Minería delincuencial, militarización y desafíos indígenas en la crisis ecuatoriana

No fue con sorpresa, sino con pesar, que presencié la sucesión de noticias sobre la violencia en las ciudades ecuatorianas. Hace apenas tres semanas había regresado del país, luego de iniciar la filmación de mi próximo documental. En este momento, en el ámbito global, Ecuador es observado como una nación al borde de un abismo social, con consecuencias que se extienden por todo el país, afectando especialmente a los sectores más vulnerables del campo y la ciudad, empobrecidos y discriminados históricamente, las comunidades indígenas, negras y montubias, las comunidades de pescadores y recolectoras de los manglares y campesinas de la sierra y de la costa.

La compleja realidad que enfrenta el Ecuador de hoy, supuesto estado de “conflicto armado interno”, declarado así oficialmente por el Gobierno para justificar una guerra interna contra 22 organizaciones delictivas, es la expresión de la larga y penosa fractura de tejidos sociales, la descomposición del Estado sumido en la corrupción y el modelo de desarrollo, sostenido sobre actividades extractivistas, aplicado a lo largo de más de cincuenta años y en los últimos 20 con mucha mayor vehemencia por cuatro gobiernos, que ha corrompido su institucionalidad, que ha sido secuestrada por intereses de grupos específicos.

La reciente implosión del país y la intervención de las fuerzas armadas para frenar la escalada de violencia busca, desde lo bélico, frenar la escala de violencia criminal que se expandió a lo largo y ancho de su geografía. Esta respuesta militar con sus complicaciones sociales y de vigencia del derecho, puede contener el crimen organizado, eliminando a los criminales de la calle y sus pandillas, lo que producirá un sensación de alivio a la población y una buena imagen al gobierno. Sin embargo, no resolverá el problema de fondo del crimen, pues la organización criminal y sus raíces están enquistadas en el Estado, y sus más altos funcionarios, en la Justicia y la Fuerza Pública, en la Asamblea Nacional y en los partidos políticos, verdaderas “camorras” que sostienen al delito como conducta y ética. En la economía que se nutre de ella y de la corrupción que genera. En esa línea, Ecuador ha tenido, en la dos últimas décadas tres expresidentes enjuiciados por corrupción, y más de una decena de altos funcionarios, vicepresidentes, ministros, contralores, fiscales, generales, jueces, directores y burócratas, algunos prófugos, enjuiciados y sentenciados por corrupción.

La dolarización, si bien trajo estabilidad económica, también creó condiciones propicias para el tráfico, el lavado de dinero y el comercio de droga, que han convertido a Ecuador en un territorio propicio para el narcotráfico y, por lo tanto, vulnerable. La infiltración del narcotráfico dentro del Estado ecuatoriano se evidencia, por ejemplo, en el sonado “caso metástasis”, una investigación realizada por la Fiscalía General que tuvo como resultados la detención de altos funcionarios como el presidente del Consejo de la Judicatura, máxima autoridad administrativa de la función judicial del país, quien presuntamente usó su posición para favorecer a integrantes de los grupos narcodelictivos.

Frente a la profundización de la crisis carcelaria y el conflicto, la categorización de los grupos de delincuencia organizada como terroristas, la militarización del país y la política de guerra ha sido la principal propuesta del gobierno, siendo cuestionada por organizaciones y personas expertas advirtiendo que no solo fortalecerá a los narcos, sino que aumentará los conflictos y la violencia en zonas ya afectadas por esta problemática, especialmente, en provincias como Esmeraldas y Guayas.

Respecto de las drogas, el Ecuador ha pasado en el último cuarto de siglo de ser un país de tránsito, a uno de depósito de lavado y, posteriormente, de lavado, comercio y exportación. En los últimos años Ecuador es el principal país exportador de droga a Europa, y en sus capitales se lavan en el sistema financiero, en la construcción y en la principal apuesta económica de los últimos gobiernos: la minería.

La otra cara de la moneda, la minería delincuencial realizada por grupos que también se dedican al narcotráfico, se ha infiltrado en comunidades indígenas y campesinas, convirtiéndose en un foco de conflicto que ha alcanzado la región amazónica y el sur de la sierra, aunque la costa se mantiene como epicentro de disputas territoriales. Nuevamente, la militarización propuesta por el Gobierno para enfrentar este problema, lejos de solucionarlo, profundizará las brechas sociales, afectando principalmente a los más vulnerables, como comunidades indígenas y campesinas.

