Empadronados en casas en ruinas

Los pueblos de Castellón crecen. Sus censos electorales, también. En unos municipios, más que en otros. Sin embargo, el aumento de los empadronamientos no siempre está ligado al crecimiento de la oferta inmobiliaria, sino que en algunos casos, como el de Salzadella, los nuevos votantes, al parecer, habitan en casas en ruinas o destartaladas. Así, cualquier bajo, construcciones sin ventanas, o incluso tabiques de lo que alguna vez fue o será una vivienda, han pasado a ser los domicilios de los nuevos votantes.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) envió un requerimiento al Ayuntamiento de Salzadella (gobernado por el PP) ante la incorporación masiva de empadronados. El censo de este municipio aumentó en dos meses en 33 personas, lo que para un pueblo de menos de 700 votantes puede suponer un vuelco electoral. Ahora, el concejal del Bloc en este pequeño municipio del Baix Maestrat, Sergi Beltrán, ha remitido sendos escritos al INE y a la Fiscalía, que documenta con fotografías que arrojan algo de luz sobre la singularidad de algunos de los empadronamientos y altas en el censo electoral.

Según Beltrán, los habitáculos en los que aparecen empadronados algunos de los nuevos votantes pertenecen a "destacados militantes y simpatizantes" del PP local. Entre las viviendas en las que el entorno del PP ha empadronado a gente se encuentran, según la denuncia, "domicilios que no cuentan con las mínimas condiciones de salubridad para ser habitables" y añade que, en otros casos, "son solares, casas en estado ruinoso o instalaciones deportivas". Para Beltrán, es evidente que algunas de las nuevas inscripciones en el padrón "revisten claros signos de fraude y una evidente intención de alterar los resultados electorales". La denuncia añade que una propiedad de la familia del alcalde popular, Víctor Gallego, también ha acogido dos empadronamientos. En este caso, la casa es habitable.

Ante el hecho, el concejal del Bloc apunta en su escrito que la intención de alterar el resultado de los comicios puede implicar un delito electoral. Pero además, Sergi Beltrán señala la posibilidad de que se cometa un presunto delito de prevaricación, ya que las comprobaciones para certificar que las altas en el censo se corresponden a personas que viven realmente en los domicilios que señalan corresponde a los ayuntamientos. Y, en este caso, "no solamente no se ha realizado dicha gestión sino que se han permitido tales irregularidades", tal como expresa la denuncia.

Mientras, en Cabanes, otro de los municipios en los que se ha registrado un empadronamiento masivo, el PP utilizó en la noche del jueves su mayoría absoluta para aprobar la cifra de empadronados en el municipio. En esta localidad, el concejal de EU, Carles Mulet, ya denunció que las altas se habían registrado también en domicilios de la familia del alcalde popular, Artemio Ciurana.

Ante el escándalo de las 40 altas irregulares en el censo, esta misma semana se publicó el Boletín Oficial de la Provincia un anuncio que rectifica en parte la situación. En el anuncio se notifican las bajas de oficio en el padrón municipal, entre las que se encuentran dos de la personas empadronadas en casa de la sobrina del alcalde. El caso de Cabanes también ha sido puesto en conocimiento de la Fiscalía por EU. Además, tras la aprobación de la cifra oficial de empadronados en Cabanes, Mulet otorgó al alcalde un plazo de cinco días para retirar todas las altas irregulares. En caso contrario, avisó el concejal, emprenderá acciones legales contra el alcalde.