La policía acusa formalmente a Bolsonaro, a dos generales y a 34 personas más de intento de golpe de Estado en Brasil

La Policía Federal brasileña ha acusado formalmente este jueves al expresidente Jair Bolsonaro, 69 años, un militar retirado de extrema derecha, de intentar perpetrar un golpe de Estado, según ha informado la corporación en un comunicado. El ultra pretendía ignorar el resultado de las elecciones e impedir que el izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva regresara al poder. Junto al hombre que gobernó Brasil entre 2019 y 2022, están acusadas otras 36 personas, incluidos dos generales en la reserva que fueron ministros de su Gobierno. El informe policial ha sido entregado ya al Tribunal Supremo. Bolsonaro ya está sometido a medidas cautelares en este caso. Tiene prohibido viajar al extranjero y, por eso, hace meses le retiraron el pasaporte. El expresidente se ha referido a la acusación en X, el antiguo Twitter: “Tengo que ver qué hay en esa acusación de la PF [Policía Federal]. Voy a esperar al abogado (...) No puedo esperar nada de un equipo que usa creatividad para denunciarme”.

La policía informa de que su pliego de acusación se basa en las pruebas obtenidas en estos dos años mediante “investigaciones policiales, el levantamiento del secreto sobre las comunicaciones telemáticas, telefónicas, informaciones bancarias, fiscales, colaboraciones premiadas [con delatores], registros, e incautaciones, otras medidas debidamente autorizadas por el Poder Judicial”, añade la nota.

La acusación formal de la policía ya ha sido enviada al Tribunal Supremo, que la debe remitir a la Fiscalía General del Estado. Esta decidirá si formaliza la denuncia contra el anterior presidente, si la archiva o si solicita nuevas diligencias. Los 37 sospechosos están acusados de abolición violenta del Estado democrático de derecho, golpe de Estado y pertenencia a organización criminal.

Bolsonaro, un nostálgico de la dictadura, ya fue inhabilitado por los jueces hace meses para concurrir a las elecciones hasta 2030. En ese caso, fue condenado por abuso de poder, por aprovecharse del cargo presidencial para cuestionar de manera sistemática la seguridad del sistema de votación.

Sostienen los investigadores que el golpe no fue consumado porque los golpistas no lograron el apoyo de los entonces comandantes del Ejército de Tierra y de la Fuerza Aérea, los generales Marco Antonio Freire Gomes y Carlos de Almeida Baptista. Ambos implicaron al expresidente en la trama al comparecer como testigos del caso, según se supo en marzo. Contaron que el entonces jefe del Estado los convocó a reuniones en su residencia del palacio de la Alvorada, en Brasilia, donde les mostró un borrador del documento para declarar el estado de sitio, como primer movimiento para que Lula no asumiera el poder. En cambio, el entonces comandante de la Marina, el almirante Almir Garnier, se sumó a los golpistas y ofreció a sus marineros para la asonada.

Entre los acusados en la trama destacan dos generales retirados del ejército que fueron ministros y estaban entre los más estrechos colaboradores de Bolsonaro durante su mandato. Walter Braga Netto fue ministro de la Presidencia, de Defensa y candidato a vicepresidente en las elecciones que les ganó Lula, en 2022. Augusto Heleno fue ministro de Seguridad Institucional, encargado de la protección de la Presidencia.

La acusación formal se conoce después de que la policía revelara esta semana que, como parte de la trama, los golpistas planearon matar a Lula cuando era presidente electo y otras autoridades con un plan que diseñado por el número dos del Ministerio de la Presidencia e impreso en el palacio donde despachan los mandatarios. Además, la semana pasada un simpatizante bolsonarista se hizo estallar ante el edificio del máximo tribunal.

Gleisi Hoffmann, la presidenta del Partido de los Trabajadores, el de Lula, considera que es hora de que Bolsonaro entre en prisión después de que él “y su banda (…) intentaran cometer un fraude electoral, asesinar a autoridades e instalar una dictadura”. Antes de conocerse la acusación contra su predecesor, el presidente Lula se ha referido al plan de matarlo: “El intento de asesinarnos no salió bien, aquí estamos”. También ha aprovechado el izquierdista para recalcar que él “no persigue a nadie”.

Para el analista Eduardo Heleno, profesor del Instituto de Estudios Estratégicos de la Universidad Federal Fluminense (sin relación con el acusado Augusto Heleno), la acusación formal “deja claro cómo las Fuerzas Armadas fueron politizadas e instrumentalizadas para cumplir el proyecto de poder de Bolsonaro y su círculo de confianza”. Añade el especialista que, “para la parte de la cúpula militar que rechazó el llamamiento golpista, permite separar la paja del trigo, sin duda, y reafirma el compromiso con el juramento de proteger las instituciones (…) Sin embargo, los valores reaccionarios del bolsonarismo todavía están arraigados en la cultura de muchos militares brasileños”.

Durante todo su mandato, Bolsonaro abrazó un discurso que coqueteaba una y otra vez con la amenaza de ruptura democrática. En un acto oficial llegó a proclamar que desobedecería al juez del Supremo Alexandre de Moraes, además de insultarlo, y, en octubre de 2023, se negó a reconocer la victoria electoral de Lula, en las elecciones más reñidas de la historia de Brasil. Al día siguiente, decenas de miles de bolsonaristas acamparon ante cuarteles por todo el país reclamando a una intervención militar.

Fue en los dos meses del periodo de transición cuando, según la acusación oficial de la policía, se multiplicaron las reuniones, mensajes y movimientos para dar un golpe y que Lula no volviera a gobernar el país.

Miles de seguidores de Bolsonaro protagonizaron un asalto golpista en Brasilia el 8 de enero de 2023, una semana después de que Lula tomara posesión para un tercer mandato no consecutivo. Hasta ahora solo han sido juzgados, y condenados, parte de los autores materiales de aquel ataque. El Tribunal Supremo ha impuesto duras condenas a más de 200 personas, pero ninguno de los señalados por instigar o financiar el intento de golpe se ha sentado en el banquillo por el momento.

El secretario personal de Bolsonaro, el militar que le llevaba el móvil mientras fue presidente y lo acompañaba en todos los actos, Mauro Cid, es una pieza clave de la investigación policial contra el anterior mandatario y el resto de los sospechosos de participar en la trama golpista. Tras unos meses en prisión preventiva en un penal castrense aceptó colaborar con la policía y detallar la intentona golpista.