El sistema de salud colombiano se desmorona mientras Petro y la oposición se enfrascan en peleas por la reforma

El sistema de salud de Colombia padece desde hace meses una profunda crisis que ha afectado a millones de pacientes. Mientras tanto, el Gobierno de Gustavo Petro y las bancadas opositoras del Congreso de la República suman casi tres años enfrascados en peleas por la propuesta de reforma, sin llegar a acuerdos en los cambios que se requieren para impedir el colapso de la atención médica. Al contrario, cada día se intensifican los desencuentros, hasta el punto de que este fin de semana el presidente le solicitó al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, que denunciara penalmente a los ocho senadores de la Comisión Séptima que se oponen al proyecto de ley que busca transformar de raíz el sistema sanitario.

La orden de Petro se da después de que los legisladores, una mayoría de ocho entre los 14 miembros de la célula legislativa, decidieran por mayoría aplazar el debate del proyecto de ley hasta que se apruebe la reforma tributaria que ha anunciado el Gobierno y que se necesita para fondear el vacío con el que carga el presupuesto para 2026. Argumentan que la reforma no tiene el aval fiscal del Ministerio de Hacienda, un requisito para su discusión. En la práctica, la negativa es otra forma de una estrategia de dilación con la que han logrado frenar el proyecto. El ministro del Interior, Armando Benedetti, ha escalado el tono contra los congresistas en las últimas semanas y se sumó a los cuestionamientos de Petro. “Los denunciaré ante la Procuraduría y la Corte Suprema por quebrantar la Constitución y la ley quinta. No quieren trabajar. Quieren ir a hacer campaña y engañar a la gente otra vez”, escribió el jueves pasado.

Los senadores a quienes acusa el Gobierno son Honorio Henríquez y Alirio Barrera, del opositor Centro Democrático, partido liderado por el expresidente de derechas Álvaro Uribe Vélez; la conservadora y también opositora Nadia Blel; Miguel Ángel Pinto, del Liberal; Norma Hurtado, de La U; Ana Paola Agudelo, del Mira; y Lorena Ríos, del partido cristiano Colombia Justa y Libres. Pinto, presidente de la comisión y uno de los mayores críticos del proyecto, le ha respondido a Petro en X con tono desafiante: “Con respeto le hago una propuesta pública, invítenos a una de sus alocuciones televisivas, debatamos los 8 “avales” de MinHacienda con el último donde supeditan la reforma a la salud a una nueva ley de financiamiento. Que Colombia sepa quién miente. Nos avisa". La senadora Blel, por su parte, criticó la amenaza del presidente de emprender un “plan b” de movilizaciones, acciones legales y decretos, si no aprueban su reforma: “Se acabó este gobierno y el presidente nunca comprendió que el Congreso ejerce sus funciones con plena autonomía e independencia, sin subordinarse a los caprichos del Ejecutivo”.

En medio de esas discusiones, que parecen lejos de resolverse y que este martes tendrán un nuevo capítulo cuando la comisión sesione en el Congreso, la Defensoría del Pueblo publicó un informe que demuestra el agravamiento de la crisis del sistema de salud en los últimos meses. El documento, titulado Medicamentos inaccesibles, derechos vulnerados: un análisis con enfoque territorial en Colombia muestra un aumento de las tutelas por la vulneración del derecho a la salud del 34% entre enero de 2024 y julio de 2025, y un récord en las quejas de los ciudadanos ante la Superintendencia de Salud por el mal servicio, que suman 685.000 en lo que va de 2025, un 35% más que en el mismo periodo del año anterior. Además, muchas de esas tutelas ganadas por los usuarios no terminan en la prestación del servicio, sino en desacatos de las EPS o las clínicas, que van acumulando incumplimientos. La mayoría de reclamos se dan por retrasos y no entregas de medicamentos indispensables para el bienestar de millones de personas.

La crisis ha llevado a que las familias colombianas gasten cada vez más dinero en la compra de medicinas. La Defensoría reveló que un paciente que debe comprar su medicamento porque el sistema no se lo entregó, gasta en ello entre del 7% al 90% de sus ingresos mensuales, dependiendo de su nivel socioeconómico. Según el Sistema de Información de Medicamentos del Ministerio de Salud, entre 2022 y 2024 los medicamentos entregados por el canal institucional público se redujeron un 7%, mientras que las ventas privadas o comerciales crecieron 5%.

Estos hallazgos, amparados en múltiples encuestas y entrevistas, dan cuenta de un deterioro de los servicios que afecta más a los más pobres y a quienes viven en lejos de las grandes ciudades. “Este agravamiento está marcado por un incremento sostenido de barreras en el acceso y la disponibilidad de medicamentos en todo el país, sin distinción de tipo de afiliación y con un impacto más severo en poblaciones rurales, étnicas y con baja conectividad”, se lee en el estudio.

La defensora Iris Marin hizo énfasis en que un problema de vieja data ha empeorado en los últimos meses. “Se reconoce una causa estructural, consistente en la alta inequidad social y económica. Mientras la inequidad persista, será muy difícil lograr la prestación universal efectiva de los servicios de salud. A pesar de los avances en los indicadores de salud pública de los últimos 30 años en el sistema de salud colombiano, existe una clara inequidad en el acceso a la atención en salud, particularmente para la población rural y la de la periferia del país y de las grandes ciudades”.

El Ministerio de Salud respondió este lunes al informe de la Defensoría, con un comunicado de prensa en el que reconoce la magnitud del problema, pero no su responsabilidad. Con el documento llamado Enfrentamos la crisis, no la escondemos, el ministro Jaramillo insiste en que “la crisis estructural del sistema de salud se gestó durante más de tres décadas de abandono, concentración de poder y falta de transparencia en el manejo de los recursos públicos”. El ministerio enumera la acciones que ha hecho para intentar mejorar la entrega de medicamentos. “Este Gobierno rechaza las afirmaciones que pretenden mostrar una crisis fabricada. Los datos técnicos del Ministerio son contundentes: el sistema institucional sigue siendo el principal canal de suministro y, entre 2022 y 2024, aumentó la entrega de medicamentos de rango medio y alto costo, garantizando el acceso a tratamientos complejos que antes eran privilegio de pocos”.

El comunicado insiste en que la responsabilidad es de las farmacéuticas y de las EPS. “El aumento del gasto no obedece a fallas del Estado, sino a los sobrecostos impuestos por monopolios farmacéuticos y cadenas privadas que por años han especulado con la salud. Hoy el Estado enfrenta de frente esas distorsiones del mercado y protege a los pacientes, no a los intermediarios”. A su juicio, el informe confirma la necesidad de que el Congreso apruebe la reforma a la salud. “Es la evidencia de que la salud no puede seguir siendo un negocio, sino un derecho real para todos los colombianos”.

Por ahora, en lo único en que hay acuerdo entre el Gobierno, la oposición, los organismos de control, los gremios y las asociaciones de pacientes es en que la crisis empeora, y en que es urgente hacer algo para evitar el colapso del sistema.