid. El PP formalizó la querella contra Sinde en plena precampaña a las elecciones municipales del 22 de mayo de 2011, como parte de la cruzada judicial contra el Gobierno socialista.

La orden de Gónzález Sinde sigue siendo válida. Así lo ha confirmado el Tribunal Supremo al desestimar el recurso de súplica. La sala considera en el auto que los autores de la querella no aportan "ni una sola alegación ni un pequeño argumento que intente desvirtuar siquiera cuanto se expresó en la resolución recurrida".

El auto explica que el contenido material del delito de prevaricación que la Generalitat y el Ayuntamiento de Valencia intentan atribuir a González Sinde parte de comprobar que el acto administrativo no solo contradice el derecho positivo, lo que sería controlado por la propia administración o por la jurisdicción contenciosa-administrativa, sino que además requiere que el acto suponga una vulneración de los principios y valores constitucionales. Desde esta perspectiva, entiende la sala que las afirmaciones de los querellantes sobre que los hechos se subsumen en la prevaricación "carecen de relevancia" para su consideración como indicios de este delito mientras que la querella tampoco relata hechos "que puedan ser tenidos como indicios del delito de usurpación de funciones".

La alcaldesa de Valencia ha dicho que acata la sentencia "como demócrata convencida y creyente en el estado de derecho". "Lo acato porque creo en el Estado de derecho y en la democracia, pero discrepo", insistió. Barberá insiste en que está de acuerdo con los argumentos aportados por los dos catedráticos, uno de Derecho Administrativo y otro de Derecho Penal. 

La oposición ha llamado al Gobierno local a que se siente a negociar una salida al problema. El socialista Salvador Broseta criticó el dinero que la alcaldesa lleva gastados en un procedimiento que no lleva a ningún lado. Según Broseta, la querella que interpusieron el Ayuntamiento y la Generalitat cuesta ya a las arcas municipales 32.750 euros. 

Los políticos de EU Marga Sanz y Amadeu Sanchis señalaron que el auto del Supremo confirma "por enésima vez que el PP ha tenido una actitud nefasta contra el barrio”. En opinión de Sanz, “Barberá debe negociar y dialogar con los vecinos del barrio la rehabilitación y la protección del Cabanyal”. “Si el PP continúa con su actitud contra El Cabanyal, se estará situando fuera de la legalidad”, añade Sanz, quien considera el auto judicial una “bofetada" a Barberá.  El portavoz del Grupo Compromís, Joan Ribó, exige a la alcaldesa que  desista de su pretensión de expoliar y "partir por el medio el Cabanyal" con la prolongación de la avenida Blasco Ibáñez.

La Asociación de Vecinos Cabanyal-Canyamelar se mostró satisfecha con "el nuevo éxito que representa para la defensa que venimos haciendo del interés general de nuestro barrio", que el Tribunal Supremo se haya ratificado en la inadmisión de la querella presentada por la Generalitat y el Ayuntamiento de Valencia contra la entonces ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde. La entidad pidió a la regidora que dialogue con ellos.