El museo móvil que promueve la paz de Colombia en zonas marcadas por la guerra
La Defensoría del Pueblo he llevado su exhibición itinerante de derechos humanos a Antioquia, Chocó y Meta, departamentos asolados por el conflicto armado. Más de 6.000 personas la han visitado
Andrés Felipe Ardila tenía cuatro años cuando la guerra en Colombia lo convirtió en desplazado. Ahora, a los 27, lucha para que su historia familiar deje de repetirse. Con sopas de letras en pantallas táctiles y mapas interactivos, da lecciones sobre los derechos humanos y cómo defenderlos. “La educación es el principio del cambio”, sostiene el aspirante a abogado mientras camina con una docena de niños por un salón de la biblioteca Germán Arciniegas, en la ciudad de Villavicencio.
El recinto alberga, temporalmente, el primer museo itinerante de derechos humanos en Colombia. Un espacio de la Defensoría del Pueblo que ha pasado por los departamentos de Antioquia y Chocó, y que, según el defensor delegado para los grupos étnicos, Julio Balanta, pretende que muchas personas se conviertan en “embajadores y promotores de los derechos humanos”.
La tarea empieza con los mediadores del museo, como Ardila. Son jóvenes entre los 18 y 30 años, vinculados a trabajos sociales, a quienes la Defensoría capacita para guiar los recorridos de la exposición. La financiación corre por cuenta del Banco Interamericano de Desarrollo, que busca ayudar a la Defensoría a atender a las comunidades más necesitadas. El museo, que inauguró el entonces defensor Carlos Camargo en Bogotá, en septiembre de 2023, desde abril de 2024 comenzó a desplazarse en camión hacia otras regiones del país.
En el mes que ha pasado la exposición en Antioquia, el Pacífico y los Llanos orientales, más de 6.000 jóvenes han sido formados para servir de apoyo en sus comunidades. La metodología es lo más novedoso, pues se centra en ser lúdica. “De donde yo vengo, mucha gente no sabe que tiene derechos”, lamenta Ingrid Roca, mediadora del museo en Villavicencio y originaria de Mapiripán, un pueblo del Meta que en 1997 vivió una de las más sangrientas masacres de los paramilitares, que dejó alrededor de 49 muertos y el desplazamiento de más de 500 familias.
Ante la crueldad de ese pasado, el único presente posible es el cambio. Al igual que Ardila, Roca cree que la educación es un buen pilar para trasformar la violencia y cambiar las creencias en su región y en toda Colombia. “La información que compartimos aquí le da herramientas a la gente para defenderse y ayudar a otros”, señala la mujer de 29 años, tras realizar un juego con estudiantes de sexto grado, en el que les ha explicado para qué sirven una acción de tutela, una acción popular o un habeas corpus.
Lo hizo mediante una actividad con un tablero interactivo que empareja por colores los conceptos con sus definiciones. Es un recurso tecnológico posible gracias a la curaduría realizada por Maloka, el primer museo interactivo de Colombia, ubicado en Bogotá. La intención es llevar una experiencia sorprendente para territorios en los que rara vez se puede disfrutar de cualquier tipo de museo.
“Nos sentimos privilegiados porque en nuestro diario vivir no teníamos espacios así”, comenta Lanny Rojas sobre su experiencia como mediadora en Quibdó, donde el museo estuvo durante el mes de mayo. Personas como ella, Roca y Ardila, explican a los visitantes las luchas de personajes internacionales, como Malala, Martin Luther King o Nelson Mandela, para defender a sus pueblos.
Estos jóvenes, por medio de juegos, enseñan a estudiantes de escuelas las bases de los derechos fundamentales y la historia del Estado Social de Derecho en Colombia. Son mediadores que comparten los mecanismos de protección que se pueden usar: enseñan a una madre sobre el derecho al descanso, a un anciano el proceso de un derecho de petición, a un niño la sentencia que convirtió al Río Atrato en un sujeto de derechos, o a cualquier ciudadano las situaciones en las que pueden ampararse de la Defensoría del Pueblo para exigir justicia. Sobre todo en esos territorios en los que más se vulneran los derechos.
No es coincidencia que el museo empezara su andadura en abril en Caucasia, Antioquia, en una zona asolada por el crimen organizado y la minería ilegal. Tampoco es extraño que en mayo se trasladara a Quibdó, capital del departamento del Chocó, en el que, según la Defensoría, más de 14.000 personas de 71 comunidades han sido confinadas en sus territorios por grupos armados en lo que va de 2024. Y menos que este mes se exhiba en el Meta, una región marcada por la barbarie de grupos como las extintas Autodefensas Unidas de Colombia. Según el defensor Balanta, ni siquiera la capital del departamento se libra del recrudecimiento de la violencia en el país. “En Villavicencio hay una expansión desmesurada de las disidencias de las FARC”, sentencia.
El funcionario espera que en lo que resta de 2024 el museo pueda trasladarse a zonas críticas del conflicto como Cauca, Arauca y Nariño. Además, los habitantes de Bogotá pueden disfrutar, de forma permanente, de gran parte de la exhibición en la sede de la Defensoría del Pueblo de la capital. Incluso si la exhibición no pudiese llegar a lugares como Cauca, el mensaje de protección de Derechos Humanos podría resultar pertinente en cualquiera de los 430 municipios que actualmente la Defensoría tiene fichados bajo amenazas de conflicto en el país. Una realidad que, según el Defensor del Pueblo, necesita ser atendida con más que pedagogía.
“El panorama de orden público en el país es crítico. Estamos reclamando mucha más presencia del Estado en el territorio para que se pueda vivir en paz”, advierte Balanta, con un tono de urgencia. Al igual que él, Juan Kamilo Martínez, de 12 años, tiene una sugerencia que hacerle a Colombia después de una breve lección de Derechos Humanos: “Todos tenemos que respetar y respetarnos para dejar de cometer los mismos errores”, señala el preadolescente desde una biblioteca en el centro del país.
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