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La concesionaria de tres parques de bomberos suspende pagos

Celta Prix que gestiona el servicio en O Morrazo, O Salnés y Porriño adeuda un mes de salario a 90 empleados

Bomberos de Celta Prix sofocan un incendio en Caldas, el pasado miércoles. / C. P.
Bomberos de Celta Prix sofocan un incendio en Caldas, el pasado miércoles. / C. P.

La empresa Celta Prix, concesionaria del servicio de bomberos de los parques de O Morrazo, O Salnés y Porriño, está en concurso de acreedores, según comunicaron sus responsables a sus atónitos trabajadores el pasado martes. Los afectados, alrededor de 90, no habían cobrado la nómina de enero y ahora están a expensas de la administración concursal, que es la que decidirá cuándo y cómo se abonan los salarios de unos bomberos que dan cobertura a comarcas en las que viven aproximadamente 300.000 vecinos.

La suspensión de pagos ha cogido con el pie cambiado al flamante Consorcio Provincial de Bomberos, constituido el pasado mayo por el presidente de la Diputación de Pontevedra, Rafael Louzán, y el conselleiro de Presidencia, Alfonso Rueda para englobar a los tres parques. Xunta y Diputación financian a partes iguales el servicio, que empezó a funcionar en enero con un presupuesto anunciado de 3,2 millones de euros. Según uno de los bomberos afectados, cuando el conselleiro se presentó el miércoles en Caldas para informarse de la situación del incendio en una nave de congelados, varios de los bomberos que trabajaban en la extinción, afectados por la situación de Celta Prix, pidieron explicaciones. Rueda se hizo de nuevas y prometió ponerse manos a la obra para enmendar la situación.

El problema es que el arreglo no depende solo de la Administración, dado el singular sistema de gestión de parques de bomberos vigente en Galicia. Desde los últimos tiempos de Fraga, la Xunta paga y las concesionarias, en más de un caso sin experiencia previa en el sector, mandan. El Gobierno autónomo se ahorra sufragar directamente los sueldos de la plantilla —que carecen de la condición de empleados públicos y tienen que apechugar con peores condiciones laborales— pero también ve mermado su margen de maniobra en caso de conflictos como el que ahora se ha producido. El presidente del Consorcio y portavoz popular en A Illa de Arousa, Juan José González, jura y perjura que el ente efectuó los pagos puntualmente, y que los retrasos son achacables únicamente a la empresa. “Creo que no debe de haber administración que esté más al día en los pagos que nosotros”, insiste. La concesión termina en agosto, y el temor de la plantilla es que el retraso de enero sea el primero de muchos.

La empresa atribuye a una “coincidencia” el concuro y el retraso en  las nóminas

Celta Prix, por su parte, resta importancia a la situación. Su responsable de recursos humanos, Santiago Barbeito, asegura que el concurso obedece únicamente a una situación “coyuntural” por la falta de pago de las Administraciones y las dificultades para financiarse. “Se va a pagar sin la menor duda. Esto es un concurso voluntario con el fin de dar continuidad a la actividad de la empresa, poner punto y aparte en el marco de un plan de viabilidad a largo plazo”.

Barbeito asegura que el retraso en el pago de nóminas y la presentación de concurso es una “coincidencia” e insiste en que los abonos se realizarán “en cuestión de días”, pero los trabajadores no se fían. De entrada, razonan, aunque en caso de concurso las nóminas de los empleados tienen preferencia sobre otras deudas, todos los gastos de la empresa deben ser aprobados por el administrador concursal. Los ánimos están caldeados, además, desde que el año pasado Celta Prix mandase a la calle a dos compañeros del parque de Porriño cuando solo les restaba un día para acabar el periodo de prueba. Protestaron con encierros en los parques, acampadas ante la Diputación y huelgas de hambre. La empresa no cedió.

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La dirección echó a dos trabajadores un día antes de expirar el plazo de prueba

Representantes sindicales apuntan también que la concesionaria no tiene prisa en cubrir bajas de compañeros que cambian de puesto de trabajo. “La Diputación lo sabe desde junio y no ha hecho nada”, censuran. Un bombero de O Salnés tacha a la empresa de “pirata”. “Llevamos oficialmente en huelga desde junio del año pasado, pero como los servicios mínimos son tan amplios, en la práctica no podemos ir. Estamos hartos".

La situación se complica si se atiende a la otra pata del negocio de Celta Prix, que además es la más importante: la recogida de basuras en numerosos municipios del rural gallego. Según datos de UGT, mayoritario entre los trabajadores de la compañía, Celta Prix tiene la gestión del servicio en múltiples municipios gallegos. En su página web, asegura tener contratos con “73 entidades públicas en toda Galicia y en la provincia de Huelva”. En algún municipio como Cedeira los retrasos en las nóminas han comenzado a manifestarse.

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