Comunidad y Ayuntamiento se enfrentan por la Operación Calderón

Después de años de promesas, retrasos y expectativas más o menos infundadas, la Operación Calderón y por extensión el traslado del Atlético a La Peineta están en el alero. Los convenios firmados con anterioridad que cambiarían el trazado urbano del ámbito Mahou-Calderón vienen a ser papel mojado. ¿La razón? La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha señalado esta mañana durante un encuentro digital en El Confidencial que el Ayuntamiento y el Atlético “tendrán que cambiar el convenio” si quieren seguir adelante con el proyecto, tras ser preguntada por las consecuencias de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid del pasado jueves, que anulaba parte del proyecto y lo limitaba a cuatro alturas.

En concreto, la justicia anuló la modificación puntual en el proyecto Madrid-Río centrado en el eje Mahou-Calderón que permitía “una edificabilidad general por encima de la prohibición legal de edificar una altura superior a tres plantas más ático, incluida la baja, plantas retranqueadas y semisótanos que sobresalgan más de un metro, de manera que la edificación resultante no exceda de dichas tres plantas más ático en todos y cada uno de los puntos del terreno”.

Aguirre ha recordado que, según establecía el convenio, "el Atleti se obligaba a construir numerosas y costosísimas infraestructuras tanto en la zona del Calderón como en la de La Peineta", y que la solución para obtener los recursos "necesarios" era construir "miles de pisos". Al ser aplicable la Ley del Suelo de 2007, que limitaba las alturas a tres más ático en las zonas residenciales, "la solución está clara: quitarles las cargas excesivas y no pretender sacar el dinero para inversiones de las Administraciones Públicas a costa de hacer colmenas en las zonas residenciales. Por tanto, tendrán que cambiar el convenio", ha zanjado la presidenta.

Los últimos cálculos del Atlético le sitúan en La Peineta para la temporada 2014-15. Unos pronósticos por ver, sobre todo cuando los planes originales del club le ubicaban en el estadio de San Blas en 2010.

Horas después de las declaraciones de Aguirre, el Ayuntamiento de la capital, a través de una nota firmada por el vicealcalde, Miguel Angel Villanueva, ha mostrado su confianza en que la Comunidad mantenga una posición de "lealtad y coordinación institucional" en relación con este asunto, informa Efe. Tras conocer ese fallo, el Consistorio dijo que pensaba recurrir de acuerdo con la Comunidad, pero después una nota de la Consejería regional de Medio Ambiente negaba esa posibilidad, a lo que se suman las declaraciones de Aguirre.

"Este tema debe de tratarse con el rigor que merece y no es conveniente mezclar cuestiones que nada tienen que ver con el objeto de la sentencia y el fallo judicial. Una cosa es el Convenio firmado entre el Ayuntamiento y el Atlético y otra es el Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Comunidad que aprueba la modificación del Plan General de Urbanismo para el proyecto Mahou-Vicente Calderón", explica Villanueva, que recuerda que es la modificación del PGOUM lo que ha sido objeto de la sentencia del tribunal.

"Un acuerdo que antes de su aprobación por la Comunidad de Madrid recibió el informe favorable de la Comisión de Urbanismo de Madrid, que está presidida además por la Consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad", subraya Villanueva, que hace hincapié en que "los ciudadanos tienen que tener claro que el Ayuntamiento no va a consentir que el conjunto de los madrileños asuman, a su exclusiva costa, el pago de infraestructuras y obras de urbanización necesarias que requieren los nuevos crecimientos que se producen en la ciudad".

"Éste es, además, el criterio establecido en la propia Ley del Suelo, al exigir que los promotores de suelo asuman costes equilibrados con las plusvalías que reciben", indica, para añadir que se trata de un criterio que aplica también la Comunidad de Madrid, en desarrollos como la prolongación de Castellana, donde el coste de la obra de la ampliación de la Línea 10 de Metro corre a cargo, por así haberlo exigido la propia Comunidad de Madrid, de los promotores de suelo. Por eso el vicealcalde apela a lo dicho por el vicepresidente regional, Ignacio González, el pasado jueves, cuando afirmó, como defiende el Ayuntamiento, que "la limitación de alturas que estableció hace tiempo la Comunidad para los edificios de nueva construcción se refería a nuevos desarrollos y no a suelo consolidado".

Por parte del Gobierno regional insisten en que "en ningún caso se va a modificar la Ley del Suelo ni el límite de alturas establecido". Desde la Comunidad de Madrid recalcan que "la Consejería de Medio Ambiente y Urbanismo no tiene firmado ningún convenio en este asunto". Por lo demás, ofrecerán "toda la colaboración del mundo".