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El expresidente Álvaro Uribe tras ser llamado a juicio: “Me abren las puertas de la cárcel sin pruebas”

El exmandatario colombiano publicó un video en el que cuestiona la independencia de la Fiscalía y de la Corte Suprema, y dice que su caso legal ha sido motivado por “venganzas políticas”

Álvaro Uribe
El expresidente Álvaro Uribe Vélez en una rueda de prensa en Bogotá, en noviembre de 2023.Carlos Ortega (EFE)
Emma Jaramillo Bernat

Con un video publicado con el escueto título de ‘Llamamiento a juicio’, el expresidente Álvaro Uribe respondió, a través de sus redes sociales, a la decisión de la Fiscalía de llamarlo a juicio por fraude procesal y soborno a testigos. Durante poco más de 21 minutos, quien fuera el gobernante de los colombianos entre 2002 y 2010, hizo un repaso cronológico del proceso en su contra y reiteró sus argumentos de defensa. Uribe considera que la decisión del ente judicial —que desde hace un mes es presidido por una nueva fiscal, Luz Adriana Camargo— obedece a motivaciones políticas y ha sido impulsado por personas que le tienen “animadversión”.

El primer argumento del exmandatario es que dos fiscales anteriores, con quienes dice no haber tenido ninguna relación a lo largo de su vida, y “ambos de larga carrera judicial”, no encontraron mérito para acusarlo por el caso conocido como ‘los falsos testigos’. De hecho, en las últimas administraciones, en cabeza de Néstor Humberto Martínez y luego de Francisco Barbosa, el ente judicial solicitó en múltiples ocasiones que el caso se cerrara, o precluyera, pues consideraba que no había suficientes pruebas. No obstante, ninguno de los jueces de circuito a los cuales se les hizo la petición decidieron cerrar el caso legal: ellos sí vieron suficiente evidencia para continuar.

“Este juicio lo adelantan por presunciones políticas, por animadversiones personales, por venganzas políticas, sin pruebas que permitan inferir que yo buscaba sobornar testigos o engañar a la justicia”, dice Uribe. El caso del expresidente está hoy en manos de la Fiscalía, pero quien primero lo abrió, en 2018, fue la Corte Suprema. Por eso Uribe, en el video, ataca el origen mismo del proceso. Menciona a los magistrados José Luis Barceló, Luis Antonio Hernández y Fernando Castro Caballero, y alega que estos les negaron a sus abogados la existencia del proceso, no le permitieron dar una versión libre y ventilaron detalles del proceso en los medios de comunicación.

“Los tres magistrados que adelantaron el proceso contra mí, participaron en la elección de los magistrados que me pusieron preso”, sostiene el expresidente. En 2020, la Corte pidió la detención preventiva para Uribe. Ese año, él decidió renunciar al Senado y su proceso legal pasó a manos de la Fiscalía, que estaba a cargo Francisco Barbosa, quien era cercano al entonces presidente Iván Duque, más próximo al uribismo.

Pero el fiscal Barbosa eventualmente tenía que irse. Uribe también señala que el magistrado Hernández “fue promotor de la elección de la nueva fiscal”, Luz Adriana Camargo, quien llegó a su cargo hace un mes y ahora llama al expresidente a juicio. Son los magistrados de la Corte Suprema quienes por ley siempre eligen al fiscal de entre una terna de candidatos presentada por el presidente.

Uribe cuestiona a la nueva fiscal por haber trabajado junto al hoy ministro de Defensa, Iván Velásquez, en la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Velásquez fue magistrado auxiliar de la Corte Suprema hace dos décadas y es recordado por sus investigaciones sobre la parapolítica, como se conoce a las alianzas entre paramilitares y políticos, varios de estos del uribismo. Mario Uribe, exsenador y primo del exmandatario, fue uno de los condenados por estos vínculos. “Para nadie es un secreto la animadversión del señor ministro para con mi familia y para conmigo”, añade el expresidente.

