¿Qué hacemos con la CMT?

El traslado de la sede la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) de Madrid a Barcelona fue todo un símbolo de la nueva política de descentralización de José Luis Rodríguez Zapatero. La Comunidad de Madrid recurrió, asegurando que se trataba “de una decisión sin precedentes en la historia de España, en la que aparece como una constante la ubicación de todas las instituciones y organismos del Estado en la capital” desde su declaración como sede de la Corte por Felipe II en 1561.

Hoy, en 2012, la CMT vuelve a ser motivo de conflicto, pero justamente por lo contrario. La decisión del Ejecutivo del PP de unificar los organismos reguladores en un macroorganismo pone otra vez sobre la mesa el espinoso asunto de la sede la CMT y el destino de su personal.

Y es que, a diferencia de la Comisión Nacional de Energía o la de Competencia, muchos de los 147 trabajadores que ocupan el edificio sede de la CMT, en el 22@ por la fuerte presencia de empresas tecnológicas, fueron obligados a trasladarse desde Madrid junto a sus familias (con importantes ayudas al alquiler) y, los que no lo hicieron, recibieron importantes indemnizaciones.

Los nuevos planes del Gobierno, aprobados el pasado viernes, ponen en entredicho todo el montaje “federalista”, como lo calificaron entonces sus detractores comenzando por el PP catalán. Al final, las consecuencias podrían no ser tan graves, aunque el ministro de Industria, José Manuel Soria, eludió ayer el asunto en la inauguración del Mobile World Congress de Barcelona. Según fuentes de la Administración, ni la sede ni el personal laboral (sus trabajadores no tienen la categoría de funcionarios) peligran en la nueva reorganización.

La sede se convertirá en subsede del nuevo macroorganismo —Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia— y los empleos del personal laboral no peligrarán, ya que la reorganización solo afectará en principio a los consejeros y al presidente, que concentran los sueldos más altos.

El dislate de las sedes de la CMT es uno de los ejemplos más claros de la errática política reguladora. La CMT, que se financia íntegramente de las cuotas de los operadores, se gastó 62,5 millones de euros en la sede catalana, parte de cuya financiación se obtuvo tras acordar una compensación de 37 millones de euros con Patrimonio del Estado.

Desde su inauguración, el edificio de 10 plantas para oficinas y servicios ha permanecido semiocupado. De hecho, una planta entera está vacía y otras con una ocupación muy por debajo de las ratios comerciales. Ahora, funcionarios de otros organismos, como el de la Energía (CNE) o de la Competencia, podrían unirse a esta sede.