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Botella propone mantener una parte de la Cañada Real y derribar el resto

El Ayuntamiento de Madrid descarta desmantelar sin distinciones el asentamiento

El Consistorio realiza un censo en su franja del asentamiento

Hay construidos 1.825 edificios y 88 locales que dan trabajo a 209 personas

Un tramo de la Cañada Real. Ampliar foto
Un tramo de la Cañada Real.

“En la Cañada Real se asienta de manera permanente un volumen importante de población madrileña, que tiene unos derechos y también unos deberes. La situación de ilegalidad de la inmensa mayoría de parcelas es un aspecto fundamental, pero no puede ser el único”, señala el informe social hecho por el Ayuntamiento de Madrid como primer paso para solucionar este problema y al que ha tenido acceso este diario.

 “Un número importante de madrileños vive permanentemente” allí, en “su vivienda principal, en la que han formado un hogar”. ¿Qué hacer entonces? “La expulsión de esta población y la restitución de la Cañada a su estado original no solucionaría el problema, que se trasladaría a otros lugares y dejaría a muchos de sus habitantes en una situación mucho peor”. Pero tampoco se puede realojar o compensar a todos porque causaría “un agravio comparativo” respecto a otras intervenciones en núcleos chabolistas.

Se niega al realojo de todos los habitantes por ser un "agravio comparativo"

Según el estudio, “el equilibrio resulta muy complicado”, sobre todo en época de crisis, con “las políticas de contención de gasto publico”. Pide así “unas elevadas dosis de realismo”.

La Cañada Real es una vía pecuaria de 12.891 metros de longitud y un ancho de entre 40 y 80 metros. Discurre por Coslada, los distritos madrileños de Vicálvaro y Villa de Vallecas, y Rivas-Vaciamadrid. La mitad (seis kilómetros y medio) corresponden a la capital. En esta franja, el Ayuntamiento ha realizado un censo de fincas y ocupantes en virtud de la ley regional de marzo de 2011.

La norma —rechazada por la oposición y por esos tres municipios— permitirá desafectar los terrenos. Si en un plazo de dos años no se alcanza un acuerdo social entre Comunidad, Ayuntamientos y delegación del Gobierno, el Ejecutivo regional podrá disponer libremente del suelo.

¿Qué propone el Ayuntamiento de Madrid? Para empezar, ve inviable que se legalice el asentamiento, porque incumple “radicalmente” los mínimos urbanísticos exigibles. Está demasiado cerca del vertedero de Valdemingómez y del Parque Regional del Sureste; y demasiado lejos de otros núcleos urbanos. Cercado por grandes carreteras y con una morfología lineal que “dificulta la movilidad”, no cuenta con servicios ni transporte público. Una “enorme cantidad de viviendas está en mal estado”. Su tejido social es “una combinación de grupos muy problemática y poco sostenible”, con “tendencia a formar guetos” y “un potencial de vulnerabilidad muy elevado”. Y cuenta con el problema añadido de las actividades delictivas que allí florecen, así como de asentamientos “especulativos” (como estrategia de negociación para conseguir beneficios de las Administraciones).

Se rechaza también “absolutamente” remozar el asentamiento, “pues es muy previsible que en pocos años sufriese un deterioro continuo y permanente”. Ni hablar de crear un nuevo barrio, ni tampoco de la solución “muy radical” de desmantelar el complejo.

¿Entonces? El Ayuntamiento apunta en este informe una “proposición abierta” que pasa por regularizar algunas áreas de viviendas y locales, y tirar abajo otras para levantar en su lugar zonas verdes. Y, entretanto, “cuidados paliativos”. 

El censo del Ayuntamiento de Madrid se realizó con la ayuda de la Universidad Complutense —y “enormes dificultades”— entre el 1 de junio y el 23 de julio de 2011. Un grupo de 20 entrevistadores recorrió la franja madrileña de la Cañada. Descubrió un territorio ocupado mediante la creación de parcelas delimitadas, un proceso “con un enorme grado de anarquía” que se remonta más de 30 años atrás, pero que “se aceleró ostensiblemente en la segunda parte de los años noventa” y “se ha ralentizado de manera notable en los últimos cuatro años”.

Entre la droga y el estereotipo “sin base real”

La Cañada es “el gran mercado de la droga de Madrid”, con un “continuo trasiego de compradores”, sobre todo en algunas parcelas que son “castillos inexpugnables”. Pero esta “trama muy extensa de actividades ilegales”, que incluye también el robo y desmantelamiento de vehículos, solo afecta a algunas zonas de la franja, según el censo.

 Los vendedores, gitanos, obtienen “inmensos beneficios”. Compradores hay “de buen nivel social”, que consumen la droga fuera de la Cañada, pero también cerca de un centenar que lo hace allí mismo, donde además vive, en tiendas o vehículos. En la Cañada se vende, según cita el estudio, el 90% de la droga de la región. En parte a ello responde el “estigma social muy negativo” construido “en su mayor parte” por los medios, y con “una base irreal”. “No se puede cambiar este estereotipo si no se cambia la realidad social y territorial de una forma radical”, añade el censo.

 Este censo identifica 868 parcelas (467 en Vallecas, 401 en Vicálvaro), de las que solo el 10,8% no están delimitadas (en su mayoría, chabolas). En total hay 1.825 edificaciones, siete de cada 10, residenciales. En total, hay 1.521 viviendas, el 90,9% ocupadas (un 9% son segunda residencia), en las que viven 5.004 personas. Además, se han identificado 83 locales con actividad económica, que dan empleo a 209 personas.

