Celaá avanza nuevos compromisos del mundo educativo sobre la convivencia

El conjunto de los grupos parlamentarios respaldaron ayer en la Cámara el documento impulsado por Educación y que suscribieron el pasado 30 de diciembre una veintena de instituciones y agentes educativos. La consejera, Isabel Celaá, desveló en su comparecencia que 1.500 alumnos han recibido ya el testimonio de las víctimas y que todos los agentes firmantes están ahora dispuestos a acogerlas.

Celaá puso en valor el paso que supone el compromiso de todos ellos y solo lamentó que los sindicatos ELA, LAB y STEE-EILAS, a los que evitó mencionar expresamente, respaldaran el texto en su día. En su día adujeron problemas de plazos, desacuerdos laborales “o de otra índole”, dijo, pero lo cierto es que ninguno de ellos ha mostrado tampoco después interés en sumarse al acuerdo.

El PNV culpa de las ausencias al “poco tiempo” que habría dado el Gobierno

El documento, a cuya firma otorgó la consejera una gran trascendencia, establece, a su juicio, una determinante toma de posición del mundo educativo ante el “nuevo tiempo” abierto por el anuncio de cese definitivo del terrorismo. Celaá ve abiertas las voluntades de todos los agentes que se implicaron en él a avances futuros respecto de ese compromiso inicial. Lo defendió como una apuesta “muy de fondo” y y “un compromiso muy, muy serio”, del que espera desarrollos añadidos.

Precisamente a esa expectativa se confió el PP, el socio del Gobierno y el único grupo que dejó ver reticencias y exigencias. “Esperamos que sea el primer paso de una serie de compromisos más importantes”, dijo su portavoz en el debate, Iñaki Oyarzábal. Celaá le agradeció que hubiera considerado “un éxito” la iniciativa, pero Oyarzábal le advirtió que no se quedara solo con ese reconocimiento, al tiempo que consideró “llamativo” que haya costado 30 años lograr un pronunciamiento así.

El PNV, en sentido inverso, centró su crítica en los plazos. “No entendemos el poco tiempo que la comunidad educativa ha tenido para debatir” el texto, dijo su portavoz, Maribel Vaquero. A ello atribuyó la ausencia de “una parte de la comunidad educativa”.

El portavoz popular mostró preocupación por la ausencia de cita expresa a ETA —la consejera la justificó en que habría obligado a hacer lo propio con el GAL y otros grupos— y lamentó que el texto no fuera “más valiente y pegado” a la realidad de un país azotado tantas décadas por el terror. “Para nosotros es indispensable que la escuela vasca esté en primera línea de las deslegitimación del terrorismo”, dijo Oyarzábal, que rechazó que el mundo educativo pueda ser “mero observador”. El popular recordó los estudios que revelaron que el 30% de los jóvenes vascos justificaban la violencia para obtener fines políticos, asesinatos incluidos en el 15%.

Para el PP, el compromiso real debe garantizar que la escuela “vele por la construcción de un relato que se ajuste a la verdad” y ayudar a dar “la batalla del lenguaje”, en la que algunos “se resisten a ceder ni un milímetro”. La educación tiene también la responsabilidad de barrer la idea de que tener unas u otras ideas redunde en que resulte natural considerar a parte de los ciudadanos como “ajenos, de segunda o antivascos”.

Celaá afirmó que el documento supone justamente la implicación de la educación “en el relato”, después de décadas de “silencio y aparente neutralidad”, aunque recordó que también hubo profesores que arriesgaron y “salieron al patio cada vez que el horror se producía”. “Entiendo que se diga que se puede ir más allá”, le admitió a su socio.