Rajoy critica que 180.000 inmigrantes cobren el paro

Mariano Rajoy ha recuperado su discurso más duro contra la inmigración. El mismo del que, según las encuestas, tanta rentabilidad obtuvo durante la pasada campaña electoral. Y lo ha hecho enfrentando dos componentes que suelen provocar una reacción explosiva: el paro de los inmigrantes y el paro de los españoles.

Ayer, al término de la primera junta directiva que su partido celebró tras el verano, el líder del PP declaró: "Hay que reformar ya la política de inmigración. Ya empezamos a ver algunas cosas que no son buenas en algunos lugares de España. Hay 180.000 extranjeros cobrando el seguro de desempleo y ya volvemos a tiempos pasados: ya hay 20.000 andaluces que han pedido trabajo en la vendimia francesa".

Las palabras de Rajoy han provocado indignación entre los inmigrantes. No sólo porque les señalan implícitamente como responsables de la crisis económica. También, porque el líder del PP utiliza "de forma torticera" una prestación a la que todos los trabajadores (españoles y extranjeros) que han cotizado tienen derecho, puesto que lo que reciben no es más que una parte del dinero que antes entregaron al Estado.

Además, los sindicatos desmienten las cifras proporcionadas por Rajoy sobre los andaluces que han solicitado vendimiar en Francia. CC OO y UGT estiman que son entre 8.000 y 9.000 (menos de la mitad de los que afirma el líder del PP), y que el total de peticionarios en toda España no supera en ningún caso los 15.000.

Esas cantidades suponen un repunte respecto a 2007, cuando, según los sindicatos, acudieron a Francia unos 10.000 españoles. Pero están muy lejos de los tiempos a los que se refirió ayer Rajoy con las siguientes palabras: "Eso no sucedía desde hace muchos, muchos años". En los años 70 acudían a recoger las uvas en el país vecino 100.000 personas.

Las declaraciones del líder del PP se han producido un día antes de que el Congreso de los Diputados debata una moción, presentada por CiU pero avalada por el PSOE, que insta al Gobierno a presentar "lo antes posible" la reforma de la Ley de Extranjería.

Esa reforma es imprescindible para adecuar la norma a las últimas directivas europeas y a las sentencias del Tribunal Constitucional que echaron por tierra varios artículos introducidos en su día por el PP. Además, el Ejecutivo pretende aprovecharla para introducir otras modificaciones que endurecerán el texto. Entre ellas, la ampliación del plazo de retención de los sin papeles desde los 40 días actuales hasta un mínimo de 60 y la exclusión de los padres y suegros de los inmigrantes de la reagrupación familiar en España.

La reforma legal es complicada, porque implica directamente al menos a tres ministerios: Trabajo, Interior y Asuntos Exteriores. Sin embargo, el Ejecutivo parece no tener prisa en llevarla a cabo. Fuentes gubernamentales confirmaron ayer que todavía no se ha celebrado una sola reunión interministerial para estudiar los cambios. "Aún no hemos decidido cuándo abordaremos la reforma", declaró ayer un portavoz del ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho. "La urgencia no es una premisa. Lo prioritario es el consenso", añadió.