Petro cesa al secretario general de la Cancillería que concedió a Thomas Greg el contrato de los pasaportes

Justo cuando parecía que se había terminado el drama por la licitación de los pasaportes, este lunes se vivieron dos nuevos capítulos. Primero, el secretario general de la Cancillería, José Antonio Salazar, revocó la decisión de declarar desierta la licitación iniciada en 2023, que decretó el canciller Álvaro Leyva ―suspendido a finales de enero por la Procuraduría por esa actuación—. En consecuencia, le entregó el contrato valorado en 599.000 millones de pesos (unos 150 millones de dólares) a la empresa Thomas Greg & Sons. Es decir, hizo exactamente lo que el presidente no quería. Gustavo Petro no lo dejó pasar. El segundo capítulo fue la furia del mandatario, quien sacó al directivo de forma pública, vía X, en medio de fuertes acusaciones. “El secretario general de la Cancillería nos ha traicionado. Se firma su insubsistencia inmediata”, sentenció.

A continuación, repitió un mensaje que ha reiterado una y otra vez desde que empezó la disputa en septiembre pasado, cuando Leyva declaró desierto el proceso bajo el argumento de que podía haber irregularidades. “El contrato es corrupto y aquí está metida la capacidad de la empresa particular en todos los procesos de Thomas Greg & Sons y en la monopolización de todos los datos privados en una sola empresa privada”, escribió. “Toda la investigación penal debe desarrollarse”, concluyó.

Salazar, un político conservador que fue congresista por el Caquetá y el Amazonas, respondió rápido. En entrevista con Blu Radio dijo que la adjudicación que firmó él pocas horas antes se mantiene y explicó que las resoluciones ”son de vigencia inmediata y entraron en rigor desde el momento de su expedición”. Además, afirmó que no deja todavía de su cargo. “Sigo mientras me resuelvan el recurso de reposición”, aseguró, tras explicar que ejerció el derecho a oponerse a su salida del cargo por disposición presidencial. Minutos antes, argumentó en Noticias Caracol que su actuación cumple con las leyes colombianas: “Si es el resultado de cumplir estrictamente con la Constitución y la ley, me voy feliz. Después de hacer un estudio minucioso del tema de las normas constitucionales y de contratación estatal, encontré que no era viable mantener en vigencia la decisión del canciller Leyva”.

Según él, la decisión de darle el contrato a Thomas Greg & Sons, que ha fabricado los pasaportes de los colombianos desde 2007, no fue “arbitraria, tampoco unilateral”. “Fue el resultado de un proceso de licitación que se adelantó el año pasado y que fue evaluada por un comité técnico de profesionales, expertos abogados, economistas, financieros”, afirmó. Finalmente, dijo en Semana que en ningún momento le pidió su opinión al presidente Petro, al suspendido ministro Leyva ni al interino, Luis Gilberto Murillo: “No lo consulté sino con mi conciencia”.

La postura de Salazar, un abogado de la universidad de Caldas y hermano del exmagistrado de la Corte Suprema Ariel Salazar, es la misma que sostuvo Martha Lucía Zamora, la abogada designada por Petro en la cabeza de la poderosa Agencia de Defensa Jurídica del Estado. Zamora se opuso a la decisión de Leyva de declarar desierta la licitación, justamente recordando que el comité de evaluación había validado la oferta de Thomas Greg & Sons e invalidado otras, y que ninguna norma permite declarar desierta una licitación cuando solo queda un proponente habilitado. Esto suscitó un choque con el canciller de dimensiones tales que terminó con el presidente intercediendo: sacó del Gobierno a la abogada a inicios de diciembre pasado.

La decisión de Salazar, quien fue nombrado en un cargo de alta confianza por el propio Leyva, parece dar por terminado un largo y dramático proceso. Todo empezó en mayo pasado. Entonces, cuatro meses antes de que caducara el anterior contrato de Thomas Greg & Sons y el Gobierno, el Ministerio de Relaciones Exteriores abrió un nuevo proceso de licitación para elegir la próxima compañía que proveería el servicio. Once empresas se presentaron, incluidas una alianza colombo-lusa entre Cadena y la Casa de la Moneda de Portugal, la alemana Veridos o la francesa IN Groupe. Sin embargo, el Ministerio recibió más de 400 quejas de los proponentes, que, entre otras, argumentaban que el plazo de solicitudes era demasiado corto y favorecía al entonces contratista ―anteriormente habían pedido que el proceso se abriera con seis meses de antelación―. Thomas Greg & Sons fue la única que cumplió con los requerimientos, y quedó como único proponente habilitado.

Ante eso, el presidente Petro argumentó que en su mandato no se entregarán licitaciones cuando haya un solo proponente habilitado, a pesar de que la ley permite esas situaciones. “Todo funcionario tiene mi mensaje. No se trata de suspender licitaciones buscando que el tiempo nos acorrale para escoger al único proponente. Las licitaciones con un proponente se declaran desiertas y se inicia de nuevo el proceso quitando las fallas que impiden la competencia”, explicó en X. En junio, el canciller Leyva suspendió temporalmente el proceso licitatorio y prorrogó temporalmente el contrato vigente con Thomas Greg & Sons: una previa de lo que se venía.

La decisión de la Cancillería desató un caos en el servicio de expedición de pasaportes. Miles de ciudadanos preocupados ante la posibilidad de no poder obtener sus documentos se quejaron públicamente, e imágenes de extensas colas frente a instalaciones oficiales se volvieron frecuentes en los noticieros y las redes sociales. El Estado tenía que actuar.

El 14 de septiembre, la Cancillería declaró el estado de urgencia manifiesta, una figura jurídica que permite contratar de forma directa e inmediata a una empresa proveedora para garantizar la continuidad de un servicio esencial para la sociedad. Este recurso aseguró la expedición de pasaportes y evitó la interrupción del servicio. Unas semanas después, a principios de octubre, la Cancillería le dio una prórroga de un año a Thomas Greg & Sons. El acuerdo permitió que la multinacional siguiera siendo la encargada de la impresión de documentos oficiales hasta octubre de 2024. El Ministerio también anunció que abriría una nueva convocatoria “de manera inmediata”. No ocurrió.

Tras un intento fracasado de una conciliación, iniciado en octubre, la empresa anunció en diciembre que iba a demandar al Estado. Reclamaba 117.000 millones de pesos (unos 30 millones de dólares) como compensación; dinero que nunca recibió. Un mes después, la Procuraduría suspendió a Leyva por tres meses y la Cancillería anunció la apertura de nuevo de la licitación.

Al final, Thomas Greg & Sons se quedó con el contrato. Petro, por más enojado que esté, no ha desmentido esa información. Queda por verse cómo saldrá el recurso de reposición de Salazar. En medio de todo el drama de este lunes, antes de que se conociera que Thomas Greg & Sons se había ganado el contrato, el canciller Leyva le pidió a la Procuraduría que levantara su suspensión. Según él y su abogado, no tiene justificación.

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