Noboa decreta el estado de excepción en seis regiones de Ecuador tras cortar el subsidio al diésel

Dos Gobiernos lo intentaron antes sin éxito: eliminar el subsidio al diésel. Le costaba al Estado cerca de 1.100 millones de dólares cada año. Hasta ahora. El presidente Daniel Noboa ha decidido eliminarlo de forma sorpresiva. El diesel ha pasado de 1,80 dólares a 2,80 dólares por galón. Lo hizo sin convocar mesas de diálogo, ni advertir a los sectores más dependientes del diésel. La decisión fue anunciada el viernes en la noche en medio del silencio y ha encendido la molestia entre transportistas, agricultores y pequeños productores, que temen una cadena de aumentos que golpee directamente al costo de vida.

Organizaciones sociales y gremiales habían convocado a un paro nacional para este lunes, pero el Gobierno logró desactivarlo horas antes de iniciarse, accediendo a sentarse a una mesa de diálogo para explicar que la decisión está acompañada de compensaciones económicas temporales para mitigar el impacto, aunque dejando claro que no retrocederá. “Las decisiones respecto de la política en este país son del Gobierno del presidente Noboa”, advirtió la vocera del Ejecutivo, Carolina Jaramillo. “No hay negociaciones. Lo que hay son conversaciones”, zanjó.

Aunque la protesta no paralizó el país, sí dejó señales de descontento. Una decena de vías permanecen cerradas en al menos siete provincias en las que los manifestantes se han mantenido firmes por segundo día consecutivo. El Gobierno ha decidido decretar el estado de excepción por “grave conmoción interna” en esas zonas en un intento de impedir que la protesta escale.

En Carchi, la provincia fronteriza con Colombia, transportistas de carga pesada atravesaron camiones en la vía principal, colocaron piedras y montaron barricadas con llantas gigantes para interrumpir el paso. En la entrada sur de Quito, a la altura de Alóag, ocurrió lo mismo.

Los motivos para la protesta se acumulan: además de la subida de precio, la detención de siete conductores que protestaban desde la madrugada, y la creciente inseguridad que azota a los transportistas. El transporte de carga en el país lleva meses bajo ataque por las mafias que asaltan con violencia los camiones, secuestran a sus conductores y les obligan a pagar extorsiones para circular por las carreteras. El Gobierno está al tanto y ha recibido los reclamos del gremio, pero sin ofrecer respuestas concretas.

En Ecuador, el combustible no es solo un bien económico. Es también un símbolo político. Y tocarlo sin consenso previo puede tener consecuencias difíciles de contener. Lo vivió Lenín Moreno en 2019, cuando una revuelta encabezada por el movimiento indígena lo obligó a retroceder. Lo intentó Guillermo Lasso tres años después, y el resultado fue semanas de enfrentamientos, heridos, muertos y una fractura política de la que nunca logró recuperarse.

Advertido de lo que la movilización social puede hacer, Noboa trasladó la Función Ejecutiva a la ciudad de Latacunga, en la provincia de Cotopaxi, que está a 100 kilómetros de Quito. Allí, en las montañas, se concentran algunas de las comunidades indígenas más organizadas. Y también las más combativas. El abandono estatal y el incumplimiento de promesas han sido el combustible de las grandes movilizaciones que han marcado la última década. “Lo vemos como una persecución al movimiento indígena, una manera de provocar a las organizaciones, a las bases y eso no lo vamos a permitir”, declaró Rafael Negrete, presidente del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi.

Latacunga es también tierra de dirigentes indígenas que han liderado protestas en el pasado como Lourdes Tibán y Leonidas Iza, el excandidato presidencial que encabezó las manifestaciones contra Lasso en 2022. Esta vez, Iza no hizo un llamado concreto a movilizaciones, pero su mensaje en la red social X dejó claro su rechazo. “Con las experiencias vividas en los dos levantamientos y ante el rechazo al diálogo por parte del gobierno de Noboa, solo existe un camino para enfrentar a esta plutocracia que representa el Gobierno de un puñado de la oligarquía”.

El subsidio al diésel era uno de los últimos en pie. Ese combustible que mueve el transporte pesado, los camiones de carga, las volquetas de la construcción, los autobuses interprovinciales, escolares y empresariales, y que ha sido durante cinco décadas un pilar silencioso (y molesto) del modelo económico ecuatoriano. También lo utilizan los agricultores en sus tractores, los pescadores para llenar los tanques de sus lanchas y cientos de comunidades remotas que dependen de generadores de electricidad porque el sistema nacional no llega hasta sus territorios.

Por ahora, las protestas son focos dispersos. Pero podrían ser la chispa de algo mayor. El Gobierno apuesta a desactivarlas con bonos compensatorios que empezó a entregar desde este lunes. La ayuda es temporal y selectiva. Mientras tanto, Noboa intenta cumplir con las exigencias del FMI y cerrar una brecha fiscal crónica, pero lo hace con una medida que, como ya advirtieron sus antecesores, suele ser explosiva.