El dopaje, el terrorismo y el 15-M preocupan en la candidatura

España promete someter su legislación antidopaje a la normativa internacional Destacan el carácter pacífico y legal de las protestas callejeras y el "cese definitivo" de la violencia

“España mantiene su total compromiso contra el dopaje y ofrece la cooperación de las autoridades en la implantación de la normativa de la Agencia Mundial Antidopaje”. Así consta en el informe técnico suministrado por Madrid 2020 al Comité Olímpico Internacional (COI) el pasado martes en Lausana (Suiza). Esta cuestión, junto al terrorismo y las protestas del 15-M, pueden ser los aspectos más peliagudos de la candidatura española.

Dopaje. En caso de obtener los Juegos, “el Gobierno aplicará el Código Mundial Antidopaje, así como la normativa antidopaje del COI que se encuentren vigentes durante la celebración”, que “tendrán aplicación preferente en caso de conflicto o discrepancias frente a la normativa antidopaje española”.

Preguntado sobre si la reciente condena al ciclista Alberto Contador por dopaje podría perjudicar la candidatura madrileña, el Ayuntamiento respondió por boca del vicealcalde, Miguel Ángel Villanueva: “No. Tenemos una legislación antidopaje muy exigente. Contador es un gran deportista y lo ha demostrado. Hay que acatar la sentencia aunque no nos guste. Pero el deporte español se merece un voto de confianza”.

Sin embargo, el ministro de Educación, Cultura y Deporte José Ignacio Wert aseguró el mismo martes que “España tiene un problema con el dopaje”. Por ello, el Gobierno (PP) tiene la intención de cambiar “cuanto antes” la ley antidopaje aprobada en 2006. Esta decisión tiene mucho que ver con la candidatura olímpica madrileña, según admitió el propio Wert. Madrid 2012 ya se vio perjudicada por este asunto, lo que llevó al anterior Gobierno socialista a modificar la normativa para allanar el camino a Madrid 2016.

Seguridad. “España es un país seguro, y su capital, Madrid, una de las más seguras del mundo”, asegura el informe. “El riesgo de incendios puede calificarse como bajo”; “se dispone de los mecanismos adecuados para afrontar un hipotético ataque tecnológico”; “el riesgo de terremotos es prácticamente nulo, así como de huracanes o erupciones volcánicas”... Además, el “importante apoyo popular minimiza los riesgos de desobediencia civil”, que en cualquier caso debería ser “anticipada” por los servicios de inteligencia.

 El informe añade:

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“En la actualidad, la entidad de minorías de carácter extremista o radical en España no supone una amenaza para la celebración de grandes eventos de carácter internacional. Igualmente, tampoco existe ningún grupo de esta naturaleza que haya reivindicado ninguna amenaza expresa a los Juegos Olímpicos”.

“La situación económica mundial ha hecho emerger movimientos contestatarios. España no ha quedado al margen, y el movimiento 15-M ha llevado a cabo protestas de carácter pacífico que han estado siempre bajo el control y el acatamiento a la legislación que regula y garantiza el derecho a la libertad de expresión y de reunión. Su existencia misma no pretende alterar el normal funcionamiento de las instituciones del Estado ni la vida de los ciudadanos y se opone a ser instrumentalizado por sectores extremistas.

La amenaza procedente de grupúsculos radicales de diferente ideología tiene carácter residual en el conjunto de España y aún en menor grado en Madrid y su región. La existencia de estos grupos se encuentra controlada por los servicios de seguridad del Estado”.

“Por lo que respecta al terrorismo, España sufrió esta lacra durante varias décadas, lo que obligó a establecer unas estructuras de seguridad con una amplia experiencia y un alto grado de eficacia, que han forzado a uno de los grupos terroristas más sanguinarios y con mayor capacidad a nivel mundial –ETA– a cesar en sus acciones violentas, declarando, el pasado 20 de octubre de

2011 el cese definitivo de su actividad. La experiencia española en la lucha contra el terrorismo internacional ha permitido, tras los atentados del 11 de marzo de 2004, afrontar con plena eficacia este tipo de amenaza, impidiendo, desde esa fecha, la comisión de otros ataques y consiguiendo la detención y puesta a disposición judicial de personas que han pretendido apoyar a organizaciones terroristas mediante la propaganda, la financiación, la captación, el adoctrinamiento, el adiestramiento o la formación”.

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