La defensa jurídica del Estado cambia su foco de los litigios económicos a los derechos humanos

La Agencia de Defensa Jurídica del Estado, la entidad que lleva los grandes litigios de la Nación, ha estado en el centro de la agenda mediática por el lío de la contratación de los pasaportes con Thomas Greg & Sons. Sin embargo, esta entidad ha virado sus esfuerzos de ese tipo de disputas al cumplimiento de una de las banderas de este Gobierno: la defensa de los derechos humanos. Los reconocimientos de perdón públicos que ha realizado el presidente Gustavo Petro y su presencia en actos de entrega de tierras a víctimas del conflicto, indígenas o campesinos, no son fortuitos. Como dijo el viernes pasado en un acto de entrega de tierras en el simbólico corregimiento de El Aro, lugar de una masacre paramilitar en 1997, “ahora el Estado no se coloca más del lado de los victimarios, sino al servicio de las víctimas”. Ese es un eje de su Gobierno que, a nivel jurídico, tiene ecos claros.

El director de la Agencia de Defensa Jurídica, César Palomino, le ha explicado a EL PAÍS que esa mirada ha cambiado la función principal de la entidad a su cargo, con unas prioridades que “responden a la visión que tiene el presidente de gobernar en el sentido de los derechos humanos y atendiendo a su Plan de Desarrollo”. El jurista chocoano explica que en otros gobiernos su estrategia ante el poderoso Sistema Interamericano de Derechos Humanos era acudir “a pleitear todo, a oponerse, a defenderse a como diera lugar”. Ahora, afirma, “la política de Gobierno es a ir a aceptar responsabilidades, no a revictimizar”. Además, dice que la instrucción del presidente —que fue beneficiado de una decisión de ese sistema cuando, siendo alcalde, el entonces procurador general lo suspendió de su cargo— es cumplir con las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que, según el director, “estaban represadas por alguna razón”.

Esa mirada se concreta en actos políticos, en acuerdos amistosos de quienes han litigado contra el Estado para que reconozca sus responsabilidades. Uno de los más emblemáticos ocurrirá el próximo 11 de octubre, cuando el presidente pida perdón por el exterminio de los integrantes del partido de izquierda Unión Patriótica. Se trata de una masiva violación a los derechos humanos por la que la Corte Interamericana condenó a Colombia tras 20 años de litigio. Esta administración ya ha priorizado otros casos, como el del joven Diego Felipe Becerra, asesinado en 2011 a manos de un policía tras verlo hacer un graffitti; el de la masacre de Segovia, en 1988; el de Raiza Isabela Salazar, una mujer trans violentada en 2001; o el icónico magnicidio de Guillermo Cano Isaza, director del diario El Espectador, por el que este gobierno asumió responsabilidad a nombre del Estado.

De acuerdo con el más reciente informe técnico de la agencia, a julio de este año, entre los sectores del Estado con más demandas está el de Defensa, detrás de Trabajo, Educación y Hacienda. Pero es de particular relevancia por su significado político, porque concentra casos de graves violaciones a los derechos humanos que Petro y la izquierda han denunciado por años, y porque suma pretensiones de indemnizaciones por 207,3 billones de pesos (unos 50.000 millones de dólares), casi la mitad del Presupuesto General de la Nación para el 2024. Palomino explica que, por su complejidad, la Agencia toma esos casos con pinzas, y también porque son los que más generan desencuentros al interior del Gobierno. Según el director, quien lleva tan solo un mes en un cargo que duró casi medio año en la interinidad, la mayoría de las peticiones de las víctimas por casos relacionados con derechos humanos incluyen pedidos de perdón por parte del Ministerio de Defensa, “y ellos son obstinados en no pedir perdón, ellos no aceptan esas responsabilidades fácilmente”.

Más allá del significado político, Palomino asegura que con esa estrategia se ahorra dinero de la Nación. Negociar directamente con los demandantes y evitar los pleitos, explica, permite no solo ahorrar en honorarios de abogados, sino pagar más pronto las indemnizaciones, y a valores alrededor de un 40% menores a los de una posible condena. En los dos años de gobierno de Gustavo Petro, el país ha logrado negociaciones de indemnizaciones por 12 billones (unos 3.000 millones de dólares) de pesos a las víctimas en casos de crímenes de lesa humanidad. “Impulsamos con fuerza el mecanismo de soluciones amistosas y mantenemos una actitud reflexiva para reconocer las violaciones ocasionadas, cuando sea necesario”, dice.

Ese funcionamiento de la Agencia de Defensa Jurídica ha levantado callos entre algunos de sus antiguos directores. Para el jurista Camilo Gómez, uno de ellos y experto en arbitramento, “el ejecutivo se raja en rigor jurídico y eso se reflejará en demandas que la Agencia enfrentará más adelante, como el famoso caso de los pasaportes o las medidas arbitrarias en temas de salud”. A juicio del antiguo candidato a la vicepresidencia por el Partido Conservador, durante los meses que la entidad estuvo en la interinidad, “se perdió el rigor técnico”, pero dice que espera que se recupere con Palomino al mando. Recuerda que la anterior directora, la penalista Martha Lucía Zamora, salió del cargo por petición del presidente en diciembre pasado, luego de que emitiera un concepto jurídico en el que advertía el alto riesgo de anular la licitación de los pasaportes, como había pedido Petro. Pese a la cercanía entre Zamora y el presidente, esa postura jurídica llevó a una ruptura.

En los más de seis meses sin director en propiedad, la Agencia acumuló retrasos en la gestión, según explica su nuevo director. Además de poner la entidad al día, sus prioridades están sincronizadas con las del presidente de la República. El 19 de julio pasado, por ejemplo, lideró en nombre del Gobierno un acto de perdón con familias víctimas de una masacre en el municipio de El Banco, Magdalena, en 1993. Algo similar a lo que hizo el presidente este jueves en una entrega de tierras de la icónica hacienda Las Pavas, al sur de Bolívar, cuando repitió la consigna: “La reconciliación consiste en eso, un Estado que se ponga al servicio de la gente que fue víctima”. Y también una orden: “un Estado que se ponga al servicio de la gente que fue víctima, esa es una orden del presidente”.

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