Aguirre amplía dos horas y media la jornada semanal a 120.000 funcionarios

La Comunidad de Madrid aprovecha los últimos días del año para incluir una modificación en la normativa que afecta a 120.000 funcionarios y trabajadores públicos regionales, el 70% de la plantilla. Ampliarán 2,5 horas su jornada semanal (de 35 a 37,5). El grupo parlamentario popular ha incluido 25 enmiendas a la Ley de Acompañamiento, que aprobará previsiblemente el jueves. La filosofía de esta medida, según un portavoz oficial, es “aumentar la productividad”. Serán 12 millones de horas más de trabajo al año. Lo que no especifica el Gobierno es de cuántos empleados eventuales prescindirá tras la ampliación horaria. Pero el aumento de horas equivale a casi 8.000 contratos menos.

El Ejecutivo regional, que dirige Esperanza Aguirre, espera ahorrar 82,7 millones con la medida. “Se trata de que con la misma gente haya más productividad y que no se tenga que contratar a trabajadores extra”, explica un portavoz de la Consejería de Economía.

“No es una medida para despedir a gente o prescindir del personal que ya hay”, añade, sin ofrecer el desglose de los cálculos oficiales para estimar el ahorro económico. Pero se puede hacer una estimación grosso modo dividiendo la ampliación de horas al año (12 millones) entre la jornada anual laboral que ahora tendría un trabajador con 35 horas semanales: 1.533 horas. El resultado es el equivalente a la jornada completa de 7.827 trabajadores en un año.

La iniciativa, introducida casi de tapadillo en la Ley de Medidas Fiscales de la Comunidad de Madrid (Ley de Acompañamiento o Ley Escoba), afectará también a los trabajadores de las empresas públicas regionales. Un portavoz del grupo popular admite que durante el presente año se amortizarán plazas de funcionarios como consecuencia de no sustituir las jubilaciones. Hace una semana, el consejero de Economía y Hacienda, Percival Manglano, estimó en 800 las plazas que serán eliminadas en una entrevista con EL PAÍS.

Se trata de que con la misma gente haya más productividad y que no se tenga que contratar a trabajadores extra”

La Comunidad ha esperado a la penúltima semana del año, una vez pasadas las elecciones generales del 20N, para introducir el grueso de reformas normativas que no contenía el texto original presentado dos días antes de los comicios. El PP incluye ahora 25 enmiendas nuevas que prevén cambios sustanciales y que aprobará previsiblemente en el próximo pleno de la Asamblea de Madrid, este jueves, gracias a su amplia mayoría.

Según una nota del grupo popular en el Parlamento regional, la actuación que afecta a los funcionarios “trata de evitar las desigualdades entre los diferentes empleados de la Administración”. Hay profesiones con jornadas de 35 horas, prosigue, y otras que ya tienen las 37,5 horas reconocidas, como el personal docente. La mayor parte de los funcionarios regionales madrileños trabaja 35 horas semanales en virtud de un acuerdo alcanzado entre sindicatos y Gobierno regional en 2001, según fuentes de UGT.

Un representante de Comisiones Obreras consideró la medida “anticonstitucional” porque no ha sido pactada con las centrales, si bien la enmienda recoge que la medida se aplicará “previa negociación en el seno de la mesa general de negociación de los empleados públicos” de la Comunidad.

“La filosofía de este plan, que surge como consecuencia de la crisis económica, es aplicar a la Administración regional criterios propios del mundo empresarial, con el objeto de hacerla más eficaz y productiva”, señaló ayer el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Íñigo Henríquez de Luna, en una nota.

La otra actuación relacionada con el empleo público supone eliminar el complemento que el Gobierno regional incluía en los sueldos de sus trabajadores en casos de bajas de entre cuatro y 15 días. Según el PP, es para “erradicar los fraudes y prácticas abusivas en las bajas laborales”. La Seguridad Social cubre el 60% de la baja de un trabajador durante ese plazo. El otro 40% lo cubre la Comunidad, que indica que este recorte (que calcula en 25 millones de euros) afectaría a 32.000 empleados públicos. Según datos de la Comunidad de Madrid, el año pasado se perdieron tres millones de horas, el equivalente a la jornada completa de 20.000 trabajadores en un mes.

Sin trabas para la venta de alcohol.

Además de los cambios previstos para los funcionarios, la Comunidad eliminará la licencia especial para la venta de bebidas alcohólicas en locales comerciales, de manera que cualquier establecimiento que venda comida y bebida podrá vender alcohol, incluido las gasolineras. Además, el gobierno regional se reserva en exclusiva la potestad de sancionar y prohibir la venta de bebidas alcohólicas. Hasta ahora parte de esa responsabilidad competía, también, a los ayuntamientos. Precisamente este ha sido uno de los puntos debatidos en la comisión de duplicidades celebrada en la Asamblea de Madrid para definir las competencias de las diferentes administraciones de la Comunidad de Madrid.

Liberalización de horarios en farmacias

Otra de las enmiendas profundiza en la liberalización de horarios comerciales para el sector de las farmacias. "Con el fin de dotar a las oficinas de farmacia de una mayor agilidad para poder hacer efectivas las modificaciones de horario que les resulten más conveniente", señala el texto. Con esta modificación los propietarios de estos establecimientos tendrán más facilidades para abrir cuando quieran.

Control exclusivo de Metro

También se incluye la modificación normativa para que la Comunidad asuma las competencias exclusivas de Metro, antes compartidas con el Ayuntamiento de Madrid. Hace un par de semanas ambas administraciones alcanzaron un acuerdo por el cual el Ejecutivo regional se quedaba con las competencias de Metro a cambio de 140 millones de euros. Además, las enmiendas prevén que "solo serán objeto de subvención los abonos de transportes que se expidan a usuarios residentes en la Comunidad de Madrid y en aquellas otras comunidades autónomas con las que se hubieran suscrito convenios".

El suelo industrial no se cede

En el ámbito del urbanismo regional, el Gobierno regional prevé que las actividades industriales no tengan que ceder suelo a las redes generales y locales (de los ayuntamientos). "Se contempla la exclusión de la obligación de cesión de suelo para redes locales y generales cuando se desarrolle suelo industrial, como medida incentivadora para mejorar e incrementar la promoción de la actividad económica".