Los empleados públicos salen a la calle contra los recortes de Aguirre

Después de más de un mes de movilizaciones y concentraciones frente a sus lugares de trabajo, unos 20.000 empleados públicos de Madrid se han manifestado por las calles de la capital convocados por CC OO, UGT, CSIF y CSIT-UP. Bajo el lema Lo público es de todos. ¡No a los recortes!, los asistentes han protestado contra los recortes que el Gobierno regional incluyó en la Ley de acompañamiento de los presupuestos antes de Navidad. La marcha ha arrancado a las seis y media de la tarde en la plaza de Neptuno y ha concluido en la Puerta del Sol.

La protesta, que ha obligado a modificar el itinerario de 25 líneas de la EMT, ha sido muy heterogénea y ha tenido varias cabeceras, ya que se han sumado maestros, bomberos con su uniforme -está prohibido-, policías de paisano con prótesis en el trasero y lemas como Nos han dejado con el culo al aire, agentes forestales, funcionarios de justicia, sanitarios, empleados de Metro... En las pancartas se han visto también ecos del 15-M y de su No nos representan. Algunos bomberos han escalado al andamio de la fachada de Alcalá 22, en obras, donde han descolgado una pancarta con el lema Bomberos quemados.

El malestar es palpable entre los asistentes. “Hemos perdido todo lo que habíamos ganado. Echan la culpa a la crisis y como consecuencia de eso, nos quitan los derechos. Ya no podemos ni ponernos enfermos”, critican dos profesoras de unos 45 años con sendas bufandas de la marea verde. “Pretenden privatizarlo todo. El que tenga dinero tendrá médico, como en Estados Unidos”, añade  una joven con la bata azul destinada al quirófano. “Pretendemos que no recorten lo público y habrá más movilizaciones”, afirma Laura García, una empleada del Gobierno regional.

Los empleados públicos han desafiado las bajas temperaturas de la capital  portando carteles con lemas como Educar es invertir, No a los recortes y Recortes completos a reyes y clero. "Menos voluntarios, más bibliotecarios", ha sido otro de los lemas coreados en relación con la propuesta del Ayuntamiento de Madrid de utilizar voluntarios en lugar de profesionales del sector. En la manifestación han aprovechado para repartir folletos contra los desahucios. También se han recogido  firmas para frenar el cierre del centro de especialidades de Fuencarral previsto para el 1 de marzo.

La marcha ha sido tan multitudinaria que, mientras la cabecera llegaba a la Puerta del Sol, el final de la protesta estaba todavía en la plaza de Cibeles. Han tenido que pasar más de 45 minutos para que los que cerraban la manifestación accedieran a la zona donde del escenario desde el que se ha leído un manifiesto contra los recortes en el sector público. En el cielo, lucía una radiante luna llena.

Javier López, secretario general de CC OO de Madrid, ha definido la marcha como la "marea de mareas de todos los colores", en referencia a la marea verde protagonizada desde septiembre por los profesores madrileños y a la blanca que acaban de iniciar los sanitarios. "Espero que tome nota el Gobierno de Esperanza Aguirre de esta manifestación", ha destacado por su parte el secretario general de UGT-Madrid, José Ricardo Martínez, informa Efe.

Son dos las decisiones que han enfurecido a los empleados públicos, informan Pilar Álvarez y Elena G. Sevillano. Por un lado, el aumento de la jornada laboral de 35 a 37,5 horas semanales, que según cálculos de EL PAÍS podría suponer la pérdida de 8.000 empleos al dejar de cubrirse esas horas con personal interino o eventual. Se trata de una estimación grosso modo resultante de dividir la ampliación de horas al año (12 millones) entre la jornada anual laboral que ahora tendría un trabajador con 35 horas semanales: 1.533 horas. El resultado es el equivalente a la jornada completa de 7.827 trabajadores en un año. Según los sindicatos, supondrá la pérdida de 11.000 empleos: 5.000 puestos en sanidad, 3.000 en educación y otros 3.000 en el resto de la función pública.

Y por otro, la penalización a los funcionarios y demás empleados públicos que se pongan enfermos y estén de baja. Esta medida, que la Comunidad de Madrid ha justificado en el ahorro, pero sobre todo en reducir el absentismo -algo que nunca ha cuantificado-, provoca desigualdades entre las diferentes consejerías e incluso entre los centros de trabajo de los empleados. En algunos casos, dejarán de cobrar parte de su sueldo a partir del cuarto día de baja; en otros, a partir del cuarto mes; y finalmente habrá algunos que pierdan dinero a partir del séptimo mes.

La marcha es el colofón de toda una serie de movilizaciones y asambleas informativas que se han desarrollado en los centros de trabajo a lo largo del mes de enero contra la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas -conocida como Ley de Acompañamiento o Ley Escoba- aprobada el pasado mes de diciembre y que contiene la ampliación de la jornada semanal y la penalización de las bajas.

Según el manifiesto elaborado por los convocantes de la manifestación, aprobar estas medidas en el marco de la Ley Escoba supone una "flagrante e intolerable invasión en el derecho a la negociación colectiva". "Todos estos recortes forman parte de la estrategia privatizadora de los servicios públicos que lleva a cabo el Gobierno de Esperanza Aguirre", sostiene el manifiesto.