Piden 12 años a una funcionaria que facilitó papeles a inmigrantes por dinero

La primera sesión del juicio contra una funcionaria de la Brigada Provincial de Extranjería y Documentación de Madrid ha consistido en la elección de los nueve miembros del jurado y los dos suplentes. La funcionaria está acusada de facilitar, a cambio de entre 2.000 y 5.000 euros, documentos falsos a 20 extranjeros para que pudieran conseguir permisos de residencia.

La declaración de la acusada y de sus tres presuntos cómplices en la trama se demorará hasta mañana, cuando empiecen los interrogatorios de las partes personadas y del ministerio público. En el banquillo de los acusados, además de la funcionaria Ana María L.V., que se enfrenta a una pena de doce años de prisión por los delitos continuados de falsedad documental y cohecho, se han sentado otras tres personas -Lester Donnie M.L., Virgilio S.L. y Ashley H.P.-, de nacionalidad venezolana, dominicana y cubana, respectivamente, que captaban a los ciudadanos extranjeros.

Para éstos últimos el Ministerio Público solicita una pena de cinco años de prisión por un delito de cohecho. Además, la fiscal acusa a Alejandra L.P., abogada especializada en temas de extranjería, de actuar como intermediaria y asesora de los inmigrantes haciéndoles creer que la entrega del dinero era un requisito necesario para la obtención de los permisos de residencia, por lo que la pide también cinco años de cárcel. El relato provisional de la fiscal cuenta que durante los años 2005, 2006 y 2007, Ana María L.V. alteró hasta en treinta ocasiones los datos informáticos de inmigrantes para facilitarles la obtención de permisos de residencia.

Ana María llegó a modificar diversos datos claves para la tramitación de los permisos de los inmigrantes como su tiempo de permanencia en España o sus antecedentes penales, llegando a cobrar un total de alrededor de 60.000 euros. El juicio se celebrará con jurado popular en la sección veintitrés de la Audiencia madrileña.