El escándalo de la UNGRD golpea de nuevo al Gobierno de Petro

“Lucharé contra la corrupción con mano firme y sin miramientos. Un gobierno de ‘cero tolerancia’. Vamos a recuperar lo que se robaron, vigilar para que no se vuelva a hacer y transformar el sistema para desincentivar este tipo de prácticas. Ni familia, ni amigos, ni compañeros, ni colaboradores… nadie queda excluido del peso de la ley, del compromiso contra la corrupción y de mi determinación para luchar contra ella", prometió Gustavo Petro cuando juró como presidente de Colombia, el 7 de agosto de 2022. Ese, el séptimo punto del que llamó su decálogo de Gobierno, se ha puesto en duda una y otra vez por escándalos relacionados con su hermano Juan Fernando, su primogénito Nicolás o altos funcionarios de su Gobierno. Y ahora, a cuatro meses de las elecciones legislativas y seis de las presidenciales, el anuncio de la Fiscalía de imputar cargos y pedir la detención preventiva de dos de sus exministros, y de las carteras más poderosas en el Ejecutivo colombiano, revive uno de los entramados más sonados y que golpea más arriba a un Gobierno que busca mantener el poder en las urnas.

Los señalados son Ricardo Bonilla, encargado de Hacienda entre mayo de 2023 y diciembre de 2024, y Luis Fernando Velasco, ministro del Interior de mayo de 2023 a junio de 2024. La Fiscalía los señala de haber ordenado a quien fuera director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Olmedo López, dirigir recursos de esa entidad a contratistas aliados de varios congresistas, a cambio de que estos votaran a favor del Gobierno. La sindicación se sustenta en la confesión de López —quien negocia una pena menor por sus delitos—, de su subdirector, Sneyder Pinilla, y de María Alejandra Benavides, quien era asesora de Bonilla. La entidad argumenta que la situación es tan clara, que ha anunciado que pedirá al Tribunal Superior de Bogotá que sean detenidos de forma preventiva.

Aunque no es seguro que terminen en la cárcel en este momento ni en el futuro, el simple anuncio de la Fiscalía afecta a Petro en un flanco particularmente delicado en Colombia, el de la corrupción. Uno ya golpeado, porque hace meses, tras la confesión y condena de Pinilla, y la aceptación de López, ya no está en cuestión que funcionarios suyos participaron en un robo de dineros públicos en la UNGRD. Pero el efecto crece ahora cuando una Fiscalía, que encabeza una abogada postulada por él, señala que participaron dos de sus aliados de primera línea, y que el desfalco se organizó para beneficiar el Ejecutivo. Los dos exministros han negado que hayan cometido algún delito y Velasco ha señalado que López estaba cometiendo delitos desde antes de su llegada.

Bonilla y Velasco llegaron al Gabinete cuando Petro hizo saltar por los aires una coalición legislativa que mantuvo al inicio de su mandato, una que le dio victorias como una ambiciosa y temprana reforma tributaria o una ley fundamental para su política de paz. El presidente los llevó a manejar la hacienda pública y la política cuando se sintió traicionado por sus ministros más moderados, que se oponían al proyecto de reforma a la salud que decidió priorizar —y que, dos años y medio más tarde, sigue empantanado en el Congreso—. Bonilla, economista de izquierda y reconocido académico que había manejado las finanzas de Bogotá cuando Petro fue alcalde de la capital, era visto como un fiel petrista. Velasco, un político tradicional que venía del ala más socialdemócrata del histórico Partido Liberal, señalaba el interés en mantener vigentes los puentes con los legisladores. Pero las mayorías se volvieron esquivas, especialmente en el Senado, y el presidente fincaba sus esperanzas de cumplir su promesa de cambio en ajustes legales que debían pasar por el Legislativo. La gran apuesta política pasaba por allí.

La decisión de la Fiscalía significa que en los próximos meses, mientras se definen estrategias electorales y se organizan debates entre candidatos, abogados y periodistas discutirán si el Gobierno pagó coimas a congresistas. En la más reciente encuesta electoral, del Centro Nacional de Consultoría, el 19,8% de los encuestados señala la corrupción como principal problema del país, solo superada por la inseguridad y muy por encima del desempleo, la salud o la pobreza. Las noticias del proceso afectarán en tiempo real la bandera de transparencia que enarboló la izquierda en 2022, tras años de oposición en los que participaron entre los denunciantes de múltiples escándalos de Gobiernos ubicados más a la derecha.

Colombia ya ha vivido casos similares, como la llamada yidispolítica hace 20 años, con Álvaro Uribe, o la mermelada de Juan Manuel Santos hace una década. Políticos de todo tipo de trayectorias y perfiles han sido señalados, acusados de apropiarse de dinero público —algo de lo que no sindica la Fiscalía a Bonilla ni a Velasco—, algunos condenados. Pero el caso de la UNGRD tiene el ingrediente adicional de afectar a un presidente elegido, entre otras cosas, y como él mismo lo indicó en su discurso de posesión, para cambiar la política colombiana. “Se acabaron los ‘no se puede’ y los ‘siempre fue así“, dijo entonces. El entramado de la UNGRD indica que, sin embargo, en algunas cosas sí sigue siendo así.