Inclusión y transparencia: los desafíos de las alianzas público-privadas en Latinoamérica

Las asociaciones público-privadas han sido una opción para que los Gobiernos en América Latina puedan abordar las necesidades de los ciudadanos sin poner en riesgo las finanzas públicas. Sin embargo, la vara es cada vez más alta para este tipo de contratos o concesiones, ya que la región exige inclusión de grupos vulnerables y minorías, así como transparencia en el proceso para evitar la corrupción o la evasión fiscal. En esto coinciden especialistas del sector de infraestructura reunidos esta semana en Panamá, en el marco del evento PPP Americas 2023 del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Para que Latinoamérica cubra sus necesidades de infraestructura se requeriría una inversión promedio de 200.000 millones de dólares al año, por lo que los Gobiernos pudieran asociarse con el sector privado para financiar las obras. A través de asociaciones público-privadas, un Gobierno puede contratar a una empresa para construir una obra o proveer de un servicio, de manera que ésta genere réditos para el privado sin comprometer las arcas públicas. En su mensaje de bienvenida al evento, el vicepresidente ejecutivo del BID, Jordan Schwartz, aseguró que por cada dólar que se invierte en infraestructura resiliente y sustentable, se generan cuatro dólares de ganancias económicas.

“Lo anterior no significa que [la asociación público-privada] es la respuesta única para resolver todas las necesidades de inversión, pero sí es una pieza importante en el rompecabezas”, dijo Schwartz frente a unos 250 asistentes en la capital de Panamá. “Reconocemos que aún hay sectores que miran con escepticismo a las asociaciones público-privadas, por eso trabajamos en fortalecer los marcos regulatorios institucionales y de clarificación de la infraestructura a través de esta modalidad”, agregó. El año pasado, el BID aprobó más de 3.000 millones de dólares en proyectos de infraestructura, mientras que su brazo privado, el BID Invest, financió 1.250 millones de dólares, informó Schwartz.

“En Costa Rica todavía hay una resistencia a la figura de la concesión”, aseguró Dahianna Marín, del Consejo Nacional de Concesiones del país centroamericano, en un panel en donde compartió escenario con sus contrapartes de Chile y Paraguay. “Hay que relanzar y replantear la figura como un proyecto beneficioso para nuestro país. Tan es así que nosotros tenemos un proyecto que tuvo mucha resistencia social y a la fecha no lo hemos logrado”. La funcionaria compartió cómo, debido al descontento de las comunidades locales, el país no ha podido construir una carretera que conecta la zona central con el occidente.

“Han pasado diez años y todavía no tenemos una solución para la carretera”, dijo Marín, “creo que es importante indicar que eso fue también un tema de una relación de resistencia donde no se consideraron ciertos factores sociales. Esto ha acarreado retrasos y, como siempre se dice, la obra pública que no se hace es la más cara”.

Especialistas que participaron en distintos páneles coindicideron también en que las asociaciones públicas deben incluir a minorías y poblaciones vulnerables desde el diseño inicial del proyecto. Juanita Merchán, trabajadora social en el privado Hospital Bosa en Colombia, propuso un diseño de proyectos que nazcan de las necesidades de las comunidades, de manera que sean incluídas desde el principio.

“Necesitamos una inversión privada, claro que sí, ¿pero para qué?”, dijo Merchán en un panel. “Me parece muy importante hacer un llamado a la reflexión, que es, ¿cómo nosotros, como instituciones, como privados, estamos viendo la inclusión? Muchas veces llegamos diciendo ‘pensemos en los niños pobres, por favor, pensemos en la población negra, en la comunidad LGBTI, en la comunidad indígena, incluyámoslos’. Pero más allá de incluir a las comunidades debemos sentarnos a dialogar en los territorios”, agregó Merchán.

El año pasado, y por primera vez en su historia, el BID Invest retiró el financiamiento en dos hidroeléctricas en Guatemala, tras las presiones de grupos mayas que aseguraron que no habían sido consultados. Después de que las comunidades exigieran el fin a los proyectos de energía hidroeléctrica, el banco liquidó su deuda con la empresa constructora.

Este año, el BID identifió seis temas bajo los cuales se deben construir proyectos de infraestructura, con el potencial de financiarse a través de asociaciones público-privadas: inversión climática o sostenible, transformación digital, cadenas logísticas, creación de empleo, impulso a la inclusión y medición del impacto. A diferencia de la inversión privada, las alianzas entre Gobiernos y empresas deben medir su desempeño para rendir cuentas a la población, generando datos y mejores prácticas.

“En el caso de Chile viene otra dimensión de evaluación que se da en un esquema de contrapesos”, dijo en el escenario Juan Eduardo Chakiel, jefe de la División de Estudios y Análisis Financiero de la Dirección General de Concesiones en el país sudamericano. “Eso es bueno y es sano porque permite que un proyecto de asociación público-privada no sea el proyecto de un ministerio, sino que es un proyecto del Estado”, agregó.

Si bien el Ministerio de Obras Públicas es el que prepara y hace la estructuración de los proyectos, explicó Chekel, el Ministerio de Hacienda interviene en la aprobación de los proyectos en una evaluación de impactos fiscales. “Se trata de ver cuáles son los impactos fiscales de ese proyecto, porque en la medida que hay subsidios o garantías, por ejemplo, eso le va a pegar a la billetera del fisco. Y de esa manera también se deja a un lado la idea de que la concesión podría ser un sistema para eludir o saltarse o relajar las restricciones presupuestarias fiscales”.

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