El Síndic pide más cámaras de videovigilancia en las prisiones catalanas

“No hay mejor versión [de los hechos] que las grabaciones”, ha afirmado hoy el síndic de greuges, Rafael Ribó. En la presentación del informe de la Autoridad Catalana de Prevención de la Tortura, el Síndic ha pedido que los centros penitenciarios instalen más cámaras de videovigilancia en zonas donde ahora son prácticamente inexistentes, como las dependencias donde cachean a los presos.

Es una “garantía para todos” que sirve para “prevenir malos tratos y hacer frente a cualquier queja”, ha añadido Ribó, que pide que se instalen también en los pabellones hospitalarios penitenciarios, en las comisarías de la policía local y en los furgones de traslados de presos.

La Autoridad Catalana de Prevención de la Tortura ha realizado 17 visitas, sin previo aviso, durante este año: seis prisiones, ocho comisarías de policía, un centro de justicia juvenil, un centro de protección de menores y un centro de personas con discapacidad. En sus conclusiones, no se han detectado torturas. “Es una palabra muy gruesa”, ha explicado Ribó, y ha insistido en la función “preventiva” de la Autoridad.

El informe, que Ribó ha entregado hoy a la presidenta del Parlament de Catalunya, Núria de Gispert, recoge 22 recomendaciones. Entre ellas, imprimir el número de identidad profesional de los funcionarios de vigilancia penitenciaria en todas sus prendas, crear un cuerpo de trabajadores con formación específica del ámbito de la justicia juvenil y que las policías locales informen inmediatamente al colegio de abogados de la detenciones (ahora esperan a que pasen a disposición de los Mossos, según Ribó).

La Autoridad no ha podido entrar hasta el momento en los centros de internamiento de extranjeros (CIE). “Está más que demostrado que hay unas condiciones que seguro que permiten la existencia de malos tratos”, se ha quejado Ribó, que ha lamentado la poca colaboración del anterior delegado de Gobierno, Joan Rangel.

En concreto, Ribó se ha referido a malas condiciones en la alimentación y a una situación de “amontonamiento” en las dependencias para los extranjeros. Son situaciones de las que tiene constancia a través de las quejas que ha recibido, pero que “no han podido comprobar” por puesto que no han entrado. Ribó no ha solicitado hasta el momento visitar los CIE porque las competencias son estatales y, por tanto, del Defensor del Pueblo. Aunque sí ha pedido explicaciones, sin éxito, a la delegación de Gobierno. Ambas figuras están pendientes de firmar un convenio que permita al Síndic supervisar las condiciones en los CIE.