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Una década de acusaciones mutuas

El caso de los falsos testigos se remonta a hace diez años, y con el tiempo se ha convertido en un tema enrevesado, en el que salen a relucir nombres de abogados, de exparamilitares, extradiciones, visitas a cárceles y acusaciones de soborno. Inicia en el 2014, cuando el senador Iván Cepeda cita a un debate sobre el surgimiento del paramilitarismo en Antioquia en los años noventa; en él, acusa al expresidente de haber mantenido vínculos con estos grupos.

A lo largo de su carrera, Uribe ha dedicado grandes esfuerzos a defenderse de estas acusaciones. Reaccionó denunciando a Cepeda ante la Corte Suprema de Justicia y la Procuraduría; lo señalaba de hacer recorridos por las cárceles para conseguir y organizar falsos testimonios en su contra. Pero a lo largo del proceso fueron apareciendo versiones que apuntaban a que, por el contrario, era Diego Cadena, uno de los abogados del expresidente, quien buscaba manipular testigos ofreciendo dinero para que salpicaran al representante de izquierda. Uribe es enfático en defender su inocencia: “No hay una sola prueba que pueda invocarse para indicar que la iniciativa fue mía, directamente o indirectamente, a través del doctor Cadena”. Y añade: “Jamás inicié, ni concebí, ni ordené ofrecer beneficios a presos, menos para que callaran o mintieran”.

En el video publicado este miércoles sale a relucir el tema de las visitas a cárceles donde estaban detenidos antiguos jefes paramilitares. El expresidente asegura que Cepeda y la fallecida política Piedad Córdoba se encontraron con excomandantes en una cárcel de Estados Unidos para buscar recaudar pruebas en contra de él y de su hermano, Santiago Uribe, y dice que a cambio les ofrecieron beneficios judiciales. Cita una información que dice haber recibido por parte de su exministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, preso por un caso de corrupción conocido como Agro Ingreso Seguro.

Uribe sostiene que, de acuerdo con información entregada por Arias, en la cárcel en la que él se encontraba le comentaron que el caso contra su hermano Santiago “era una venganza por la extradición”. La oposición -hoy en el Gobierno-, en cambio, ha mantenido la teoría de que las extradiciones de exparamilitares durante el gobierno Uribe se debieron a un esfuerzo de este por callar dichos vínculos. El reciente regreso del excomandante paramilitar Salvatore Mancuso a Colombia ha vuelto a centrar la atención sobre este asunto.

El exmandatario ha dicho en reiteradas ocasiones que no conoce a Mancuso, y aprovecha este video para aclarar que tampoco ha visto a Juan Carlos Sierra, alias el tuso, quien ha afirmado que su extradición en 2008 fue un movimiento para que no revelara las conexiones entre los paramilitares, las Fuerzas Militares y la élite colombiana. Uribe, en su discurso, apunta a otra teoría: “Esta manipulación en contra de mi persona da señales de hacer parte de la motivación para un acuerdo de paz total o para una ley de punto final. Entonces, que le perdonen a los delincuentes, como lo hicieron con la FARC, y lo justifiquen con la ficción de perdonar a quienes no hemos delinquido. Con todo esto, coincide la traída de Mancuso, a quien yo extradité”. Tanto Mancuso como las FARC, últimamente y en distintos escenarios, han hablado de un posible tribunal de cierre del conflicto.

“Después de las dos solicitudes fallidas de preclusión, todas las nuevas pruebas practicadas me favorecen. Sin embargo, las desestimaron”, dice Uribe, y concluye: “Me acusan. Me abren las puertas de la cárcel sin prueba, con las pruebas al contrario, por suposiciones, ánimos políticos y la necesidad de igualar a quien no ha delinquido con quien lo ha hecho”.

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Emma Jaramillo Bernat
Es periodista de la edición de El PAÍS en Colombia. Ha trabajado en 'El Tiempo', como editora web, y en la Agencia Anadolu, de Turquía, como jefe de corresponsales para Latinoamérica. Graduada de Comunicación Social de la Universidad Javeriana de Bogotá y máster en Creación Literaria de la Universitat Pompeu Fabra.
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