Los seguidores de Evo Morales paralizan Bolivia 20 días después de la investigación por presunto abuso de menores
El comercio de la mitad del país está bloqueado por una veintena de cortes de carreteras desde hace más de 10 días
Han pasado 20 días desde que se reveló que la Fiscalía de Bolivia volvería a investigar al expresidente Evo Morales por un caso de abuso de menores y sus seguidores han cumplido su promesa de “convulsionar al país” para evitar que lo detengan.
El comercio de la mitad del país está bloqueado por los más de 20 cortes de ruta que han cumplido 10 días. Los productores de alimentos ven con desesperación cómo su producción se pudre sobre los caminos y ensayan protestas inusuales como echar estiércol sobre la fachada de la Gobernación de Cochabamba, dirigida por el evismo, para exigir que los bloqueos cesen. Esta ciudad se encuentra en el epicentro del conflicto, porque es la capital de la región en la que se encuentra el Chapare, la zona cocalera y el bastión político y organizativo de Morales. Allí es donde el expresidente se ha refugiado para evitar ser arrestado y en ella se han montado los cortes de ruta más fuertes.
Las filas frente a las estaciones de servicio en La Paz son de una longitud nunca antes vista. La carestía de gasolina no solo se debe a los bloqueos de los evistas, sino a una protesta local en Arica, el puerto chileno en el que atracan los cargueros que transportan combustible ruso para Bolivia. Según el Gobierno de Luis Arce, este problema ya se ha resuelto. El 23 de octubre, la carestía de combustible ocasionó un eficaz paro de los transportistas locales que paralizó totalmente a la capital administrativa del país. Las colas por gasolina en La Paz continúan.
El Gobierno ha desbloqueado algunas carreteras con las fuerzas policiales, algunas uniformadas y otras no, lo que ha dado lugar a que se denuncie el uso de “paramilitares”. La Unión Juvenil Cruceñista, el grupo de choque del Comité Cívico de Santa Cruz, enemigo declarado de la izquierda boliviana, participó en un desbloqueo en Santa Cruz en coordinación con la policía, según un reporte de la televisión UNITEL. “El pueblo está emputado y ya salió a desbloquear. Buena Vista ya está expedito. Los masistas [militantes del Movimiento al Socialismo o MAS] y avasalladores han huido. El pueblo ya no se va a dejar”, exclamó ante las cámaras un dirigente de este grupo.
Simultáneamente, el Gobierno ha acusado a los manifestantes de portar armas de fuego e incluso de haber disparado contra un equipo policial que intentaba desbloquear un corte de ruta en la región de Oruro.
El responsable formal de los bloqueos, el dirigente campesino Ponciano Santos, hombre de confianza de Morales, declaró que los suyos están protestando contra la crisis económica, que según él ha sido causada por la corrupción del presidente. “Los campesinos no seremos derrotados por Arce, [al] que nosotros hemos puesto”, manifestó. Y desahució la posibilidad de hacer concesiones. “Si quieren resolver, que aprueben lo que hemos pedido”, exigió.
El presidente Arce viajó inesperadamente en medio de la crisis a la reunión de los BRIC en Rusia; allí se aceptó la asociación no plena de Bolivia al grupo internacional. Antes de partir, señaló a la prensa que no son admisibles las movilizaciones que buscan habilitar como candidato a Morales, “cuando la Constitución no lo permite”, ni las que buscan impunidad “para quienes hacen daño a las niñas”.
Morales es acusado en varios procesos; él asegura que son nueve. El más serio le atribuye haber concebido una hija con una adolescente de 15 años en 2016, cuando era presidente y tenía 56 años. Existe un certificado de nacimiento, que hasta ahora nadie ha desmentido, en el que Morales aparece reconociendo a su supuesta hija. La acusación se basa en este documento, porque hasta ahora no ha habido una declaración de la presunta víctima, que se encuentra “en la clandestinidad”.
La defensa de Morales insiste en que sin esta declaración no se puede procesar el supuesto estupro, ya que en Bolivia este es un delito de orden privado. “La fiscalía no puede actuar de oficio en estos casos”, ha señalado el abogado de Morales, Nelson Cox. Para eludir esta dificultad, las autoridades también han acusado a Morales de “trata de personas”. Afirman que el expresidente accedió a la chica ofreciendo favores políticos a sus padres, lo que calzaría con ese delito. Por eso es que los progenitores están entre los acusados del caso. El padre ya ha sido detenido y se supone que la madre se halla escondida junto con su hija. Las declaraciones del padre a la fiscalía no han sido concluyentes: alegó que vivía separado de su familia y que no estaba enterado de casi nada. La única vez en que un periodista pudo preguntarle directamente a Evo Morales si había tenido una hija en 2016, este se enfadó y respondió que “la familia es sagrada” y, por tanto, no debe ser usada para fines políticos.
Sin avances en la investigación
Mientras las autoridades no encuentren a la chica y a su madre, el proceso no podrá hacer avances serios. A cambio, abundan las denuncias sin pruebas, como las de una funcionaria del Gobierno que describió el supuesto trato del expresidente con menores de edad durante su exilio argentino, en 2020. También se alude un problema similar que tuvo Morales ese mismo año, pero que no se investigó hasta el final por falta de la denuncia de la mujer que supuestamente había sido afectada y que en ese momento tenía 19 años.
El principal medio de comunicación “evista” de hoy, Radio Kausachun Coca, ha reconocido indirectamente que la adolescente y su hija sí existen, porque ha acusado al ministro de Gobierno (Seguridad) de Arce, Eduardo del Castillo, de haber ayudado a esconderlas en 2019, cuando el caso actual se denunció por primera vez, para pronto ser rechazado por la fiscalía por falta de pruebas. En ese momento, Del Castillo era un hábil operador del MAS, que aún no se había dividido.
Tanto el proceso contra Morales como los conflictos sociales que sufre el país se producen en el marco de una “guerra total” entre este y el presidente Arce por la candidatura de la izquierda boliviana. Todos los militantes han tenido que optar entre uno u otro líder. Las protestas buscan centralmente asegurar que Evo Morales sea habilitado para las elecciones de 2025 y que el nombre electoral “MAS” continúe en sus manos.
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