La absolución de Camps da aire a Castedo por su acusación en Brugal

La absolución del expresidente del Consell Francisco Camps en el caso de los trajes ha supuesto, indirectamente, un balón de oxígeno para su más destacada defensora en Alicante, la alcaldesa, Sonia Castedo, del PP. La regidora está acusada por el fiscal Anticorrupción en la pieza del caso Brugal que investiga un supuesto amaño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad en favor del promotor Enrique Ortiz.

Pese a que Castedo aún no está imputada en el sumario, el PP ya había tanteado el terreno para el relevo de la regidora. No obstante, la alcaldesa ha tomado ahora nuevo impulso y fuentes de su entorno ven más factible que pueda continuar en el cargo aun en el supuesto de que acabara finalmente imputada.

La imputación de Castedo en el sumario del PGOU está en manos del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana, dada la condición de aforada de la regidora, que compagina este cargo con el de diputada autonómica. Esta posibilidad, dada la evolución de la instrucción del sumario (todavía en la fase testifical) se pospondrá con toda seguridad hasta después del verano.

La operación de relevo de Castedo se ha frenado a la espera del devenir político de Camps y de la resolución del inminente proceso congresual de los populares. Primero el cónclave regional y, a continuación, el provincial.

“En Madrid ya

Desde mediados de junio, cuando el juez levantó el secreto del sumario del caso del PGOU y trascendió a la opinión pública la explícita connivencia entre la alcaldesa, su antecesor en el cargo y ahora diputado autonómico Luis Díaz Alperi, y el promotor Ortiz, Castedo se aprestó a defender su inocencia y a cuestionar el juicio paralelo que, según ella, se estaba haciendo desde los medios de comunicación.

El primer comentario que realizó Castedo tras la absolución de Camps fue la alusión al “juicio paralelo” que ha sufrido el expresidente durante tres años. Aunque precisó que no quería compararse con Camps sí dejó entrever que ella estaba siendo víctima de esa situación desde hacia ya un año, cuando comenzaron a filtrarse las primeras diligencias del sumario del PGOU.

Los seguidores de Castedo ponen el énfasis en que Camps, acusado, imputado y procesado, ha sido finalmente absuelto. Y también critican la fría actitud de Alberto Fabra con Camps durante el desarrollo del juicio de los trajes. Castedo, junto con la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, y el presidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, fueron los únicos tres altos cargos del PP que arroparon a Camps con su presencia en la sala de vistas, en una de las jornadas del juicio.

La presión mediática llevó a la regidora a enrocarse a medida que pasaban las semanas y se destapaban nuevos datos del caso Brugal, como la imputación de su hermano, el abogado urbanista, José Luis Castedo, y la declaración, como testigo, de su amiga y asesora, Julia Castelló, por el supuesto regalo de un coche de la marca Mini.

En paralelo a ese aislamiento, también comenzó a diluirse su protagonismo en el equipo de gobierno en favor del concejal de Hacienda, Juan Seva.

Precisamente, fue Juan Seva el primer elegido como sustituto de Castedo al frente de la alcaldía, en una operación que contaba con el visto bueno de la dirección nacional del PP. El edil, en cambio, negó esa posibilidad y alegó que nadie le había ofrecido nada.

Fuentes del PP señalan que la intensidad del acoso interno a Castedo para que deje el cargo estará en función de la firmeza del mandato del líder nacional del PP, Mariano Rajoy, al presidente regional de los populares valencianos, Alberto Fabra, para que haga tabla rasa con la herencia del campismo y su legado de sucesivos casos de corrupción. “En Madrid están ya hartos de la Comunidad Valenciana”, aseveran esas fuentes en alusión a la cascada de noticias vinculadas a escándalos que exporta la Comunidad Valenciana.

Otro elemento que destacan esas fuentes para calibrar las posibilidades de Castedo de resistir en la alcaldía de Alicante es el resultado final de la ponencia sobre nuevo código ético del partido que salga del congreso regional. Ese documento lo está elaborando el propio Alberto Fabra y no descarta plantear la posibilidad de que los cargos públicos del partido imputados tengan que dejar obligatoriamente el puesto.