Las actividades de minería delincuencial en Ecuador, financiadas por grupos delictivos como Los Choneros y Los Lobos, están en aumento y representan una seria amenaza para la seguridad y los ecosistemas sensibles del país. Esta práctica se ha convertido en una de las principales fuentes de financiamiento para estas organizaciones criminales, facilitando la adquisición de armamento de calidad y en gran cantidad. La militarización de los territorios afectados se intensificará aún más en situaciones de conflicto, como lo indica la actual situación de guerra interna impuesta por el gobierno ecuatoriano. En Brasil, facciones criminales de Río de Janeiro y São Paulo infiltran la Amazonia brasileña, cooptando a ribereños e indígenas. El narcotráfico busca controlar rutas y senderos para transportar drogas, afectando a comunidades locales. En la frontera con Perú, el pueblo Ashaninka enfrenta amenazas persistentes. Además de antiguos problemas con madereros peruanos, el narcotráfico persiste y se intensifica, utilizando comunidades como puntos de “reabastecimiento”. La ausencia estatal hace que las poblaciones se vuelvan vulnerables. Los líderes indígenas deben resistir amenazas que han evolucionado hacia tácticas cada vez más intimidantes. En las ciudades de la región amazónicas, la violencia urbana se expande a comunidades, con robos recurrentes, mientras el narcotráfico se infiltra en actividades diversas con el fin de lavar dinero ilícito.

La expansión de las llamadas actividades ilícitas, necesitara siempre de una cobertura que los sostenga y les dé certeza y continuidad como actividad económica; por lo tanto, el Estado y sus organismos, la política y sus escenarios de leyes e instituciones de control son una necesidad. Por ello en el espacio político, ciertos partidos han sido cooptados por la mafia, o se han convertido en paraguas para que el crimen organizado opere desde lo político. El asesinato hace cinco meses de un candidato a la presidencia, es parte de esta búsqueda de control del Estado, forma de advertirle al Gobierno debe ser con ellos y no contra ellos.

Mientras esto sucede, el Gobierno ecuatoriano ha promovido una consulta popular, aparentemente destinada, entre otras cosas, a retomar el control de los territorios con minería ilegal, pero que genera interrogantes sobre la real comprensión del conflicto de la minería delincuencial, y la efectividad y claridad de la estrategia gubernamental para resolver el problema, pues, lejos de satisfacer las legítimas pretensiones de las poblaciones locales afectadas por estas actividades, busca favorecer a los sectores empresariales alrededor de la minería. Esta falta de coherencia en la acción gubernamental aumenta la incertidumbre sobre el futuro de Ecuador, especialmente en relación con la gestión de las violencias y sus impactos en comunidades indígenas y campesinas.

En este contexto, la Confederación de Nacionalidades indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (Confeniae) y organizaciones ambientalistas y de derechos humanos se han pronunciado por la defensa de los derechos territoriales y culturales. Con once nacionalidades y 23 pueblos, la Confeniae ha liderado históricamente la lucha por la defensa del territorio y de los derechos de los pueblos indígenas. Su reciente pronunciamiento, emitido el pasado 5 de enero a través de Facebook, rechaza vehementemente el Plan Fénix propuesto por el presidente Daniel Noboa, su máxima estrategia para enfrentar la situación de inseguridad que se vive en el país.

El Plan Fénix busca establecer una mega cárcel de máxima seguridad en la provincia amazónica de Pastaza, que ha generado preocupación y oposición por parte de la Confeniae. El pronunciamiento destaca la violación de los derechos a la consulta previa, libre e informada, y al consentimiento de las nacionalidades que habitan los territorios de Pastaza. Además, critica la explotación histórica de la Amazonía ecuatoriana por parte de diversos gobiernos, que han extraído recursos naturales bajo la falsa promesa de progreso, causando profundos daños ambientales y de salud.

La Confeniae enfatiza que los territorios indígenas no deben convertirse en “zonas de sacrificio” en medio de la crisis de inseguridad del país. La construcción de más cárceles, como la propuesta en el Plan Fénix, no aborda las causas estructurales de las injusticias y desigualdades sociales. La falta de transparencia en las declaraciones del presidente Noboa sobre el proyecto penitenciario genera dudas y preocupaciones adicionales. Las comunidades indígenas no pueden ser relegadas a un segundo plano de la manera como el Gobierno aborda estos desafíos. Dado que son ellas quienes se encuentran en primera línea, deben tener un asiento en la mesa para el diseño de soluciones.

Impactos en las comunidades indígenas y campesinas

El riesgo asociado con la minería ilegal y la militarización como respuesta principal es especialmente preocupante para las comunidades indígenas, principalmente los territorios de la nación Shuar, y las comunidades campesinas del sur del Ecuador. La militarización no solo amenaza derechos colectivos como la autodeterminación y el autogobierno, sino que también genera preocupaciones ambientales.

Los planes del Gobierno podrían convertir a los territorios de las comunidades indígenas con minería ilegal en puntos clave de conflicto, enfrentamiento y lucha entre las Fuerzas Armadas y los grupos delictivos. Este probable escenario no solo implicaría riesgos sociales para estas comunidades, sino que también tendría consecuencias ecológicas ya que estos territorios albergan una alta biodiversidad y ecosistemas sensibles.

