Informes de un detective acusan a un exalcalde inhabilitado de seguir al mando

Una denuncia presentada el 1 de febrero en el juzgado de primera instancia e instrucción de Ribadavia asegura que el exalcalde del Ayuntamiento ourensano de Melón, el popular Alberto Pardellas, sigue ejerciendo como regidor a pesar de haber sido condenado en firme por prevaricación e inhabilitado para ejercer cargos públicos por construir un polideportivo inacabado a 75 metros del monasterio de Santa María, Bien de Interés Cultural entre otras figuras de protección. Los denunciantes sostiene también que el Consistorio certifica a vecinos de la localidad implicados en procesos judiciales trabajos en beneficio de la comunidad nunca realizados.

 Del resultado de las investigaciones de una agencia de detectives privados se deriva la “eventual comisión de ilícitos penales así como el ejercicio de competencias por parte del exalcalde ahora inhabilitado”. La empresa de investigación llevó a cabo durante los meses de julio y agosto de 2011 un seguimiento, en cuyo informe se certifica que Pardelllas, cónyuge de la actual alcaldesa, sigue realizando las labores diarias de regidor, “presentándose y despachando asuntos en la alcaldía como si fuese el titular de la misma”. Los denunciantes afirman que incluso “asiste a juntas de gobierno, ordenando al resto de concejales de la corporación”. En la desactualizada web municipal sigue figurando como regidor, discurso de bienvenida incluido.

La denuncia que ahora recae sobre Pardellas tiene su origen en otra sospecha. Este Ayuntamiento firmó un convenio con el centro penitenciario de Pereiro de Aguiar para rubricar los certificados de penados obligados a trabajar a favor de la comunidad. Según el relato del informe presentando ante la Guardia Civil y el juzgado de Ribadavia —que incluye documentación gráfica—, vecinos de Melón implicados en procesos judiciales y condenados a realizar esos trabajos no los estarían realizando con el beneplácito de la alcaldía.

El asunto ya fue previamente comunicado a la comandancia de la Guardia Civil de Ourense, donde se interpuso otra denuncia el 7 de noviembre de 2011. En el informe se detalla como el exalcalde declara que tiene conocimiento de varios vecinos que no cumplieron la condena a pesar de haberse certificado lo contrario desde la institución.