El fiscal retira los cargos a los tres policías acusados por el robo de droga en Jefatura

El final de una pesadilla para tres mandos de la policía de Sevilla llegó ayer. La petición de archivo del delito imputado a los policías por parte de la fiscalía en el caso del robo de 154 kilos de cocaína y heroína en la Jefatura Superior de Policía, supuso ese ansiado final tras un prolongado calvario. Es el prólogo del carpetazo judicial a una triple imputación por una supuesta omisión del deber de cumplir delito que causó conmoción en el cuerpo, enfrentó a la Udyco (Unidad contra la Delincuencia y el Crimen Organizado) con los investigadores de Asuntos Internos, y sembró de dudas la profesionalidad los tres mandos que ayer fue en parte restituida. Sin embargo, el coste de la acusación que la fiscalía y la juez del caso, la titular del Juzgado de Instrucción 19 de Sevilla, Ana Escribano, han mantenido durante más de tres años, ha sido muy alto para el exjefe de la Udyco y dos jefes de grupo.

“Agotadas todas las vías de investigación, no puede afirmarse que haya motivos suficientemente razonables para mantener una acusación”, reza el escrito que el fiscal antidroga remitió ayer a la magistrada para argumentar el sobreseimiento provisional. “Tampoco hay pruebas, ni indicios suficientes, de que la actuación de los funcionarios imputados tuviera por finalidad desviar la investigación”, añade. Tras la petición del fiscal, esta acusación será archivada por la juez al no existir acusación particular. Mientras, el principal acusado, Lars Sepúlveda, permanece en prisión al igual que un exsocio suyo, ambos acusados de perpetrar el robo. Se intervinieron unos 700.000 euros y las esposas de los detenidos también fueron imputadas, pero la droga robada no ha podido ser recuperada.

El fiscal reconoce en su escrito que el hallazgo de los perfiles genéticos de los policías entre los paquetes de droga de los calabozos de comisaría no es suficiente para demostrar su culpabilidad. Tampoco que el tiempo que tardaron en comunicar a la juez la desaparición de la droga, “puede considerarse excesivo”. En una cerradura de acceso a los calabozos se encontró un trozo de cinta de embalar, pero “no se ha podido acreditar quién la puso allí”.

Para llegar al calabozo con los alijos eran necesarias cuatro llaves y en la instrucción quedó comprobado que “cualquier funcionario” podía usar los juegos de llaves a disposición de todos los agentes de la Jefatura Superior. Esta alarmante carencia de seguridad que padecía la comisaría fue achacada a los tres agentes por los investigadores, pero los testimonios ante la juez de otros mandos policiales atribuyeron la responsabilidad de la seguridad de los calabozos al antiguo jefe superior, Enrique Álvarez Riestra, y “en todo caso” a su brigada de Seguridad Ciudadana, pero nunca a los miembros de la Udyco que ya antes habían denunciado esta falta de seguridad.

Desde el comienzo de la investigación, los tres mandos colaboraron con Asuntos Internos para hallar al culpable después de encontrar indicios que apuntaban a Sepúlveda. A pesar de esta colaboración, Asuntos Internos mantuvo la tesis de que los policías conocieron el robo y no lo comunicaron a la juez, ocultaron información a la investigación, y quisieron adelantar la quema de alijos para ocultar su responsabilidad. En este ímpetu, que finalmente ha resultado infundado según el fiscal, Asuntos Internos puso un micrófono oculto al exjefe de la Udyco y le acusó de colaborar con el clan de narcotraficantes de Los Barriga. La fiscalía acumuló unos indicios tan débiles en su acusación, que tras el juicio, el fallo de la Audiencia para absolver al mando policial, solo se retrasó un día.

Ayer agentes de la policía sevillana recordaron al inspector José Manuel Tirado, que falleció de un infarto tras el estrés acumulado y la presión de una investigación que tardó más de un año en detener a Sepúlveda, a pesar de los claros indicios en su contra.