Canal 9 compra programas a una firma vinculada al director de antena
La oposición exige cuentas por tres documentales que costaron 200.000 euros
Los partidos de la oposición arremetieron ayer en las Cortes Valencianas contra la política de contratación de programas de Canal 9 tras conocer que se habían pagado 200.000 euros por la compra de tres documentales a una firma vinculada con el director de Antena de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV), Fernando Quintela. Los socialistas reclamaron al presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, que explique la operación; Compromís pidió una comparecencia del director general de la cadena, José López Jaraba; y Esquerra Unida calificó de “muy sospechosa” la compra. Quintela, por su parte, negó ayer que tuviera ahora una vinculación con la empresa y aseguró que los documentales se encargaron antes de su llegada a Canal 9.
Aunque dada la actual línea informativa de RTVV, criticada hasta por sus propios trabajadores, sería más noticia que en Canal 9 se emitiera un reportaje sobre los casos de corrupción que asolan la política valenciana, han sido tres documentales de temática diversa (el juez Baltasar Garzón, los GAL y el líder socialista Alfredo Pérez Rubalcaba) los que han desatado la última polémica. Y los tres se han comprado a la productora Triskel Audiovisual, SL, empresa con vínculos con Quintela, director de Organización y Desarrollo de la cadena ultraconservadora Intereconomía TV hasta su reciente fichaje por RTVV.
Documentales sobre
Uno de los documentales, el único emitido hasta ahora (el 24 de enero), se titulaba Garzón: el jutge estrela al descobert, y abordaba en tono crítico con el juez los problemas judiciales de Baltasar Garzón. El de Rubalcaba no se ha emitido. Y el dedicado a los GAL se aplazó sin fecha, después de anunciarse su emisión, porque esta coincidió con el anuncio de ETA de dejar las armas.
La compra por 200.000 euros de los tres documentales se realizó a la productora (Triskel Audiovisual) que tiene un amigo de Quintela llamado Luis Valero con el hermano de este último. Una productora gemela, ya que ambas tenían su sede social en el mismo domicilio de Valencia, de la que tenía hasta principios de 2011 el propio Fernando Quintela: 25 Frames Audiovisual.
El socialista Josep Moreno
“Que un directivo de la cadena pueda llegar a autoadjudicarse contratos por valor de cientos de miles de euros es de una extrema gravedad”, denunció ayer el portavoz socialista en la comisión de control a RTVV, Josep Moreno, que aseguró que estas informaciones confirman “el sistemático saqueo al que se ha sometido la RTVV”. Y también cuestiona que se gaste un dinero que RTVV no tiene (debe 1.200 millones de euros) en beneficio “de quienes están encargados, curiosa paradoja, de ejecutar un expediente de regulación de empleo (ERE) que dejará en la calle a más de 1.300 trabajadores”. Finalmente, Moreno exigió que el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, explique por qué se compraron estos tres reportajes a “un precio desmesuradamente alto”.
Desde Compromís, el portavoz en las Cortes Valencianas, Enric Morera, solicitó una comparecencia de López Jaraba, para que explique “la compra de unos reportajes lamentables a 200.000 euros a una empresa propiedad de Fernando Quintela, contratado en verano de 2011 a dedo por el director general”. Compromís también destaca que Quintela se encargará de ejecutar el ERE de RTVV. Y Guillermo Sampedro, miembro del consejo de RTVV a propuesta de EU, calificó ayer de “muy sospechosa” la contratación de los programas por “un valor desorbitado”.
Quintela afirma que se
Fernando Quintela reconoció ayer que fue socio de Luis Valero en 25 Frames Audiovisual, y que tenía sede social en la vivienda en Valencia de este último. Pero aseguró que se deshizo de su participación al entrar en Intereconomía TV: “No me parecía bien estar en una televisión y en una productora”. Luego Valero creó su productora, con la que Quintela niega cualquier vinculación: “Nunca he tenido nada que ver con Triskel”. También asegura Quintela que los programas se contrataron en verano de 2011, es decir, antes de su llegada (a finales de septiembre) al organigrama de la dirección de RTVV. Y añade: “En Canal 9 no tengo ninguna competencia para comprar o contratar”.
Dinero público y teles privadas
Si los partidos de la oposición se enfadan cuando se despilfarra dinero público en una televisión pública como Canal 9, su indignación es quizá mayor cuando se destinan fondos de todos para televisiones privadas. Y, más aún, si encuentran que se trata de empresas con vínculos con gobernantes del PP. Ayer se denunciaron dos casos en Gandia y Castellón.
El concejal del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Gandia Vicent Mascarell denunció que las dos televisiones privadas beneficiadas con una adjudicación de más de 3,5 millones de euros en tres años (0,5 millones de euros más IVA anuales a cada una) por parte de la empresa Iniciativas Públicas de Gandia (IPG) “están directamente vinculadas al propio alcalde de Gandia, Arturo Torró, y a su amigo, el alcalde de Xàtiva Alfonso Rus”, también presidente de la Diputación de Valencia.
“Es un escándalo de magnitudes sin precedentes”, afirmó Mascarell tras asegurar que Torró ha destinado así 1,7 millones de euros en tres años (ampliables en otros tres) a “una televisión que él mismo ha confirmado que medió en su compra y que es vox pópuli que allí quien manda es él”. De hecho, según Mascarell, Torró ha asegurado que hasta el acuerdo de venta se firmó en su despacho.
Mascarell también vincula esta ayuda con el cierre de la televisión pública local, Gandia Televisió. La también concejal socialista Ana García añadió que la televisión local costaba 825.000 euros al año (un millón ahora para las dos privadas) y daba trabajo a 40 profesionales. Según el PSPV, Gandia “pierde una televisión pública, en valencià y de calidad para darle dinero de todos a la televisión de Torró”.
Marina Albiol, diputada de Esquerra Unida en las Cortes Valencianas, denunció por su parte otro escándalo similar en Castellón. Así, ayer aseguró que EU solicitará todas las facturas de la firma pública Castellón Cultural relacionadas con pagos a la “televisión pirata de Castalia TV”, una emisora “sancionada por el Consell por emitir ilegalmente”.
“La ciudadanía tiene derecho a saber cuánto se gastó José Luis Gimeno [ex alcalde de Castellón] en una televisión de su socio Josety [José Luis Tirado, exasesor de Gimeno]”, exclamó Albiol, “ese dinero proviene de sus impuestos y han sido malgastados impunemente”. Según Albiol, el local empleado por Castalia TV era propiedad de Gimeno.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