Pese a que todas estas parcelas y edificaciones son irregulares (por estar sobre una vía pecuaria), hay personas residiendo allí que compraron su vivienda sin saberlo. “La propiedad en la Cañada es una percepción más que un derecho real”, pero “muchos vecinos” se creen propietarios de sus viviendas (el 85,4%) o, en su defecto, inquilinos. El estudio recuerda que “han sido construidas en algunos casos con fuertes inversiones personales y familiares”, y “son su único cobijo”. De hecho, el 27,3% paga el impuesto sobre bienes inmuebles, un porcentaje que asciende al 52,9% en Vicálvaro, lo que “implica una actitud de normalización”. El resto, añade el estudio, “utiliza esta cuestión como estrategia para un acceso a la vivienda pública de realojo”.

» Situaciones peligrosas. De las 1.383 viviendas ocupadas, 1.070 son casas bajas, 72 pisos, 119 chalés y 76 chabolas. De ellas, el 46,2% tiene menos de 11 años, el 38,7% entre 11 y 25 años, y el 15,3% son más antiguas. Casi todas tienen agua corriente (89,5%) y electricidad (97,8%), aunque en muchos casos han sido instalados por los propios vecinos, por lo que “existen situaciones de mucha peligrosidad”.

» Infraviviendas. Tan solo hay 22 viviendas de menos de 25 metros cuadrados. En 417, sin embargo, sus ocupantes viven hacinados, lo que afecta a 2.186 personas, casi la mitad de la población total, y es uno de los “principales problemas residenciales”. Seis de cada 10 viviendas están en buen estado. Cuanto más antiguas, mejor. La mitad de la población, en cualquier caso, ocupa viviendas deterioradas.

» Un tercio de extranjeros. El 52,5% de la población de la Cañada madrileña son hombres (en toda la ciudad, son el 46,9%). La media de edad es muy reducida, 25,1 años; el 16% son niños de cero a cuatro años (en la capital, el 4,9%), y el 38% son jóvenes entre cero y 15 años (en la capital, el 14,3%). Un tercio de sus habitantes son extranjeros (solo supera esta proporción el barrio de San Cristóbal, en Villaverde, con cuatro de cada 10), en su mayoría magrebíes (78%). De los 5.004 habitantes censados, 1.937 son gitanos españoles.

» Sin estudios, sin trabajo. La mitad de la población mayor de edad no tiene estudios, y casi ocho de cada 10 alcanzó como máximo la educación primaria. Además, un 38,4% de los niños en edad no están escolarizados. Estos dos problemas afectan sobre todo a los gitanos, y en menor medida a los magrebíes. En cuanto a la tasa de paro, la media es el 34,8%, con dos extremos: el 21% de los gitanos y el 54% de los magrebíes.

» 209 puestos de trabajo. Respecto a los locales, hay 83 con actividad económica, dos de asociaciones de barrio y tres religiosos. En su mayoría se dedican a la hostelería y la construcción, aunque también hay talleres mecánicos, cerrajerías, artes gráficas, etcétera. Dan empleo a 209 personas. El 30,4% pagan impuestos y tienen licencia de actividad; el 38%, ni lo uno ni lo otro.

» Área de influencia. La Cañada “se ha extendido a los espacios limítrofes”, con construcciones que son “consecuencia directa de su existencia”. En concreto, hay 113 parcelas, 92 de ellas ocupadas por viviendas, sobre todo en Vicálvaro, junto a la A-3. Es un fenómeno que solo se da en algunos lugares de la franja.

Se han censado 350 edificios (casi todos, casas bajas), que alojan a 662 personas. Su desarrollo es muy reciente (a partir del año 2000), están más deteriorados que los de la Cañada, y “suelen estar en lugares muy problemáticos, como por ejemplo encima del túnel de las vías del AVE”. En un 51,4% están habitados por extranjeros (58% de marroquíes, 22% de rumanos). El 27,2% del total son gitanos.

» ¿Qué solución cabe? El Ayuntamiento descarta desmantelar sin más el asentamiento porque “se ha generado un derecho que no permite la expulsión de muchos vecinos”; se crearía además un “conflicto social” y “nuevos núcleos de infravivienda” en otras partes. No tiene capacidad para realojar además a corto plazo al menos 1.547 personas.

Así, su “proposición abierta” pasa por “consolidar y legalizar” los primeros tramos ubicados en Vicálvaro, “claramente sostenibles y viables”, conectándolos con Valdecarros y otros barrios nuevos. Esto afectaría a 207 parcelas, con 395 edificios y 611 habitantes (siendo minoría los gitanos y extranjeros).

Además, cambiaría los límites municipales para incorporar un tramo a Rivas-Vaciamadrid (desde la M-50 a la zona de Arroyo Miguélez), donde se puede “consolidar perfectamente” de manera parecida. Esto afectaría a 88 parcelas, 144 viviendas y 591 personas (el 46%, magrebíes, “lo que presenta inconvenientes porque descompensa”). También trasladaría a este municipio gran parte de la actividad económica existente. Y se crearían dos zonas especiales para los demás locales.

El resto del asentamiento (incluido el área de influencia) se tiraría abajo para hacer zonas verdes, realojando a sus pobladores. Son 709 parcelas, 1.292 viviendas y 4.464 personas (el 47%, gitanos; el 23,5%, magrebíes). “Al menos un 40%” de familias deberían resolver por sí solas su necesidad de vivienda. Al resto se las realojaría, siempre y cuando cumplan los baremos habituales en este proceso.

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