La consulta popular ha recibido fundamentadas críticas y ha generado serias preocupaciones sobre la capacidad del Gobierno para abordar la complejidad de la situación. Los objetivos gubernamentales de retomar el control de la situación de seguridad en los distintos territorios puede chocar con la realidad, especialmente si la consulta no se traduce en acciones realmente efectivas. La falta de claridad en la estrategia gubernamental y la inclinación hacia una política de confrontación y militarización generan incertidumbre y fuertes preocupaciones sobre el futuro de Ecuador.

Riesgos de una política de guerra contra el narcotráfico

La política actual del Gobierno, que apunta hacia una guerra contra el narcotráfico, deriva en riesgos significativos. Experiencias pasadas en países como México y Colombia demuestran que esta estrategia no erradica el narcotráfico y, en cambio, fortalece a los grupos delictivos y sus economías criminales. La posible falta de capacidad del Gobierno para abordar efectivamente la situación y la insistencia en esta política amenazan con sumir al país en un escenario desgarrador y desgobernado.

Por otro lado, la intención del gobierno es replicar lo más posible el supuesto éxito del modelo Bukele como panacea para la situación del país mientras que voces expertas han alertado que eso ni es recomendable ni es posible. Medidas como la construcción de mega cárceles no atienden el problema de manera estructural y corren el riesgo de profundizarlo.

Una de las últimas decisiones del Gobierno ha sido la de remitir a la Asamblea Nacional del Ecuador un proyecto de ley de urgencia económica que pretende subir el I.V.A del país del 12 % al 15 %, medida con la que pretende aumentar la recaudación para poder financiar su política de guerra. La decisión ahora reposa en la función legislativa que en días anteriores manifestó su apoyo al presidente en su lucha contra el narcotráfico, pero que se pone a prueba con esta medida que ha sido muy cuestionada y rechazada por sectores sociales como la Confederación de Nacionalidades indígenas del Ecuador (Conaie) y que ha sido calificada como una medida impopular. El Gobierno ha decidido trasladar el coste de sus políticas de guerra a la población, afectando nuevamente a los más empobrecidos, pero semanas atrás decidió condonar, por medio de otra ley de su iniciativa, a grandes deudores del fisco ecuatoriano, incluyendo a empresas pertenecientes a su familia, una de las más ricas del país y la región.

Llamado a la reflexión y acción

En medio de estos desafíos es crucial reflexionar sobre el impacto en las minorías, especialmente las comunidades indígenas y campesinas. La élite ecuatoriana y otros sectores privilegiados pueden mantener su estatus y mayores condiciones de seguridad, pero la agenda militarizante del gobierno afectará directamente a las comunidades más vulnerables. ¿Cómo se desarrollará esta situación y qué medidas se tomarán para proteger a las poblaciones más precarizadas del Ecuador? La respuesta a esta pregunta es vital para el futuro de Ecuador.

El camino que Ecuador elija seguir tendrá consecuencias significativas. La militarización, la minería delincuencial y la política de confrontación plantean riesgos sustanciales, pero la resistencia social, la solidaridad y la adopción de enfoques inteligentes y pluralistas pueden ser la clave para construir un futuro más justo y seguro para todas las comunidades del país

Por su parte, en respuesta a esta amenaza, la Confeniae ha convocado a una caminata pacífica en rechazo a la construcción de la cárcel de máxima seguridad en Pastaza, invitando a todos los sectores sociales a unirse en nombre del “buen vivir”. Este llamado a la resistencia pacífica destaca la importancia de la solidaridad entre los diversos sectores de la sociedad para enfrentar los desafíos actuales.

La intersección de la minería delincuencial, la militarización y la resistencia Indígena presenta un panorama complejo y crítico para Ecuador. El Gobierno se enfrenta a la tarea de abordar estos problemas de manera integral, considerando las voces y preocupaciones de comunidades indígenas y otros sectores afectados. El camino que elija el país tendrá consecuencias significativas para su futuro y la protección de sus ciudadanos.

Cambiar el rumbo del país exige no solo enfrentar la amenaza del narcotráfico sino también transformar un Estado afectado por la corrupción. La falta de una visión de país y la priorización de intereses grupales sobre el bien común han contribuido a la actual crisis. Ecuador no solo enfrenta una crisis interna, sino también una batalla por la integridad institucional y la construcción de una visión de país desde la realidad de ser un Estado plurinacional.

Como me mencionó un amigo y director de cine ecuatoriano hace un par de semanas, en Ecuador, el cine de ficción no se ha encarnado tanto como el cine documental. La realidad que vive el país en estos momentos dista mucho de la ficción; es más bien el más auténtico cinéma vérité de América Latina.

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