El tráfico de cocaína en Colombia mueve tanto dinero como la industria de la construcción

Entre la fatiga causada por la noticia de la desertificación de Colombia por parte del Gobierno estadounidense —que retira al país de su lista preferencial de aliados en la lucha antidrogas— y el notable aumento confirmado en las áreas cultivadas con hoja de coca, la sociedad se halla en un estado de estupor. Ninguna fórmula parece funcionar en esta batalla crónica contra el narcotráfico. Ni el abordaje policivo militar de la derecha tradicional, ni el desordenado voluntarismo con el que inició la izquierda de Petro, han dado resultados.

En medio de este auge vertiginoso, el economista Daniel Mejía está próximo a publicar un estudio revelador que concluye que el tráfico de la cocaína genera ingresos promedio anuales por 15.300 millones de dólares en Colombia. Una cifra equivalente al 4,2% del PIB nacional y que equivale al valor de sectores legales de la economía como la construcción. Se entiende, desde esta perspectiva, la inquietud de varios analistas en un país donde la generación de riqueza, y la demanda privada, han estado engarzados de una forma u otra al espectro de la ilegalidad.

Los datos del Informe de Drogas de 2025, confeccionado por una división especializada de la ONU, evidencia que el área sembrada con hoja de coca aumentó de 230.000 hectáreas en 2022 a 253.000 en 2023. Colombia es, de acuerdo con los resultados, el principal productor global de esta planta, el principal insumo de la cocaína, con el 67,3% de la siembra total existente.

A pesar de décadas de políticas de control, fumigación aérea de cultivos ilícitos, erradicación manual, prohibición e incautación, o extradición de capos del narco, la superficie dedicada a esta planta se ha seguido extendiendo sin control año a año. Lo mismo ha pasado con la producción del alcaloide. Y, a pesar de que la parálisis en el comercio mundial debido a la pandemia supuso una pausa inédita, los índices se han vuelto a disparar.

Solo así se entiende el reciente cambio de rumbo en la política antinarcóticos del presidente Petro: inicialmente, planteó un enfoque basado en la reducción de daños, con menos énfasis en la erradicación y acciones militares. Sin embargo, hace pocos días y con la sombra de la desertificación de Washington a sus espaldas anunció la reactivación de la aspersión aérea con glifosato, una medida de improbable aplicación por el firme rechazo de la Corte Constitucional debido a sus potenciales impactos negativos en la salud de la población campesina y en el medio ambiente.

La investigación de Mejía refleja el aumento galopante en la producción potencial: “Los resultados se basan en la medición de la cocaína que logra salir del país. Y también se sustenta en los precios que los grupos criminales organizados consiguen en el Pacífico, la frontera con Ecuador y el Caribe”, señala el economista titular de la Universidad de los Andes.

Su trabajo le permite concluir que el número de incautaciones de droga, que el presidente Petro exhibió como una medalla este miércoles en su respuesta al Gobierno de Trump, se ha quedado rezagado frente a la potencia de los circuitos ilegales. Ante la renqueante estrategia de paz total del Gobierno, centrada en negociar una salida pacífica y simultánea con diversos grupos criminales, voces como la de Mejía han señalado que el resultado ha sido contraproducente. Las organizaciones violentas han retoñado y se han apoderado de más y más espacio en diversos municipios del mapa. Se han servido del repliegue militar para atenazar a la población civil con más extorsión, secuestros, y acciones armadas.

La presencia de bandas criminales como el poderoso Clan del Golfo, con el cual el Gobierno ha anunciado este jueves el inicio de una primera ronda de negociaciones en Catar, se ha expandido un 82% en los últimos cinco años, según las proyecciones del trabajo académico. Otros, como la guerrilla de raíz castrista del Ejército de Liberación Nacional (ELN) o las disidencias atomizadas de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), han incrementado su sombra de terror 65% y 141%, en ese orden. Por eso, diversos analistas han manifestado sus críticas contra un enfoque en las políticas de antinarcóticos que, a 10 meses del fin de cuatrienio presidencial, han potenciado estas sangrientas estructuras.

¿En qué sectores económicos se canalizan los flujos derivados de la cocaína? “Estos recursos entran y estimulan la demanda agregada. Se sabe que impulsan todo tipo de bienes y servicios, como el turismo y el sector de la construcción. En las ciudades intermedias uno ya ve unos patrones de consumo, con vehículos lujosos y restaurantes, de personas con mucho dinero y poca educación”, afirma Mejía. Se presiente el aroma del blanqueo de dinero de otros tiempos. Pero, de la misma forma, subraya que no es posible concluir que el PIB del país haya crecido gracias al narcotráfico.

“Estas son rentas que no generan capacidad productiva, como el café o la industria textil. Tampoco produce empleos formales, ni paga impuestos ni contribuye a la red de seguridad social. Por el contrario, genera grandes costos en seguridad, salud pública o atraso en infraestructura”, detalla el economista. El narcotráfico, además, deja un marco de empobrecimiento colectivo entre sectores del campesinado que se llevan apenas un 8% la parte más pequeña de la torta de ingresos en la cadena del narcotráfico. De acuerdo con los cálculos del autor, en 2013 la renta de la cocaína suponía un 1,4% del PIB. Para 2008 subió a 2,3%. Solo así se comprende la asimetría entre las estrecheces sociales de las zonas de cultivos cocaleros y la plenitud de un negocio que sigue su expansión como un monstruo que deja sangre y precariedad a su paso.